En agosto de 2005, agentes de la Policía Federal allanaron la casa del joven apropiado por el oficial de inteligencia Víctor Rei en busca de objetos con rastros de ADN de Alejandro, como lo rebautizó. La jueza federal María Servini de Cubría detectó “llamativas circunstancias” y ordenó no peritar el material secuestrado. El mes pasado, durante una audiencia del juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, los testigos del procedimiento confesaron que trabajaban con Alejandro en la panadería del suegro, que fueron “todos juntos” a la casa y que no ingresaron a la habitación ni al baño para controlar qué se llevaban. Agregaron que fueron a ratificar el testimonio a Comodoro Py con Alejando y su mujer, quienes “hablaron con una persona” mientras ellos esperaban “en el pasillo”, y no recordaron haber respondido preguntas. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Martín Niklison detallaron las irregularidades durante el alegato, en el que pidieron 25 años de prisión, y solicitaron al tribunal que ordene investigar las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta y el escaso esmero de los empleados judiciales para controlar la legalidad del procedimiento.

Rei fue detenido el 17 de mayo de 2004 por orden de Servini. Declaró que Alejandro era su hijo biológico y había nacido en el Hospital Militar el 5 de abril de 1978. No convenció: el acta de nacimiento ubica el parto en calle Báez 840, que nunca existió, y lleva la firma de Julio César Cáceres Monié, un cardiólogo que trabajó en el Argerich hasta 1977 y firmó partidas falsas de otros hijos de desaparecidos. Servini procesó a Rei por robar y ocultar a un menor, suprimir su identidad y falsificar documentos públicos, y lo envió al mismo edificio de Campo de Mayo donde interrogaba hace tres décadas.

El joven se negó a realizarse un estudio genético. Como la Corte Suprema de Justicia había resuelto que la extracción compulsiva de sangre afectaba derechos personalísimos, Servini ordenó allanar su domicilio en busca de muestras de ADN. Según el acta de Porcel, del departamento Seguridad de Estado de la Policía Federal, el 9 de agosto de 2005 a media mañana se presentó con dos testigos en la casa y tocó la campana de la puerta. Los atendió la mujer, Tamara Villar, que según el acta estaba sola. Le leyeron la orden de allanar e ingresaron, con los testigos, al dormitorio y al baño. Se llevaron una sábana ajustable, dos fundas, un cepillo de dientes y un peine que, según le indicó la joven, pertenecían a Alejandro. Porcel dio por terminada su tarea cuando se comunicó con Adolfo Piendibene, secretario de Derechos Humanos del juzgado.

Dos semanas después, citados a Comodoro Py, los testigos ratificaron la versión. Nadie les preguntó dónde los convocó la policía ni cómo llegaron a la casa. Al día siguiente, Porcel reiteró su relato y fue Alejandro Ladra, perito del laboratorio químico de la Federal, quien aportó el primer dato de valor. “La señora dijo ‘los esperé ayer’, lo que nos pareció raro”, dijo. Servini puso en duda “la idoneidad del material secuestrado”, no sólo por la falta de espontaneidad del operativo. Apuntó que no se realizó a la hora indicada, que era llamativa la cama sin sábanas y que los objetos fueran seleccionados por la dueña de casa, y resolvió no peritarlos. Así concluyó la primera parte de la historia. En 2006, en base a un allanamiento posterior, el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,99 por ciento con el de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana.

La gauchada

En la audiencia del 6 de marzo, los abogados de Abuelas confirmaron sus sospechas. El oficial Porcel, actual subcomisario de Campana, repitió su relato. “Mintió en forma descarada”, sostuvo Luciano Hazán, abogado del organismo. Ladra reveló otro dato que Porcel no consignó: Alejandro presenció el allanamiento. Pero fueron los dos testigos quienes, sobrepasados por la situación, contaron toda la verdad. Ambos trabajaban con Alejandro en la panadería del suegro. “Fue una gauchada. Me lo pidió mi jefe, Alberto Villar”, declaró Gustavo Martín. Contó que “la policía fue primero a la panadería” y desde allí “salimos todos juntos”. Admitió que estaba “muy asustado”. En el mismo auto, con el visto bueno de Porcel, viajaron el joven apropiado, su pareja y los compañeros-testigos. Dijo que no ingresó a la habitación ni al baño donde se secuestraron sábanas, peine y cepillo. Alfredo Albornoz, que es analfabeto, lo ratificó. Agregó que a la casa “llegamos nosotros y luego los otros” (los policías), y que Alejandro les abrió la puerta.

La última etapa de las irregularidades tuvo lugar en tribunales. Los testigos contaron ante el TOF-6 que llegaron a Comodoro Py en auto con Alejandro y Tamara. “Ellos hablaron con una persona y yo estaba sentado en una silla, en el pasillo”, declaró Albornoz. Reconoció su firma, pero no recordó que le hayan leído el acta, ni formulado preguntas. Las declaraciones de los panaderos –paradójicamente ofrecidos por Alejandro Macedo Rumi, defensor de Rei– llevan las firmas de Servini y del secretario Fernando Moras Mom, aunque los testigos no recordaban su notoria barba.

“Los hechos dejaron al descubierto la complicidad con la dictadura que pervive en sectores de las fuerzas de seguridad y la Justicia”, afirmó Hazán ante el TOF-6. “Desde que existe la posibilidad de obtener muestras de ADN de objetos personales hubo varios allanamientos frustrados, pero es el primero en el que las irregularidades están probadas”, agregó ante Página/12.

La denuncia recién podrá investigarse después del 17 de abril, día de la sentencia y última oportunidad del represor para contar ante el tribunal el único interrogante que no se develó durante el juicio: cómo llegó a sus manos el niño. En 1978, Rei estaba destinado en Campo de Mayo, sede de la mayor maternidad clandestina del Ejército, pero no es el único conducto posible. Su hermano Bernardino Agustín Rei era comandante de Gendarmería y estaba comisionado en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Su suegro, comisario Oscar Hugo Arteach, integraba la Policía Federal, la principal fuerza que operaba en El Atlético, de donde Liliana fue sacada a fines de diciembre de 1977 para tener a su hijo.