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Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.

Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.

“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”, explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar.

El Consejo Asesor Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas.

El presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario.

El CAI es una de las organizaciones referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la posterior restitución.

Luego de diez años de insistir por vía administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997 una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó Chacho Liempe, del CAI.

Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos, funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros, campesinos o pequeños productores.

Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000 hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso.

Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.

Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire definitivamente.

El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente (incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los ocupantes tradicionales.

La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región. Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos de desalojos y criminalización, lleva recuperadas 73 mil hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350 kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias, transferida al Ejército.

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco inmobiliario”, donde había entrega de tierras a “amigos del poder”. Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral.

“El concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones. Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”, advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.

Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado. “Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios”, señalaron once comunidades mapuches.

En base a la Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado”.