Luego de los violentos operativos contra indigentes, las marchas, las denuncias y un allanamiento a sus oficinas, la temible Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) fue oficialmente disuelta por el gobierno porteño. La decisión, que despertó dudas sobre su efectivo cumplimiento, fue confirmada ayer a este diario por Juan Pablo Piccardo, al frente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del que dependía el grupo. “Lo que cambia es el enfoque, en adelante, para que no haya dudas ni sospechas, todo lo relacionado con la problemática social va a estar a cargo del Ministerio de De-sarrollo Social. El personal de la UCEP va a ser reubicado dentro de otras áreas del ministerio”, dijo.

Ayer hubo una nueva marcha que se dirigió a la Legislatura porteña, convocada por la CTA Capital y organizaciones sociales, para pedir el desmantelamiento de esta Unidad. ¿Cuánto tuvieron que ver las protestas y las denuncias en contra de la UCEP en su desarticulación? “Nada. No hay ninguna prueba de prácticas irregulares de la UCEP”, insistió ayer Piccardo, mostrándose tan inflexible como la patota que aterrorizó a los indigentes de la ciudad. Para este funcionario, la disolución es sólo una forma de “transparentar, no dejar lugar a dudas y evitar el uso político de la temática social”.

Un día antes, y tal como consignó Página/12, aparecieron nuevos elementos en la causa que sigue el juez Roberto Gallardo: dos CD en los que, entre otros documentos, se mencionan como “Grandes Hitos” algunos de los violentos operativos para echar a familias enteras de sus viviendas precarias armadas en plena calle. En total habrían sido 444 operativos, casi todos en horas de la madrugada y con una gran “ratio de eficiencia” conseguida, según la denuncia penal, a base de agresiones físicas y psicológicas.

Los voceros del Ministerio de Espacio Público porteño contaron que la disolución de la UCEP se realizó esta semana en medio de “una reestructuración de todas las direcciones operativas del gobierno de la ciudad, por lo que se aprovechó el momento para no incluir a la UCEP como una de estas unidades, es decir, que no existe más”. El cuestionado personal de esta dependencia, unas veinte personas, es “de planta transitoria desde hace muchos años”, dijeron estas fuentes, y seguirá cumpliendo funciones en la órbita del ministerio.

“La Dirección de Ordenamiento del Espacio Público tiene entre sus áreas una dedicada a los permisos para que, por ejemplo, un bar pueda poner mesas y sillas en la vereda, un área de fiscalización de estos permisos y otra de logística, que se encarga de retirar carteles y marquesinas. El personal de la UCEP va a estar destinado exclusivamente a esta última tarea porque hay mucho por hacer desde que se sancionó la ley de publicidad”, explicaron los voceros.

La primera en recibir la noticia de boca de Piccardo fue la titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, quien se quejó varias veces por el accionar de la UCEP. “Claramente la indigencia es un tema del área social aunque su consecuencia sea la ocupación del espacio público”, dijo Pierini tras la reunión con el ministro macrista. En ese encuentro, la defensora le aclaró al funcionario que, si bien es entendible el reclamo de los vecinos cuando, por ejemplo, encuentran personas que duermen en la puerta de su casa, “esta realidad debe ser abordada sin violencia”.

En adelante, las personas en situación de calle serían asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social porteño, mediante el programa Buenos Aires Presente (BAP), sin ninguna otra intromisión. Por este motivo, la defensora señaló que de inmediato se pondrá en contacto con la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, para avanzar en la nueva etapa. “El Estado debe cumplir con la normativa existente en relación con la defensa de los derechos y garantías de los más pobres”, advirtió Pierini.

Para Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de la entidades que denunció el accionar represivo de esta Unidad, “esta supuesta disolución no debe ir en detrimento de la que se está investigando, que es grave. Estamos hablando de las responsabilidades penales que tienen los integrantes de la UCEP y las responsabilidades políticas de los funcionarios a cargo”.

Momentos antes de que se difundiera la noticia de la disolución de esta Unidad, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, continuó defendiendo las prácticas de la UCEP. Aunque admitió que estaban analizando “crear un protocolo nuevo de funcionamiento para que nadie tenga ninguna duda y no estemos más sujetos a calumnias”, dijo que “ninguna de las críticas ni las acusaciones judiciales contra la UCEP tiene fundamento”. Por esas horas, Macri sostenía que su grupo de choque “funciona bien y les da un buen servicio a los vecinos”.