Mañana a las diez, en el subsuelo de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar por la apropiación y supresión de la identidad de un hijo de desaparecidos a Víctor Enrique Rei, comandante principal retirado de Gendarmería de 68 años, preso en el penal de Marcos Paz. Pese a que los exámenes genéticos demostraron que el joven bautizado con el nombre de Alejandro es hijo de los entrerrianos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre (FR17) secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino Club Atlético, el oficial de inteligencia Rei nunca lo admitió ante la Justicia. Tampoco su esposa, Alicia Beatriz Arteach, que no será juzgada porque fue declarada insana. Será el primer juicio por apropiación a un gendarme y el primero con muestras genéticas obtenidas mediante un allanamiento judicial. También será el primer proceso por delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado a cargo de un tribunal porteño distinto del TOF-5 y, por ende, el primero en el que fotógrafos y camarógrafos podrán trabajar sin obstáculos.

Rei se retiró en 1990 luego de una extensa carrera. A comienzos de los ’70 participó en cursos de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas y se convirtió en miembro honorario del Ejército de los Estados Unidos. A partir de 1973 fue jefe de inteligencia de la Agrupación Formosa. Cuando se produjo el golpe de Estado seguía en ese destino aunque deambulaba por el país en comisiones. En 1975 participó del Operativo Independencia en Tucumán bajo el mando del general Adel Vilas y retornó al año a acatar órdenes de Antonio Bussi. En 1977 fue subjefe de inteligencia de Gendarmería a nivel nacional. Según su legajo, en 1978 fue destinado al Escuadrón Concepción del Uruguay. Sin embargo, la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes probó que ese mismo año participó de secuestros e interrogatorios en Campo de Mayo, como adscripto al comando del Primer Cuerpo de Ejército. Por su actuación en el mayor centro clandestino del país lo recordó hace una década el sargento Víctor Ibáñez, que describió el funcionamiento de Campo de Mayo ante el periodista Fernando Almirón.

Pedro Sandoval nació en Nogoyá. Liliana Fontana, en Viale, ambos en Entre Ríos. En 1977 él tenía 33 años y ella 20. A partir de septiembre de 1976 una patota de civil se instaló en la casa de los padres de Sandoval, responsable del FP17. Los secuestraron el 1º de julio de 1977 a las nueve de la noche en casa de los padres de Liliana, en Caseros. Ella estaba embarazada de dos meses y medio. Ambos fueron llevados al Club Atlético, donde transcurrieron sus últimos meses. Pedro fue trasladado en noviembre. Liliana estuvo allí hasta el 26 de diciembre. Se la llevaron sola, según el recuerdo de los sobrevivientes. Fue el Turco Julián quien difundió la noticia del nacimiento. “¿Te acordás de la rubita? Tuvo un varón”, contó.

El cardiólogo partero

La partida de nacimiento del joven robado lleva la firma de Julio César Cáceres Monié, cardiólogo del Ejército, ya fallecido, que rubricó varios certificados falsos de hijos de desaparecidos. El documento está fechado el 5 de abril de 1978 en una supuesta dependencia del Hospital Militar Central, en calle Báez 840, que nunca existió. A partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, la jueza federal María Servini de Cubría constató que tampoco existían registros del parto en el Hospital Militar. Las mujeres que dieron a luz ese día no recordaban al matrimonio ni al médico.

El 17 de mayo de 2004 Rei se convirtió en el primer gendarme detenido por la apropiación de un hijo de desaparecidos. Durante la indagatoria aseguró que Alejandro era su hijo biológico. Dijo ignorar cuál era la especialidad de Cáceres Monié pero aseguró que el médico militar había atendido a su mujer en el sector de obstetricia del Hospital Militar. Las historias clínicas que aportó la obra social ratificaron que el parto no había existido. Rei entregó fotos de su esposa con panza y otras con un bebé de varios meses en brazos, pero no pudo probar el embarazo ni el nacimiento. Quienes investigaron el caso a fondo no descartan que haya participado del secuestro de los padres del joven que crió como propio.

Alejandro, que en 2004 tenía 26 años, se negó a someterse a un estudio genético para conocer su identidad. Un año antes, en el caso Evelyn Vázquez, la Corte Suprema de Justicia había resuelto que la extracción compulsiva de sangre afectaba derechos personalísimos de la víctima. Servini ordenó entonces allanar el domicilio en busca de objetos con material genético. El 14 de julio de 2006 el análisis de ADN realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Alejandro era hijo de Pedro y Liliana. Fue la segunda identidad esclarecida con métodos alternativos a la extracción de sangre. La primera fue la de Natalia Suárez Nelson, robada por el tanguero Omar Alonso, a quien ahora querella.

El 24 de mayo de 2007, luego de tres años con prisión preventiva servido por subordinados en la Agrupación Buenos Aires de su propia fuerza, el inefable TOF-5 ordenó liberar a Rei y a la semana se declaró incompetente. La liberación se frustró por la apelación de Abuelas y del fiscal Félix Crous. Ambos explicaron que la demora era producto de los tiempos de la propia Justicia, que Rei había intentado obstruir el proceso al impugnar el análisis de ADN argumentando que el cepillo de dientes era suyo pese a que al momento del allanamiento llevaba meses detenido, y que liberar a un oficial de inteligencia con la apropiación confirmada era invitarlo a fugarse. La Sala IV de Casación le envió una cédula a Abuelas informando que un planteo anterior de Rei era abstracto porque se había “confirmado” la liberación dispuesta por el TOF-5, que nadie había notificado. Cuando los abogados fueron a verificarlo les explicaron que se trataba de un “error administrativo”. La falsa alarma concluyó con la renuncia del secretario Daniel Madrid, allegado al militante Alfredo Bisordi, y con una denuncia penal que archivó el juez federal Ariel Lijo.

Luego de que jueces subrogantes de la Sala IV rechazaran la liberación y con fecha de inicio de audiencias confirmada para el 2 de junio pasado, el joven solicitó una nueva pericia que obligó a postergar el juicio. El abogado de Rei volvió a pedir la excarcelación pero, a diferencia del tribunal presidido por Guillermo Gordo, el TOF-6 la rechazó, ordenó el cese de los privilegios en la prisión VIP de Gendarmería y el traslado de Rei al penal de Marcos Paz. Con menos presiones, Alejandro se presentó ante el tribunal, desistió de su pedido y se fijó nueva fecha de largada.

Los cargos que enfrenta Rei son retención y ocultación de un menor de diez años, supresión de identidad y falsificación de documento público. El tribunal lo integran María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. La secretaria Adriana Palliotti leerá mañana la elevación a juicio. La acusación pública estará a cargo del fiscal Martín Niklison y la privada de los abogados de Abuelas, Alan Iud y Luciano Hazán. Las audiencias se desarrollarán los lunes y viernes. A diferencia del TOF-5, el tribunal que preside Roqueta autorizó el ingreso de reporteros gráficos durante la audiencia inicial, alegatos y sentencia, tal como sugirió la Corte Suprema de Justicia en su acordada de octubre pasado. El viernes comenzarán a declarar los primeros de los 53 testigos. A un promedio de siete u ocho por audiencia, las testimoniales no deberían durar más de un mes. La defensa del apropiador estará a cargo de Alejandro María Macedo Rumi, el mismo que en 2008, como abogado del capitán Enrique Berthier, invocó al dictador Jorge Rafael Videla para afirmar que “el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido”.