Desde Neuquén

Hace tres años, un miércoles 4 de abril, caía herido sobre la ruta 22 el maestro neuquino Carlos Alberto Fuentealba. En medio de un operativo de represión policial sobre decenas de docentes, le había disparado a quemarropa el entonces cabo de la policía neuquina Darío Poblete, provocándole la muerte, que llegaría la noche del 5 de abril de 2007. Reivindicando la vida del maestro y reiterando el reclamo de justicia ante lo que sostienen fue “un fusilamiento público”, miles de neuquinos marcharon ayer por las calles de Neuquén. Página/12 dialogó con los abogados de la familia Fuentealba, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, para conocer en qué estado está el proceso que investiga a los responsables políticos e ideológicos del crimen de Fuentealba.

–¿Qué posibilidades hay de que la llamada causa Fuentealba II pueda llegar a juicio?

Palmieri: –Desde agosto de 2009 la causa Fuentealba II está radicada ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) aguardando la resolución de varios recursos de casación. Buscamos que se reconozca el derecho de la víctima de direccionar la investigación en el sentido que lo crea conveniente a sus intereses. Hasta el momento no se nos ha permitido... Queremos que se diluciden el diseño y puesta en práctica del operativo policial de ese 4 de abril, a cargo de quién se encontraba, quiénes tomaron las decisiones en cada tramo de la represión y la relación que pudiera existir con el disparo que causó la muerte de Fuentealba.

–La viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, y el gremio donde ambos militaban, ATEN, insisten en llevar como acusado al ex gobernador Jorge Sobisch. ¿En qué elementos jurídicos se fundamenta esa exigencia? ¿Es viable?

Palmieri: –La responsabilidad que la querella particular busca que se investigue, lo cual no ha sucedido hasta el momento por la negativa del Ministerio Público de la provincia y por el juez (Cristian Piana), se refiere a las decisiones que debieron adoptarse para evitar el resultado fatal al que se llegó, teniendo en cuenta que, a partir de manifestaciones públicas del entonces gobernador Sobisch, fue él quien ordenó el operativo, envió a un funcionario de su directa vinculación al lugar de los hechos para que lo supervisara y es dable suponer que se encontraba al tanto de lo que pasaba a cada instante. El propio funcionario que lo representaba así lo reconoció. Son varias las conductas posibles que deberían investigarse: disponer el uso de la fuerza pública a sus órdenes más allá de lo necesario de manera ilegítima; no tomar decisiones para que dicha medida ilegítima cesara en cuanto resultare injustificada; generar con esas omisiones y conductas un “aumento innecesario del riesgo” para las personas que estaban en el lugar; además de analizar su actuación como el que tomó la decisión al mando de fuerzas de seguridad, trasgrediendo sus “deberes institucionales” y con relación causal con el asesinato de Carlos Fuentealba.

–En la última semana hubo una importante decisión judicial respecto de la causa por los hechos acaecidos en Plaza Huincul, la causa por la “zona liberada” y el ataque a militantes de ATEN en esa ciudad: la fiscalía solicitó la nulidad del pedido de absolución de Sobisch. ¿Esto puede agilizar la causa Fuentealba II? ¿Los hechos de Plaza Huincul fueron el “ensayo” de lo que luego sucedió luego en Arroyito?

Mendaña: –Ambos hechos muestran distintas estrategias, pero una misma lógica. En un caso se utilizó un grupo paraoficial, con militantes del partido gobernante y algunos desocupados, y se ordenó a la policía liberar la zona para que actuaran impunemente. En el otro, el 4 de abril del 2007, directamente se utilizó a la policía como fuerza de choque. En ambos casos, la idea era dar un escarmiento y en ambos casos el abuso y la ilegalidad estuvieron presentes en la actuación del Estado.

–El 24 de marzo pasado, al detenerlo durante una manifestación, efectivos de la policía de Neuquén le dijeron a un dirigente de ATEN que “Fuentealba está bien muerto y ustedes (por los docentes) ya van a aprender de una vez por todas” (ver aparte). ¿Cómo interpretan este hecho?

Mendaña: –Siempre existen nostálgicos que reivindican el autoritarismo, pero no armonizan con el ideario de la mayoría de la ciudadanía. Hay que repudiarlos y, si es posible, llevarlos a juicio por apología del delito. La libertad de expresión no ampara estos excesos.