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El fiscal federal Félix Crous denunció a trece represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por secuestros, torturas, homicidios y apropiación de un inmueble durante la última dictadura militar. La presentación surge del testimonio de Víctor Basterra ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad. Esta es la tercera causa penal por violaciones a los derechos humanos que inicia Crous a partir de las audiencias en las que se intenta establecer el destino de los desaparecidos de la ciudad de La Plata. El caso involucra al capitán de fragata Adolfo Donda Tigel, que según consta en la denuncia “se desempeñaría como jefe de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza”.
Basterra estuvo secuestrado en la ESMA entre el 10 de agosto de 1979 y el 2 de diciembre de 1983, aunque siguió bajo “libertad vigilada” hasta agosto de 1984. Durante su cautiverio fue obligado a confeccionar documentos falsos para los militares y policías. El hombre aprovechó la función que estaba forzado a realizar y guardó fotos de represores y detenidos, que logró sacar del centro clandestino de detención cuando fue liberado. Esas imágenes constituyen un valioso testimonio que Basterra aportó el 28 de agosto pasado a la Cámara de La Plata, como lo hizo en todos los tribunales en los que fue citado desde que recuperó su libertad. “Estos son los responsables de la desaparición de tantos compañeros. Estos son sus rostros. Son como asesinos seriales, mataron a miles de personas. Me gustaría que esta Cámara tome el compromiso de que esto no quede en un mero anecdotario”, afirmó.
La semana pasada Crous denunció a trece represores mencionados por Basterra, entre ellos a Donda Tigel, quien fue jefe de Operaciones en la ESMA; el suboficial de la Prefectura Juan Antonio Azic, el marino Fernando Enrique Peyón; los policías federales Claudio Pitana y Roberto González y a un suboficial del Servicio Penitenciario Federal conocido como Beto Noya.
El ex policía Juan Antonio “Colores” Del Cerro –preso por apropiación de Claudia Poblete– es otro de los acusados. “Mirame, porque yo soy el que te va a matar en la calle”, le dijo ese represor a Basterra un día que levantó la capucha que cubría el rostro del detenido. “Era el que me había estado dando máquina todo el día anterior. Lo reconocí por las manchas de las manos”, aseguró Basterra.
La denuncia del fiscal incluye también la apropiación de la casa de Basterra en Valentín Alsina, delito no amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “En julio de 1980 o 1981, Donda Tigel y Juan Antonio Azic fueron a mi casa, se llevaron a mi madre a una escribanía diciéndole que era para acelerar los trámites de mi liberación. Le hicieron firmar un poder especial y se quedaron con mi casa. Sé que quedó a nombre de un tal Molinari, que era auditor de la Prefectura Naval. Pero la causa `se perdió` en el juzgado y quedó ahí”, relató el sobreviviente.
La denuncia quedó a cargo del juez federal porteño Jorge Ballestero y se convirtió en la tercera causa por violaciones a los derechos humanos que inició Crous a partir de los testimonios del Juicio por la Verdad de La Plata. La semana pasada, el fiscal hizo una presentación contra el directorio del empresa Ford por las desapariciones de veinticinco obreros durante la última dictadura. Y –además de numerosas denuncias por falso testimonio– también abrió una investigación por los secuestros de Daniel Favero y María Paula Alvarez. Por ese caso reclamó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la detención de cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.