El bloque de diputados kirchneristas presentará antes del fin de semana un proyecto propio que extiende una asignación de 180 pesos mensuales por hijo a todos los trabajadores informales y desocupados, que también abarcará a quienes perciben los planes nacionales Familia y Jefas y Jefes de Hogar. La administración quedará a cargo de la Anses, que se encargará de cruzar los datos, y se haría efectivo a través de una tarjeta de débito del Banco Nación. Así lo anunció la diputada oficialista Juliana Di Tullio, en el marco de una charla debate sobre el tema en el anexo de la Cámara de Diputados. Pero la legisladora prefirió no dar detalles sobre cuáles serán las fuentes de financiamiento de la iniciativa, que insumirá unos 12 mil millones de pesos anuales: el tema está en debate en el Gobierno y quedará abierto a la discusión con los otros bloques.

“El proyecto ingresará al Congreso hacia fines de esta semana”, afirmó Di Tullio en el repleto auditorio del anexo de la Cámara baja, en una charla-debate sobre los distintos proyectos para una asignación universal por hijo, organizada por las diputadas de Libres del Sur, Cecilia Merchán y Victoria Donda, y a la que también asistieron los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Horacio Alcuaz (GEN), además del ex ministro bonaerense de Desarrollo Social Daniel Arroyo.

La diputada bonaerense contó que dentro del bloque oficialista se dejó de lado el debate sobre “la focalización o universalidad” de la asignación, para finalmente abordarla como “una política de Estado”. Di Tullio dijo que la asignación por hijo de 180 pesos (el mínimo establecido tras el reciente aumento de las asignaciones familiares) se extenderá, como una forma de universalización, a todos los trabajadores, más allá de los registrados que ya lo perciben. Es decir, que abarcará a todos los trabajadores en negro y a los desocupados, además de las personas que perciben planes sociales nacionales como el Familia (donde se actualizarán los 45 pesos que cobran ahora por hijo) y el Jefas y Jefes de Hogar. En tanto, los sueldos formales altos podrán deducir como hasta ahora la asignación del pago del impuesto a las Ganancias. La diputada también aclaró que su “movilidad” estará atada al aumento de las asignaciones familiares.

De esta manera, el proyecto del oficialismo alcanzará a seis millones de chicos menores de 18 años que no reciben esa asignación, pero no contemplará a las mujeres embarazadas. La implementación de la asignación estará a cargo de la Anses, el único organismo con capacidad para cruzar los datos, y se cobraría a través de una tarjeta de débito del Banco Nación. Una forma de despejar las sospechas opositoras sobre su implementación clientelar.

Sin embargo, prefirió no dar detalles de la fuente de financiación del proyecto, que según los cálculos del oficialismo alcanzaría unos 12 mil millones de pesos mensuales, aunque adelantó que se trataría de “una canasta” que juntaría aportes de distintos lugares. “La Presidenta nos pidió que fuera un proyecto sustentable y responsable”, dijo Di Tullio. Aunque todavía hay conversaciones con los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de Trabajo, Carlos Tomada, sobre la letra chica.

Desde el bloque oficialista admitieron que el proyecto “ya avanzó” durante el debate de distintas iniciativas en las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que preside Di Tullio; las de Legislación del Trabajo, a cargo del abogado cegetista Héctor Recalde; y de Acción Social y Salud Pública, que comanda Juan Sylvestre Begnis. Pero aclarararon que el texto aún no está terminado y pasará antes por la aprobación de todos los integrantes de la bancada. Lo que podría resolverse “esta semana o la entrante”.

El debate

Durante el debate de ayer en el anexo de la Cámara baja, Lozano insistió con el proyecto de universalización de la asignación propuesta desde hace tiempo por la CTA (ver recuadro), aunque discrepó con los números del oficialismo: “Con una asignación de 180 pesos son necesarios 10.480 millones de pesos; con una asignación de 200 pesos hacen falta 12.345 millones y para una de 300 pesos unos 22.400 millones”, sostuvo el economista para defender la propuesta más alta, “que permitiría las familias más pobres salir de su condición de indigencia”.

Donda estuvo en sintonía con la propuesta de la CTA de universalizar la asignación porque “los planes focalizados facilitan el armado de redes clientelares que sirven para sostener poderes territoriales”. Su proyecto, presentado junto con Merchán, propone entre otras fuentes de financiamiento que el impuesto a las Ganancias incorpore “las operaciones de compraventa, cambio y permuta de acciones, títulos y bonos, además de donaciones, herencia y legados, que hoy se encuentran exentos”.

“No hay redistribución de la riqueza sin conflicto entre los que más y menos tienen”, afirmó Alcuaz, alineado con Margarita Stolbizer. Sin embargo, sostuvo que para financiar la asignación se debería recurrir a los fondos que ahora se destinan a otros planes sociales y el resto del Presupuesto Nacional. Por su parte, Arroyo afirmó que comparte en general la “contraprestación” de los planes (certificados médicos y de vacunación para los más chicos y de escolaridad para los más grandes), pero que éstos “no deben ser condicionantes”: “Se debe tomar como un derecho universal. Si a mi mujer nadie le pregunta que hace con el salario familiar, ¿por qué el resto de las personas debe hacerlo?”, graficó.