Un pedido de juicio académico contra el profesor de la Facultad de Derecho y abogado de represores Alfredo Solari acaba de ser elevado al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. El docente había sido denunciado por el alumno Martín Gerónimo Gianella por “su reivindicación inobjetable de la última dictadura militar”. En esos términos describió la conducta en el aula del titular de la cátedra de Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Este caso actualizó otro parecido, el de la profesora adjunta de la materia Derechos Humanos, Marta María Pastor, contra quien el 6 de mayo de 2005 se había solicitado el mismo procedimiento porque justificó el terrorismo de Estado (ver aparte). En aquel momento la denuncia del estudiante Damián Odetti terminó archivada. Gianella dice ahora que solicitará su reapertura.

Atilio Alterini, decano de Derecho, elevó el 16 de junio el pedido de juicio académico contra Solari que se había tratado sobre tablas en el Consejo Directivo de la Facultad a principios del mismo mes. A esa instancia se llegó luego de que el alumno ratificara y ampliara las pruebas aportadas en una carta presentada el 13 de marzo –que Página/12 reprodujo tres días después– y de que el profesor respondiera la vista de la Facultad con un texto en el que, básicamente, se aferró a la “libertad de cátedra”, cuestionó a la Universidad del ’73 y confesó que jamás interfirieron en sus enseñanzas las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla.

De los escritos de Gianella y Solari se desprende una polémica que continuó con la designación de veedores en las clases del profesor que es abogado del represor Ricardo Miguel Cavallo y escribe en la revista Cabildo. El estudiante sostiene en su denuncia que “la acusación concisa, clara y categórica que se le realiza al doctor Alfredo Solari, consiste en su violación de la ética universitaria que mantiene los valores democráticos y republicanos, a través de su reivindicación inobjetable de la última dictadura militar, y del papel –positivo– que, según el mismo, tuvieron las Fuerzas Armadas en la vida política y jurídica de nuestro país durante los años más oscuros de nuestra historia”.

En su descargo de 34 carillas que redactó el 22 de abril, Solari reseña que lleva 37 años dando clases en la Facultad de Derecho, donde comenzó como ayudante alumno en la cátedra de Derecho Constitucional Argentino y Comparado 1 que tenía a su cargo Jorge Aja Espil, embajador argentino en Estados Unidos durante la dictadura, entre 1976 y 1981. Además explica que “es absolutamente cierto, y públicamente notorio, que el que suscribe es crítico permanente de la llamada ‘política de derechos humanos’ de las administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner, por reputar a la misma como una lisa y llana persecución política que nuestra Constitución no tolera. Dicha persecución está fundada en un notorio falseamiento de la Constitución y de la Historia”.

Gianella le reprocha al profesor que en su clase dijera: “El gobierno de facto de 1976 salvó al partido peronista, impotente absolutamente para responder al fenómeno terrorista”. Sobre este comentario, el estudiante se interroga en la denuncia si “¿no es ésta acaso, una afirmación de contenido apologético en relación al Terrorismo de Estado implementado entre los años 19761983?”. Solari admite aquella caracterización de la dictadura y se apoya –entre otros argumentos– en que “tengo asimismo testimonios vertidos directamente al suscripto por protagonistas civiles y militares de la época, que corroboran plenamente lo anterior, y la colaboración oculta del peronismo en el poder para lisa y llanamente entregar el gobierno a las FF.AA.”.

El punto más álgido del contrapunto entre el estudiante y el profesor lo describe el primero en su denuncia: “Señala el Dr. Solari que jamás le he preguntado acerca de si le parecía correcto que los militares hayan desaparecido a 30.000 personas en nuestro país. Dicho hecho quedará acreditado con la declaración testimonial de los testigos ofrecidos. De todos modos, el Dr. Solari afirma a fojas 26 que de lo contrario me hubiera respondido ‘que no es ese el número que surge del informe de la Conadep’. Pues bien, si esa hubiera sido su contestación, aún así seguiría sin dar respuesta a mi pregunta, que evadió en primer término en la clase y vuelve a evadirla ahora en su descargo. No le he preguntado el número de desaparecidos ni me interesa hacerlo, le he preguntado si le parece correcto con que a esas personas las hayan desaparecido. Posiblemente no se atreva a dar una respuesta en forma expresa”.

Solari niega haber sido consultado sobre el tema. Como niega conocer a los editores de la revista Cabildo y compartir su ideario. “Soy agnóstico”, sostiene y aclara que “si algún artículo público del suscripto la revista ha difundido, corre por su cuenta, pero no ha sido una colaboración del que suscribe”. En la línea siguiente se contradice: “Y en todo caso, si así hubiera sido, también viene protegida por las recordadas libertades”.

El columnista del pasquín de ultraderecha dedica un extenso tramo de su descargo a denostar los dos primeros gobiernos peronistas del 45 al 55, a cuestionar lo que sucedió en la Facultad de Derecho en 1973 y a sostener que ejerció la docencia durante las dictaduras de Onganía y Videla “sin que ninguno de esos gobiernos (muchos de cuyos agentes de inteligencia concurrían a clase para controlar, siendo fácilmente detectables) jamás hubiera interferido en las enseñanzas que el suscripto impartía o las opiniones que vertía”. Y eso que, como él mismo comenta en su descargo, explicaba en la bolilla 19 de una materia temas conflictivos para la época: materialismo histórico, materialismo dialéctico y leninismo.

Con el pedido de juicio académico ya elevado al Consejo Superior de la UBA, se abre la última instancia de un proceso en el que Solari vio desestimadas sus aspiraciones: que no se considerara la denuncia de su ex alumno (Gianella abandonó su materia a la tercera clase) y que se dejara sin efecto la veeduría. Sucedió todo lo contrario por la movilización de un grupo de alumnos de Derecho. Su remoción como profesor de Garantías Constitucionales en el Proceso Penal podría definirse dentro de dos meses.