Ayer se cumplieron 39 meses de la desaparición forzada de Jorge Julio López, y en coincidencia con la fecha un grupo de organismos de derechos humanos y querellantes nucleados en Justicia Ya! decidieron denunciar al nuevo juez de la causa, Manuel Blanco, por mal desempeño en la investigación de ésa y otras causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante a dictadura. “Es un escándalo esta inacción y nadie hace nada”, dijo a Página/12 la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. López, un albañil de 77 años, fue un testigo clave en la condena del represor Miguel Etchecolatz, y está desaparecido desde el día de los alegatos en aquel juicio, hace tres años y tres meses.

Representantes de organismos defensores de los derechos humanos, querellantes particulares de las causas contra genocidas y miembros de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas presentaron ayer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño del juez federal 1 de La Plata, Manuel Blanco. En su escrito detallaron las graves irregularidades registradas en todos los expedientes por delitos de lesa humanidad radicados en su juzgado: Unidad Penitenciaria 9, CCD (centro clandestino de detención) La Cacha, Causa Nº 15274 (Ferreyro), Comisaría 8ª, Causa 1 y 60, Causa Cementerio de La Plata, Causa Triple A, Causa López y causas por apropiación de menores durante la dictadura militar.

Entre las irregularidades y la escasa o nula investigación denunciadas, señalaron que en la causa por los hechos ocurridos en la U 9, Blanco sobreseyó definitivamente a varios represores a pesar de que la Cámara le había ordenado recabar más pruebas contra ellos. A partir de la apelación de la querella de Justicia Ya!, los sobreseimientos fueron revocados. Sin embargo, cuatro meses después siguen sin ser convocados los testigos.

- En La Cacha, causa abierta hace seis años y medio, no hay ningún indagado ni procesado a pesar de los numerosos pedidos de las querellas y de la fiscalía en los que se identifica a centenares de responsables. La actividad del juez se limita a convocar a los testigos que ya han declarado a reiterar su testimonio.

- En la causa iniciada en 2001 contra Miguel Ferreyro, torturador que se desempeñó en el centro clandestino de detención El Infierno, el juez sobreseyó al acusado por el delito de violación sin convocar a ninguno de los testigos del hecho y sosteniendo que “no surge” a su criterio “elementos suficientes para evidenciar siquiera el hecho”.

- Las causas por los hechos ocurridos en Comisaría 8ª, Cementerio de La Plata, y el CCD que funcionó en 1 y 60 están paralizadas desde el momento en que se abrieron, el 26 de marzo de 2003.

- Lo mismo ocurre con la causa abierta para investigar los delitos cometidos por las patotas paramilitares que asolaron la provincia de Buenos Aires antes del golpe de Estado, la Triple A entre otras.

- También denunciaron las graves irregularidades y demoras injustificadas en las causas por apropiación de menores, básicamente la inmovilidad en la que permanecen desde hace años.

- En cuanto a la causa López, Blanco la tiene bajo su órbita desde febrero de este año, cuando su par Arnaldo Corazza renunció a seguir investigando. En un principio optó por radicar la causa en una secretaría común de su juzgado, que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Sergio Franco, que la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya realizado en ese lapso. Nada muy diferente de la anterior etapa de la investigación del sobreviviente de la dictadura que volvió a desaparecer, a excepción del período en que estuvo en manos de la secretaría especial de Juan Martín Nogueira, cuando sí hubo actividad conducente.

Según explicó la abogada Godoy, la decisión de acusar a Blanco fue tomada ahora “por el hartazgo que provoca el catálogo de excusas que da el juez, pero no hace nada de verdad, hace como que trabaja, cita mil veces a los testigos, uno por uno. En Tribunales comentan que le gusta sentarse sobre las causas por el poder que significa, pero nunca hace nada”. Si de excusas se trata, este magistrado tiene a mano una muy apropiada: es juez federal con competencia electoral, por lo tanto en los períodos de elecciones las otras causas duermen aún más abrigadas y profundo. “No hablamos de procesos que se iniciaron hace seis años, sino que se reabrieron. En el caso La Cacha, por ejemplo, en 1984 ya había declaraciones y estaba activa. Estas causas se mueven con voluntad política, él no la tiene y las instancias por arriba de él tampoco han tomado en serio el escándalo de esta inactividad”, agregó la letrada.

El escrito concluyó solicitando al Consejo de la Magistratura “su inmediata intervención para que el juez denunciado sea sometido al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción del cargo que ostenta”. Y fue firmado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Colectivo de Abogados La Ciega, Comisión de DD.HH. de uruguayos en Argentina, CTA La Plata y Ensenada, CTA Nacional-Secretaría de Derechos Humanos, Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (Fidela), Hijos La Plata, Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Unión por los Derechos Humanos, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Equipo Argentino de Investigación Psicosocial (Eatip), Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, Federación Universitaria de La Plata (FULP), Hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Madres de Plaza de Mayo-La Plata (Adelina Alaye), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, además de querellantes y familiares de víctimas incluidas en las causas a cargo de Blanco.