Con la lectura de la acusación y planteos dilatorios de la defensa, comenzó ayer el juicio oral y público a Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería imputado por la apropiación y supresión de la identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. El abogado Alejandro María Macedo Rumi –que el año pasado invocó al dictador Jorge Rafael Videla para afirmar que “el desaparecido es una incógnita, no está ni vivo ni muerto, es un de-saparecido”– solicitó la nulidad del juicio con el argumento de que su cliente no fue indagado ni procesado por el caso específico de la pareja de entrerrianos. Pese a que tal situación es pública e inevitable, ya que Abuelas de Plaza de Mayo y la propia Justicia avanzan contra los ladrones de criaturas mucho antes de que los exámenes genéticos confirmen quiénes son los verdaderos padres, el Tribunal Oral Federal 6 dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes para responderle.

Por primera vez en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Capital Federal, un fotógrafo –en este caso de Página/12– ingresó a la sala y retrató al imputado sin que ningún secretario se abalanzara sobre su cámara. El salto cualitativo en términos de publicidad de actos públicos que implica la autorización del TOF-6 incluyó paneos de todos los protagonistas de la audiencia, incluido el apropiador. Para que se cumpliera con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de octubre pasado sólo faltó que se autorizara el ingreso a la sala de los canales interesados, como TN, Crónica y Canal 7, que ayer debieron conformarse con la señal de circuito cerrado.

Preso en Marcos Paz desde el año pasado, Rei ingresó a la sala a las 10.48, esposado. De camisa y chaleco verde gendarme, el oficial de inteligencia le dio un beso a su pintoresco abogado y extrajo de una bolsa de nylon papeles, carpetas y catorce biromes para tomar nota. Por orden de la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, sus secretarias leyeron entonces los requerimientos de elevación –primero el de Abuelas, luego el del fiscal Horacio Comparatore– y, tras un cuarto intermedio, a pedido de Macedo Rumi, el texto completo del auto de elevación a juicio.

El imputado declaró una y otra vez que Alejandro, como lo rebautizó, es su hijo biológico y nació en el Hospital Militar Cosme Argerich. Según la partida de nacimiento que aportó a la causa, el parto se produjo en la calle Báez 840, el 5 de abril de 1978, y ofició de partero el médico militar Julio César Cáceres Monié. Pero demasiados puntos no cierran. La calle Báez termina al 800. Cáceres Monié es cardiólogo, trabajó en el Argerich hasta diciembre de 1977 y en su vida atendió un parto. Sí firmó actas de nacimiento falsas a favor de otros apropiadores, como los de Victoria Poblete y María Eugenia Sampallo Barragán. En el Hospital Militar no hay registros de ingreso ni historia clínica del bebé ni de la supuesta madre, Alicia Beatriz Arteach, que no es juzgada sólo porque fue declarada insana. Rei se olvidó además de tramitar la asignación prenatal.

Con ese cúmulo de pruebas, la jueza federal María Servini de Cubría lo procesó en 2004 por retención y ocultación de un menor de diez años, supresión de identidad y falsificación de documento público. Recién en julio de 2006, el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que su ADN era compatible en un 99,9999996 por ciento con el de Pedro y Liliana, secuestrados el 1º de julio de 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino Club Atlético. A fines de ese año, tras la elevación a juicio, el promisorio Macedo Rumi pidió la nulidad con el argumento de que el informe de compatibilidad era “más que dudoso” (sic), que “no se encuentra probada la desaparición” de las víctimas y tampoco “la relación (de la pareja) con mi defendido”.

Lo tercero es cierto y tal vez sólo Rei puede contarlo, aunque es improbable que le convenga hacerlo, más aún ante el tribunal que lo juzga. Quienes investigaron el caso a fondo no descartan que haya participado del secuestro de los padres del joven que crió como propio. A Liliana la sacaron del Club Atlético el 26 de diciembre de 1977, ya para dar a luz. Diez días antes, Rei había sido destinado a la Dirección de Inteligencia de Gendarmería. En ese destino formal, como adscripto al comando del Primer Cuerpo de Ejército, participó de secuestros e interrogatorios en Campo de Mayo, tal como probó la Cámara Federal porteña en el juicio a los ex comandantes. En el Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó una de las mayores maternidades clandestinas de la última dictadura.

A fines de 2004, luego de seis meses detenido, y tras “una profunda reflexión”, la única idea que se le ocurrió fue definirse como un “preso político” víctima de una persecución con “el único fin de percibir indemnizaciones”. “Puede ser cierto que se hizo desaparecer” personas, admitió, pero la “causa política” en su contra es “igual o más grave”, dijo. El viernes se sabrá si durante los últimos cuatro años de reflexión se le ocurrió alguna estrategia de defensa digna de un oficial de inteligencia.