En diciembre de 1975, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, anunció un inminente “proceso de purificación”. Después del golpe de Estado, advirtió que “los principios que rigen la conducta del general (Jorge) Videla son los de la moral cristiana”. Cuando el país era un gran campo de concentración, defendió la tortura ante sus pares con argumentos de teólogos medievales. Murió impune en 1986. En las últimas semanas, su nombre resurgió con fuerza en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad: sobrevivientes de centros clandestinos de Entre Ríos relataron que el entonces arzobispo de Paraná recibió a personas secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio, vio cuerpos deshechos por la tortura y predicó el “por algo será” ante hombres que horas después desaparecieron para siempre.

El paso cansino de los procesos reabiertos hace un lustro, sumado al largo cuarto de siglo de impunidad plena que lo precedió, deriva en situaciones insólitas. Víctimas del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos y hasta periodistas de Entre Ríos vivieron con euforia, como si se tratara de un verdadero juicio, una de las primeras etapas de la causa con mayor cantidad de víctimas de la dictadura en Paraná: la de las declaraciones testimoniales, el relato de los padecimientos en cautiverio en manos de militares y policías aún libres y sin castigo.

“Son las primeras testimoniales desde la reapertura de la causa en 2004 y después de treinta años de haber sufrido desapariciones, cárcel y consejos de guerra lo estamos viviendo como si hubiera llegado el momento del juicio y castigo”, admite Alicia Dasso, testigo y miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader). “Estamos empeñados en demostrar que el terrorismo de Estado fue para todo un pueblo. Como querellantes y como organismos, tratamos de estar en la calle porque, para peor, el proceso se rige por código viejo, es totalmente cerrado”, lamenta. La causa se conoce como Area Paraná, está a cargo de la jueza subrogante Myriam Stella Gallizi y estuvo paralizada durante casi cuatro años por planteos dilatorios de los imputados.

Las audiencias a puertas cerradas, que se revertirían en la etapa final tal como ocurrió en Capital Federal con los jefes del Batallón de Inteligencia 601, se tradujeron cada jueves del último mes en actividades artísticas organizadas por Hijos regional Paraná para celebrar las audiencias y repudiar su publicidad acotada. También el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde ofician de docentes varios testigos de la causa, resolvió acompañarlos públicamente.

La causa concentra secuestros, torturas y homicidios en la subzona 22, que incluyó centros de detención en el escuadrón de Comunicaciones de la Brigada de Caballería Blindada II, en cercanías de la Base Aérea y en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario provincial, todas en Paraná. Entre la docena de imputados se destacan el general Juan Carlos Trimarco, ex comandante de la Brigada, y el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, el socio del estudio jurídico de Jorge Olivera que faxeó a Italia la partida de defunción falsa de Marie Anne Erize para lograr la liberación de su amigo, detenido por segunda vez el mes pasado.

De los testimonios difundidos por Afader, Hijos y la Asociación de ex Presos y Exiliados Políticos “La Solapa” queda claro que el rol de Tortolo es equiparable al de los principales acusados. Un testigo relató:

–Recuerdo una noche de tortura, que fue corta. Me llevaron a los calabozos y sentí muchas voces en el trayecto. Era algo normal (...) Vi cómo sacaban a un muchacho que estaba a la izquierda de mi calabozo. A los 15 o 20 minutos lo trajeron y le pregunté: “¿Qué pasa que hay tanto revuelo, para qué te sacaron?”. “Vino Tortolo a verme. Y le pregunté: ‘¿Vos denunciaste lo que está pasando acá?’ Me respondió que no, me dijo solamente: ‘Si estás acá, por algo será’.” Al día siguiente el muchacho desapareció.

Tres testigos contaron que el arzobispo los visitó en la cárcel y dio misa el 24 de diciembre de 1976. “Fue humorístico porque dijo ‘a los comunes me los sentás de este lado, a los subversivos de este otro’”, relató uno. “Le decían lo que pasaba y él se tapaba los ojos”, confió otro. “Dijo que, si alguien deseaba hablar con él, podía hacerlo. Yo le conté lo que sucedía y le pregunté por qué mataban gente. Tortolo me dijo: ‘Si ellos matan gente, las armas están bendecidas. Ustedes matan con armas sin bendecir’. Le aclaré que no había matado a nadie y me dio dos cachetadas porque no había dicho la verdad. Si alguien recibía una cachetada, era porque había dicho la verdad”, agregó el tercero.

“A Coco Erbetta lo llevaron una noche, estando en Comunicaciones, a hablar con monseñor Tortolo a la residencia del arzobispo, en el Parque Urquiza. Estuvo varias horas con él. Coco le comentó la situación de todos los detenidos (...) Esa misma noche lo llevaron y nunca más volvió. Tipo 6 de la mañana vi pasar una camilla con un cuerpo ensangrentado, tapado con una sábana blanca. Había médicos y supuse que era el cuerpo de Erbetta”, declaró un sobreviviente. Victorio José Erbetta fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y visto por última vez siete días después, en el Escuadrón de Comunicaciones. En cautiverio, le contó a un ex compañero de secundario que tenía esperanzas de salir vivo con la ayuda de la Iglesia, ya que había militado en la Acción Católica.

La muerte le evitó a Tortolo tener que seguir los pasos de Cristian von Wernich, pero no un final acorde a su obra. Según los seminaristas de Paraná que lo cuidaron durante el largo deterioro de su mente, entrevistados por Emilio Mignone para su libro Iglesia y Dictadura, hasta el final el ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina deliraba a los gritos que su madre estaba desaparecida.