“Si se quiere arriesgar, pase”, le dice un policía de San Isidro al remisero que intenta llevar a Página/12 hasta el ya famoso muro de San Isidro, o lo que queda de él. El remisero sonríe y acepta el supuesto desafío. Conoce la zona porque solía llevar hasta el cercano y coqueto barrio de La Horqueta a quien podría ser un impulsor de esta insólita medida de seguridad: el gerente de una multinacional. Sobre la calle Uruguay, epicentro de una decisión rechazada por políticos de todos los partidos incluida la Presidenta, sólo quedan cinco pilares de cemento llenos de grafittis, como el muro de Berlín. El más visible dice “somos iguales”, pero hay otro que parafrasea una consigna feminista: “Ningún chico nace delincuente”. Los vecinos de San Fernando se sienten discriminados por la iniciativa del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien pese a la polémica ratificó su iniciativa. “Es un soberbio”, se oyó decir a una de las tantas doñas que ayer protestaban sobre el boulevard.

Más temprano, un grupo de vecinos del Barrio Jardín volteó uno a uno los tubos de acero que sirven para unir los bloques de cemento y hermanar las rejas. La policía, con ayuda de la Guardia de Infantería, defendió lo que quedaba de esa instalación hecha durante la mañana del martes. Posse insistió en que esto “no es contra los vecinos de San Fernando ni del municipio, ya que somos amigos”, sino que apunta a “hacer interrupciones de los corredores” utilizados por los delincuentes para escaparse de la policía.

Ahora, el panorama es incierto. Los vecinos no se van porque temen que los operarios vuelvan, los operarios se llevan las máquinas como gesto de buena voluntad pero nadie les cree. Hay un amparo en la Justicia, presentado por la intendencia de San Fernando y la promesa del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, de que las obras se detendrán hasta el lunes. En la calle Uruguay suenan bombos y se alzan banderas de algunos grupos militantes, dos señoras se acercan para contar sus penas.

“Todos pedimos más seguridad, pero no esto. Esto es una falta de respeto”, dice una, con su hijo en brazos. La otra jura que no fueron los 33 frentistas que viven del otro lado de la calle los que pidieron el muro, como asegura el intendente. “Hace 48 años que vivo acá y sé que fueron los de La Horqueta y la gente de los countries, que se creen mejor que nosotros”, comenta. La primera se llama Mónica Quiroga, la segunda Mirta Lenciza. Ambas cuentan que la idea de separar el barrio les complicaría su ya complicada existencia porque el jardín de infantes donde van sus chicos queda “del otro lado”, por ejemplo. También el supermercado y otros comercios, además de su trabajo.

Una tercera doña se suma a la charla al grito de “Posse es comunista”. Luego explica que es porque levantó un muro, como hicieran los rusos en Berlín. Se llama Blanca Barragán y conoce algunos de esos 33 frentistas, supuestos beneficiarios de la idea de Posse. “En ningún momento estuvieron de acuerdo, esto empezó porque mataron a un rugbier ¿y sabés donde vivía? En La Horqueta”, se contesta Barragán. El hombre se llamaba Jerónimo García Lanza y fue apuñalado en ese barrio durante un asalto a mediados de febrero pasado.

Lenciza comenta que en Barrio Jardín hay delincuentes y gente trabajadora, “como en todas partes”. A ella nunca le robaron. La diferencia entre un lado y otro de la calle Uruguay no es mucha, “ellos tienen más calles asfaltadas, a nosotros nos están poniendo las cloacas y a ellos también, lo que nos está faltando es el gas”. En ambos lados de la calle Uruguay predominan las casas de ladrillo hueco con techos de chapa. La señora está indignada porque tiene familia en San Isidro y ayer circuló la versión de que en los puestos de cruce se iba a pedir documentos. “Ahora resulta que tengo que pedir permiso para ir a visitar a mi nieto. ¡Estamos todos locos!”.

Por la concentración de vecinos andan dirigentes de varios movimientos sociales. Uno de ellos, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de San Fernando, Leonardo Leiva, comparó la iniciativa de Posse con el muro levantado por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México. “Esta no es la forma de resolver la inseguridad, pero el tema no da para filosofar o hacer análisis, es simplemente algo rejodido”, dice el dirigente. “Estoy seguro de que si Posse viviera acá –agrega–, estaría tan espantado como los vecinos. Eso es lo que falta, que los políticos estén en el lugar antes de hacer algo así”.

Otro dirigente, del Movimiento Evita de San Fernando, ve en la medida decretada por el intendente de San Isidro el principio de algo más grande, más peligroso. “¿Quién te dice que no van a seguir amurallando otros lugares, como las villas? Lo que quieren es encerrar a los pobres”, sugiere Cristian Vega también cree que si se desaloja la calle, la cuadrilla va a volver para terminar el trabajo. “¿Me querés decir qué hacen esos policías vigilando el muro? Por qué no se van a patrullar”, dice el joven. Difícil que lo escuchen porque algunos uniformados, los más cautelosos, se taparon los oídos con algodón para soportar el sonido de bombos y redoblantes.

En las calles laterales, los chicos juegan arriba de los bloques de cemento de 10 centímetros apilados junto a bolsas de arena. Se tiran piedras pequeñas, mientras los adultos discuten cosas serias. Una maestra llamada Vanesa Zaffaroni (se presenta como sobrina nieta del juez) cuenta que los chicos de su clase estaban alterados por el tema: “Se sentían perseguidos”. Otro de los problemas de dividir, resalta, es que la gente de San Isidro suele usar un centro de salud que está en San Fernando. “Es un territorio común”, dice Zaffaroni.

Se acerca la noche y los vecinos planean quedarse pese al frío. Un funcionario charla con los representantes del barrio, pero no tiene éxito, hay mucha bronca. Más allá de que se haga o no el mentado muro de tres cuadras, el daño está hecho. El funcionario es Diego Herrera, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando y habla sin vueltas: “Uno intenta buscarle algún tipo de razonamiento a la idea, algún argumento, pero no hay caso. Es una locura”.

Del amparo presentado ante la Justicia dependerá el cese de las obras. En ese texto se denuncia la violación al derecho de libre circulación, ya que “en nombre de la ‘seguridad’ se margina y divide a un único barrio convirtiendo a los vecinos de San Fernando en ‘sospechosos’”. Otro tramo, el más duro, considera que la obra ordenada por Posse es “digna de la época más oscura del proceso militar”. ¿Será justicia?