Con la ausencia de todo el bloque kirchnerista, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender e iniciar juicio político por mal desempeño al juez de la efedrina, Federico Faggionatto Márquez. Hasta la semana pasada, el oficialismo había intentado defender al cuestionado magistrado, pero el faltazo de ayer al plenario fue lo que permitió que hubiera mayoría de dos tercios para que prosperara la acusación con 34 imputaciones impulsada por el senador radical Ernesto Sanz. Hubo, como es evidente, una decisión de no ejercer el famoso “poder de bloqueo”.

Faggionatto fue suspendido con los votos de siete de los ocho presentes. Hacían falta dos tercios. Apoyaron el enjuiciamiento los dos radicales, Sanz y Oscar Aguad, los jueces Luis Cabral y Miguel Angel Gálvez, los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña y el académico Mariano Candiotti. El presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, se abstuvo después de pedir –sin lograr eco– una prórroga para el tratamiento del caso. Ni uno de los cinco kirchneristas que integran el organismo estuvo presente. “Es la primera vez que ninguno de ellos viene al plenario. Ni siquiera pidieron o mandaron a pedir postergación”, se mostró sorprendido Cabral. “Si venían los cinco oficialistas y votaban en contra la acusación no salía porque no llegábamos a juntar dos tercios de los presentes”, señaló Sanz a Página/12.

La semana pasada, la Comisión de Acusación había rechazado iniciar el proceso contra Faggionatto con los votos de tres kirchneristas: el senador Nicolás Fernández, el representante del Poder Ejecutivo Héctor Masquelet y la diputada Diana Conti. La legisladora, inclusive, votó doble para desempatar ya que otros tres integrantes de la comisión, Candiotti, Sanz y Montaña, estaban en la vereda contraria. Dada la división, al plenario llegaron dos propuestas: una de Sanz, para promover la remoción, y una de Conti, que alegaba falta de pruebas para pone al juez de Zárate-Campana a las puertas de un jury. Ambas quedaron ayer sobre la mesa.

Faggionatto fue nombrado juez en 2001 con un decreto de Fernando de la Rúa. Le tocó un juzgado clave, con jurisdicción sobre la aduana y el puerto, y le llegaron expedientes capaces de comprometer a personajes de diversos signos políticos. Tenía a cargo la investigación sobre la ruta de la efedrina, una causa en la que citó como sospechoso a Francisco de Narváez en medio de la última campaña electoral. También investigaba la quema de pastizales en territorio bonaerense. Y hay una causa en particular, sobre un centro de escuchas clandestinas de la SIDE en Garín, que cuentan que era fuente de permanente inquietud en el Gobierno. Faggionatto acumulaba denuncias en el Consejo desde 2003 y llegó a tener 34 causas abiertas. El dictamen que lo llevará al juicio político lo compromete en:

- El robo de una cosecha de soja de un campo del Consejo del Menor y la Familia que estaba bajo su custodia como juez.

- Extorsiones a imputados en combinación con policías y abogados con los que se señala que conformaría una asociación ilícita.

- No haberse apartado en la investigación de la muerte de un preso en la que él mismo estaba involucrado. Se lo acusaba de haber desatendido al detenido, a quien le había concedido el arresto domiciliario por sus problemas de salud.

- Excesivas demoras en los expedientes denunciadas, entre otros, por el fiscal de Cámara Pablo Quiroga. Tanto Quiroga como el fiscal de distrito Orlando Bosca declararon en el Consejo con durísimas acusaciones contra Faggionatto. Bosca incluso lo ligó a una trama de corrupción policial y sobornos.

¿Qué cambió para el oficialismo en el transcurso de una semana? “El costo de defender a Faggionatto era demasiado alto”, elucubró Cabral. “Parece que le soltaron la mano, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo Sanz. Y agregó una comparación futbolera: “A mí me dejaron el área libre, yo avancé, como Palermo”, dijo entre risas. Para Conti, en todos estos días no cambió nada: “Yo sigo sosteniendo que no hay pruebas suficientes para acusar, simplemente no fui porque había estado hasta las cuatro de la mañana en el Congreso. Los diputados avisamos que no iríamos y nuestros senadores están en sus provincias. Los demás aprovecharon esta situación”. “Ahora no nos pueden decir que el Consejo no es equilibrado”, ironizó. En otra tónica, un funcionario del Consejo alineado con el oficialismo, que prefirió reservar su nombre, le dijo a Página/12: “Lo que pasó es tan simple como asumir que era un papelón político seguir sosteniendo a un juez tan cuestionado. No tenía sentido”.

Una de las teorías más fuertes que circulan en el Consejo cuenta que la huida del diputado K Carlos Kunkel la semana pasada de la reunión de la Comisión de Acusación es un dato clave en toda esta historia. Kunkel nunca quiso defender a Faggionatto. Más aún: lo denunció ante el propio Consejo junto con Sanz, a raíz de un insólito episodio en un procedimiento en San Miguel: efectivos de la Policía Federal habían ido a allanar un galpón donde encontraron 750 kilos de cocaína y efectivos de la Bonaerense que conversaban con unos narcotraficantes mexicanos. Los policías hallados in fraganti dijeron que cumplían directivas de Faggionatto, pero la orden de allanamiento apareció horas después cuando la envió por fax el juzgado de Zárate-Campana.

Sin Kunkel era prácticamente imposible que el kirchnerismo lograra bloquear la acusación. Cuatro votos eran insuficientes si, tal como todo indicaba, Bunge Campos terminaba inclinándose por apoyar el jury. Para colmo, hasta el senador K Fernández seguía dudoso, pese a haber votado la acusación una semana antes y optó por tomarse un avión a su casa en el Sur. Con este escenario, ningún oficialista iría a inmolarse en vivo y en directo al plenario del organismo. Cuentan en el Consejo que, dadas las circunstancias, un emisario habría anunciado a la Casa Rosada que ya no había defensa posible para Faggionatto y al Gobierno no le quedó demasiada opción.

Como fiscales del juicio político actuarán Sanz y Cabral. Es la primera vez en la historia del Consejo que un juez será acusador de otro juez. “Yo elegí a Cabral, porque va a ser un juicio peliagudo”, comentó el radical. Mientras tanto, la Cámara de San Martín ya resolvió designar como subrogante a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, la misma que días atrás intervino en el conflicto de la ex Terrabusi.