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La aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se logró congregando abrumadoras mayorías cuantitativas y cualitativas. Las amplias votaciones en las cámaras provienen de un espectro que incluye al oficialismo y a vastos sectores de la oposición. El socialismo, Proyecto Sur y el partido de Martín Sabbatella incidieron decisivamente en el resultado y en el texto definitivo. Representan millones de votantes no kirchneristas, lo que desbarata el argumento del “setenta por ciento” en contra. El socialismo, que mostró coherencia ideológica sin concesiones, se sometió a otro veredicto electoral en medio de esta disputa y fue convalidado por el pueblo de su provincia.

Al kirchnerismo le cabe el mérito de liderar este cambio auspicioso, de ser el primer gobierno que consigue llegar al recinto con la ley y también el de saber escuchar e incluir a otros actores.

Los partidos opositores imaginaron que se repetiría el escenario de la Resolución 125. Pero sobraron las diferencias: no hubo acá sujeto social activo que les hiciera pata ni movilizaciones masivas a su favor. Toda la raigambre social se asentó en la otra vereda. Tampoco se reiteró la cerrazón del oficialismo.

Ese archipiélago opositor careció de reflejos. Sigue envuelto en su interna irresuelta y ha aceptado que las corporaciones (que no brillan por su ductilidad en la arena democrática) sean su conducción política. En tributo a ese seguidismo sus desmanejos tácticos fueron patentes. Creyeron que la ley no recalaría en el Congreso, en Diputados jugaron todas sus cartas a construir los reclamos judiciales de las corporaciones. Renunciaron a debatir y se mutilaron la oportunidad de agregar más reformas, que tenían al alcance de la mano. Los senadores dejaron de lado la sobreactuación pero no la repararon.

Superados por goleada, recayeron en una pésima costumbre: despreciar al otro, sindicar a quien piensa distinto de corrupto o ignorante. Calificaron así a intelectuales, a casi todos los constructores de los Veintiún puntos, a académicos, a trabajadores de la cultura afamados o casi anónimos, a luchadores sociales o de radios comunitarias. La oligarquía, se chimenta, no existe más pero vaya si sobreviven las concepciones aristocratizantes que degradan al que piensa diferente. En este caso no se embanderaron tras un ideario chavista, sino en una venerable brega de actores progresistas y democráticos, que tiene un cuarto de siglo de vida.

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Ningún derecho constitucional es absoluto. Los de los concesionarios de bienes del dominio público están sometidos a reglas especialmente estrictas. El licenciatario que incurre en prácticas monopólicas u oligopólicas o en abusos de posición dominante no tiene derecho a invocar “derechos adquiridos”.

A su turno, el derecho ciudadano a la información es algo más denso que la “libertad” del consumidor. La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras. Tiene dos facetas y no sólo la pasiva del espectador: poder acceder a información plural y ser emisor. Poseer un medio de comunicación, así sea de poco alcance, es una forma de poder social, sustraído a casi todos los argentinos. Habilitarles esa herramienta les da una oportunidad para defender sus ideas, valores e intereses que no se subsumen en las invocaciones banales a “la gente”.

Una desviación recurrente de los legisladores oficialistas fue centrar sus alocuciones en la manipulación o en las deformaciones informativas. No es ése el nodo, sino ampliar el conjunto de voces y garantizar un espectro no monopólico. Quien informa, forzosamente, edita: jerarquiza hechos, valores, los connota, les da un sentido particular. La objetividad no existe (cree el cronista), sí el derecho a procurarse data confiable comparando propuestas diferentes.

Los medios dominantes tienen su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la de la democracia donde todos valen uno.

Las personas de a pie son los grandes sujetos del derecho a la información, no los medios ni los periodistas ni los dirigentes, en cuanto tales. Una ciudadanía plena incluye el derecho a ser, aun con pocas fichas, banca y no solo punto en ese juego.

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El paradigma vigente hasta ayer derivaba más de la reforma menemista que de la “ley de la dictadura”. Abandonaba la regulación de un recurso colectivo, una misión sustancial del Estado. Daba rienda suelta a los licenciatarios, beneficiados entre gallos y medianoche. El Estado no se retiró sino que actuó de referí bombero, que siempre sirvió al bando de los poderes fácticos.

Se alegó que la Constitución veda que haya leyes federales sobre la materia. Es una pobre extrapolación de una cláusula referida a la prensa escrita. Desde hace décadas, la Corte Suprema acepta que es válido que se legisle a nivel nacional actividades que, por naturaleza, se extienden en todo el territorio nacional. El joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el punto en su blog Saber Derecho. Además, si los objetores a esta norma “unitaria” fueran consistentes deberían haber corrido ipso pucho a Tribunales para pedir la nulidad de las actuales concesiones, derivadas de dos normas nacionales, la dictatorial y la de Emergencia Económica menemista. Si la adjudicación unitaria es nula, los actuales licenciatarios carecen de derechos.

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El Gobierno operó para sumar adhesiones, también lo hizo la oposición. El doble standard predomina también para analizar esas peripecias. Al oficialismo se le atribuyen trapisondas y malas artes. Sus competidores, suponen algunos, son carmelitas descalzas. Hummm. La realidad es más compleja. El Chueco Juan Carlos Mazzón y Kirchner trabajaron full time. A su frente, José Luis Manzano se aposentó en el Hotel Savoy y fatigó despachos senatoriales. Enrique Nosiglia no necesitó mudarse para hacer lo mismo.

Directivos que manejan la caja de varios multimedios rondaron también. Daniel Vila, uno de ellos, no desechó otros métodos: exigió a los periodistas que dependen de sus empresas adhesiones expresas. La ONG Fopea, que nuclea 270 periodistas, le envió una nota “pidiéndole el cese de la recolección de firmas entre los trabajadores de algunas empresas periodísticas que forman parte de UNO Multimedios que usted lidera” y destacó que “en un contexto de gran crispación, puede coaccionar la conciencia de los periodistas con una posición diferente a la que usted ha manifestado en público en relación al proyecto de ley”. Vila es socio del diputado Francisco “Alica” de Narváez. El senador Luis Naidenoff (UCR, Formosa) citó varios comunicados de Fopea, aunque eludió galantemente el que mencionamos. También se apoyó en dictámenes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pero hizo caso omiso de la presentación de su representante Andrea Pochak en las audiencias públicas. Pochak explicó con solvencia la legalidad de la norma en tratamiento y su apego a las reglas internacionales sobre derechos humanos.

Las malas artes de un bando no excusan las del otro. Las acusaciones de cooptación ilegal de la senadora correntina María Dora Martínez deben ser investigadas. Claro que Gerardo Morales, que planteó una cuestión de privilegio, debería tener cierta introspección y (al menos) autocriticar el comprobado soborno de legisladores multipartidarios durante la gestión aliancista en la que fue viceministro y luego ministro de Desarrollo Social.

También es interesante puntualizar que el aparente asesinato del empresario Hernán González Moreno en Corrientes está inscripto en una dura puja de poder entre dos radicales, los primos Colombi. El actual gobernador, Arturo, vestía los colores del cobismo hasta hace una semana, cuando perdió. Sospechas horribles se prorratean, según quien hable, entre él y Ricardo Colombi, gobernador electo, de la UCR. Los mitos paranoicos sobre la omnipotencia del kirchnerismo llegan lejos pero no deberían hacer perder de vista esos detalles, el supuesto crimen político salpica a otros sectores.

Quienes se complacían anunciando que “el peronismo es cruel cuando huele sangre”, anunciando cambios de camiseta, tienen escasa eminencia para enojarse cuando sus vaticinios no se concretan. Cuando se trataron las retenciones móviles, muchos legisladores peronistas (algunos recientemente elegidos) se pasaron de bando. No se los comparó con Borocotó sino con los Padres de la Patria.

Otra senadora desoyó la orgánica de su partido por enésima vez y fue expulsada del mismo. Es rionegrina, revista(ba) en el Frente Grande, se llama María José Bongiorno. Poco se ha dicho de ella, los movileros no la asediaron en estas horas. Tal vez fue porque se alineó con la coalición opositora de centroderecha.

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La construcción de la ley fue participativa y plural, consistente con sus lejanos orígenes. Muchos adherentes tienen más rodaje en la materia que el kirchnerismo, al que antecedieron. En este diario hay varios, permítase al cronista saludar a uno de ellos, a título representativo. Es el compañero Washington Uranga, inscripto en estas reivindicaciones desde los albores de la democracia, promotor de variadas convocatorias y autor de una extensa producción individual y colectiva.

El porvenir es siempre impredecible y abierto. El cronista cree que dar herramientas a la sociedad civil argentina, demandante y jacobina por vocación, fomenta una prospectiva de mayor libertad, pluralismo y exigencias a los poderes políticos o fácticos. En cuanto a la generación de trabajo y la apertura a la producción nacional hay presagios de alta polaridad. Por lo general, las patronales atisban carestía y restricciones contra el optimismo de gremios y protagonistas que laburan en el mundo de la cultura, el espectáculo y la comunicación. Cualquiera puede equivocarse pero el cronista se inclina por darles la derecha a quienes hablan en nombre propio. La burguesía nacional no brilla por su sensibilidad social, menos en tiempos en que la AEA y la UIA defienden a libro cerrado las prácticas desleales cuanto ilegales de Kraft Foods.

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En Olivos cunden el buen humor y el voluntarismo. Los Kirchner creen que están venciendo a grandes grupos mediáticos en una pulseada de poder y que están sentando las bases de una coalición de centroizquierda, que liderarán.

La puja de poder, intuye el cronista, es de suma negativa. El peso y el prestigio que puedan perder los contrincantes no se trasvasan automáticamente al patrimonio político de los Kirchner, menos en términos de su potencialidad electoral, seriamente dañada el 28 de junio.

En cuanto al objetivo del frente de centroizquierda es encomiable pero de improbable concreción. La transversalidad cayó por muchos motivos, uno de ellos fue la opción de gobernabilidad elegida por el kirchnerismo, asentada en su alianza con el PJ y la CGT. Ese afán de gobernabilidad, válido en buena medida, no es congruente con un programa exigente de centroizquierda. Es más sencillo, y hasta posible, imaginar acuerdos parciales sobre una agenda progresista, máxime si persisten la voluntad y el mayor piné respecto de los partidos más grandes de la oposición. Se trataría de acuerdos contingentes, como los de la ley de Medios. Una ley de Bancos, impuestos a las actividades financieras o bursátiles son issues que analiza Néstor Kirchner y que calzarían en ese molde.

Pero cuesta suponer que los acuerdos incluyan al Presupuesto 2010, por su centralismo y su escasa afectación a nuevas políticas sociales. O con el Indec o con las prácticas asistencialistas que el oficialismo prioriza a la imposición de una asignación universal por hijo. O a hacerse cargo de protagonistas como Guillermo Moreno a quien esta semana le llovió otra denuncia, no desmentida y con tufillo creíble a la luz de sus antecedentes.

Los aliados deseados integran fuerzas de firmes convicciones y temerosas de perder reputación y aceptación si se dejan imantar por el kirchnerismo. La historia alecciona, sumarse al peronismo puede ser rentable en el corto plazo, lleva a la deglución en el mediano.

Se irá viendo. Entre tanto, el oficialismo recobró el control de la agenda y el centro de la escena en una coyuntura adversa. Y tomó nota de algunas de sus rémoras en el trámite de la ley que mentamos. No repechó el castigo electoral de junio ni volvió a la pole position. Como fuera, bueno es que el Gobierno no se deshilvane y que busque revalidarse con medidas de honrosa tradición. Falta que se percate de que está “condenado” a revisar su política social y a buscar instrumentos novedosos para enfrentar la pobreza que volvió a aumentar.

En el ínterin, produjo un avance político y social estimable, con buena compañía política y social. Un logro colectivo que era inimaginable hace tres meses.

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