A media tarde parecía que nada había cambiado. Era la primera vez que la empresa y los delegados de Kraft se veían las caras, pero hubo pocas nueces. Pasadas las 20, la CGT anunció su respaldo al reclamo de los trabajadores despedidos y el Ministerio de Trabajo resolvió intimar a la multinacional para que reincorpore a los representantes gremiales y les permita el ingreso a la planta de Pacheco, “con asistencia de la fuerza pública si fuere necesario”. Ramón Bogado, de la comisión interna, valoró el gesto de los popes cegetistas, al tiempo que insistió en la recuperación de los puestos de “todos los despedidos y suspendidos”. Se refería a un miembro de la comisión interna que tiene una resolución judicial en contra y al cuerpo de delegados del turno noche, que constituye el 90 por ciento de los despedidos. Fue el final de una jornada en la que la empresa dijo que reincorporaría a otros 20 empleados, los delegados lo rechazaron y se movilizaron junto a organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos hacia Plaza de Mayo (ver aparte). Hoy a las 9 decidirán en asamblea “los pasos a seguir”, mientras la Policía Bonaerense deberá repartirse entre “custodiar” la planta y escoltar a los representantes gremiales para que puedan ejercer sus funciones sindicales en la fábrica.

La expectativa estaba centrada en la reunión que duró 45 minutos en el piso 18 del Ministerio de Trabajo, pero las fichas se movieron más tarde por afuera. Al mismo tiempo que los manifestantes que apoyan a los despedidos de Kraft tiraban pintura contra la sede de la Unión Industrial, en Avenida de Mayo, y los delegados hacían declaraciones frente a la sede del gremio de los camioneros, la cartera que conduce Carlos Tomada resolvía “hacer lugar a lo solicitado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación” en cuanto “garantizar el ingreso de los delegados sindicales suspendidos al establecimiento de Kraft Foods Argentina para ejercer sus funciones sindicales, en los términos y efectos del artículo 30 del decreto 467 reglamentario de la ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales)”. Para ello solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que “haga efectiva la ejecución del acto con la asistencia de la fuerza pública si fuere necesario”. Los colaboradores de Tomada explicaron que “es una decisión administrativa, más allá de la instancia judicial”. Página/12 quiso saber si influyó en la decisión el apoyo cegetista a los trabajadores de la ex Terrabusi. “Estamos cansados de este incumplimiento, intensificamos la presión”, explicaron. Esa presión es el sumario contra la empresa, que sigue impidiendo el acceso de los delegados a la planta y que podría derivar en una multa de 13 millones de pesos.

Sin embargo, los delegados encendieron un alerta al conocer un párrafo de la resolución ministerial según el cual la intimación “comprenderá a los representantes sindicales que no se encuentren impedidos de ingresar al establecimiento por orden judicial expresa y hasta tanto se resuelva su situación definitiva”. Javier Hermosilla, delegado de la comisión interna, tiene una medida cautelar en su contra por la que no puede trabajar aunque la Justicia no le impidió entrar a la planta, según precisó su abogado, Mariano Pedrero. “La empresa afirmó en Tribunales que quiere eliminar 750 puestos de trabajo, lo que es coherente con su plan de implementar el ‘turno americano’ (12 horas), es decir, hacer desaparecer el turno noche, por eso la enorme mayoría de los trabajadores y delegados despedidos fueron de ese turno”, aclaró Pedrero. “Hoy el 90 por ciento de los delegados de sector de la noche están afuera y Kraft dice ‘casualmente’ que el único miembro de la comisión interna impedido de ingresar por orden judicial es Javier Hermosilla, del turno noche, lo cual no es cierto, ninguna orden le impide el ingreso para ejercer sus tareas gremiales, sería un acto inconstitucional. Por eso el ministerio deberá garantizar hoy que entre junto al resto de los delegados”, agregó. La empresa dijo en un comunicado que la Justicia laboral hizo lugar a una medida cautelar para que Hermosilla permanezca fuera de la empresa mientras se sustancie su juicio de desafuero, lo cual fue desmentido por su abogado.

El nuevo cuerpo de delegados que fue elegido por sectores en marzo está reconocido por el estatuto sindical y por el convenio de la alimentación, pero no así por el gremio de Rodolfo Daer y la empresa. “Aunque no compartimos la metodología de la comisión interna de Kraft, ambos luchamos por la reincorporación de los compañeros despedidos”, dijo ayer Daer antes de que la CGT saliera a respaldarlos. El Ministerio de Trabajo dice que los reconoce pero los delegados afirman que no es así.

“Seguimos avanzando, hay 20 personas más adentro, y aunque se vayan enojados por primera vez la empresa y los trabajadores se sentaron en la misma mesa, sin gritos ni insultos”, dijo una fuente del ministerio que conduce Tomada. Estas 20 reincorporaciones se suman a las 30 de la semana pasada, aunque esta vez no hubo un listado de nombres ni mayores precisiones sobre el criterio de selección. Restan aún 72 operarios que siguen despedidos y suspendidos. Luego de la tercera reunión entre las partes, los funcionarios mostraron como otro avance el compromiso de la empresa de no apelar si la Justicia decide confirmar los fueros de los delegados. “La empresa aceptará la decisión judicial que surja de los procesos actualmente en trámite”, dijo Kraft sobre los pedidos de desafuero que sembró en cinco juzgados laborales diferentes. Más tarde Tomada consideraría este avance insuficiente, y fue por más.

En el breve encuentro de la tarde en el ministerio hubo momentos de tensión. Ante la denuncia de los delegados sobre la policía que volvió a recorrer las líneas de producción en la planta de Pacheco los representantes de la empresa Sergio Prendone y Horacio Martínez dijeron que ellos no deciden qué hacen o dejan de hacer los uniformados, lo cual fue leído por los delegados como un reconocimiento de la presencia policial. Desde el ministerio sostienen que van a enviar inspectores a los tres turnos “en forma permanente”, aunque hasta ahora no constataron lo que dicen los trabajadores. “Es que sacan a la policía cuando llegan los inspectores”, expresó Oscar Coria, delegado despedido. Otro momento de miradas esquivas fue cuando Bogado, María Rosario y Hermosilla contaron qué sucede por estas horas adentro de la fábrica de galletitas y golosinas: la comisión interna no cobró su salario, no entregan los recibos de sueldo, a los suspendidos reincorporados los cambiaron de categoría y están aplicando un nuevo régimen por el cual, entre otras normas, no se pueden juntar más de dos personas. “Los directivos no respondieron, anotaron, y dijeron que responderían el viernes”, comentó a Página/12 uno de los participantes de la reunión.

El conflicto que fue ganando apoyos e incrementando la preocupación institucional, incluso de la Embajada de los Estados Unidos, estalló con el despido de 162 trabajadores y trabajadoras el 18 de agosto, “con causa” según la empresa, por haber hecho un “paro ilegal” en reclamo de medidas contra la gripe A, en julio.