El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.

Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?

–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para “dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón”, léase Olimpo. Debió “preparar a cuarenta hombres para dar seguridad” ante “posibles ataques subversivos”, dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran “detenidos en transición” que “iban a recuperar su libertad”. Su mayor desafío fue enfrentar “la desmoralización de mi fuerza” por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban “negritos del interior”. Fechó el “repliegue del personal” en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. “Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos” y tampoco sobre “la destrucción de documentos que probarían mi inocencia”, dijo. “No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber”, concluyó.

El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: “Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar” y “Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz”. En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. “Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones”, agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, “Turco Julián”, por las entrevistas en televisión.

Raúl Guglielminetti se presentó como “comerciante”. Dijo haber sido “empleado civil del Ejército durante cuatro años”, periodista en Neuquén y hombre abocado a “actividades privadas” en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.

–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. “No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran”, dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.

Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que “me convirtió en un blanco fácil”, dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque “estuvo en el departamento Situación Subversiva”. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Taddei.