A veinte días de cumplir sesenta años, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Enrique Taiana, habló por primera vez ante la Justicia argentina acerca de su experiencia como detenido durante la última dictadura militar. Enfundado en un traje negro, dando pasos lentos pero seguros, el canciller se dirigió a la silla ubicada en el centro del escenario del auditorio de la ex AMIA y se sentó frente a los jueces que componen el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para dar testimonio en el juicio contra catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad penal No 9. Allí relató su paso por uno de los “pabellones de la muerte”, mencionó los nombres de los oficiales “más activos” en los castigos y contó cómo él y sus compañeros se fueron dando cuenta de que un “traslado” podía ser sinónimo de “asesinato”.

“En la Unidad 9 vi de todo y fui testigo de violaciones serias a los derechos humanos y atentados al derecho a la vida”, dijo el canciller antes de entrar a la sala.

Taiana llegó a la U9 el 26 de octubre de 1976 desde el penal de Villa Devoto. Había sido detenido en 1975 y en total pasó siete años en prisión.

Frente a los jueces, con las piernas cruzadas y las manos sobre el abdomen, aseguró haber sufrido maltratos por parte de los agentes que cumplían tareas en ese centro de detención y recordó los nombres de los oficiales “más activos” en los castigos: “(Jorge Luis) Peratta era un hombre rudo que tenía el rol del hombre malo que pegaba. Otro era (Raúl Aníbal) Rebaynera, que también hacía mérito de su vocación y provocaba. También estaba (Ramón) Fernández, ‘El Manchado’”.

Peratta, Rebaynera y Fernández son tres de los catorce imputados en esta causa. Los otros penitenciarios que están siendo juzgados por el tribunal que preside Carlos Rozanski son el ex director de la Unidad 9 Abel Dupuy, el ex subjefe Isabelino Vega, los ex agentes Elvio Cosso y Valentín Romero y los penitenciarios Víctor Ríos, Catalino Morel, Segundo Andrés Basualdo y Héctor “El Oso” Acuña, además de los médicos Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, quienes están acusados por no haber evitado las torturas seguidas de muerte de Alberto Pinto.

Con tono calmo, Taiana hizo referencia a la violenta requisa del 13 de diciembre de 1977, fecha en que Dupuy asumió al mando de la Unidad 9. El canciller recordó que ahí se produjo “un importante cambio en el funcionamiento del régimen” al que definió como la “incorporación del penal al conjunto de la estrategia represiva que se llevó adelante en el país”. Detalló que ese día había un clima enrarecido. “De repente los guardias empezaron a abrir las puertas y nos obligaron a salir a toda velocidad y con la vista fija en el piso. Se oían los gritos, ruidos y golpes de los otros pabellones.” Cuando llegaron al salón de actos, tuvieron que desnudarse y luego fueron revisados y golpeados. Taiana recordó que cuando regresó a su celda estaba todo revuelto y le faltaban algunas de sus pertenencias. Luego, los presos fueron clasificados según su grado de inserción social.

“Yo era un irrecuperable”, afirmó. Explicó que por ese motivo fue alojado en el pabellón uno, “que pocas semanas más tarde se conoció como uno de los pabellones de la muerte”. Hoy se sabe que allí eran alojados los militantes de Montoneros, mientras que al dos iban los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “Ahí éramos catorce personas de las cuales mataron a cuatro”, afirmó.

Taiana se refirió a los asesinatos de Dardo Cabo y Rufino Pirles, que fueron sacados del penal con la excusa de que serían trasladados y al día siguiente aparecieron asesinados en un supuesto intento de fuga. “Sabíamos que había detenidos no reconocidos, pero no sabíamos qué les pasaba. Nadie pensaba en el exterminio, sino en condiciones extremas de detención. No se unía ‘traslado’ a ejecución’. Se fueron sin resistencia. Después fuimos reconstruyendo lo que pasó”, aseguró. Así, relató cómo, a partir de ese hecho, los presos empezaron a tomar conciencia de lo que podía pasarles. “Nos dimos cuenta de que estábamos ante una estrategia de ejecución extrajudicial y en peligro, que esto no era un caso aislado y que seguramente se iba a repetir.”

No se equivocaban. Tres semanas más tarde fueron a buscar a Julio César Urien y Angel Giorgiadis. Urien logró salvar su vida gracias a la influencia de su familia. “Entonces se llevaron a Horacio Rapaport, que era un preso bastante representativo”, contó Taiana. “La sensación que tuvimos es que lo perdimos por horas porque los familiares habían hecho mucho afuera y a las pocas horas llegó la misión de la Cruz Roja”, que recordó como “la primera denuncia que pudimos hacer ante alguien en esa situación. Ahí sentimos que habíamos logrado romper cierto grado de aislamiento”.

De todos modos, por esos días corría el rumor de que habría nuevos fusilamientos. “Se decía que los próximos serían Villanueva, Jozami y yo.” El ministro relató que pidió una entrevista con el director del penal Dupuy: “Le señalé que lo que estaba pasando era una cosa muy seria y que en algún momento alguien lo iba a revisar”. El director le contestó: “¿Usted se cree, Taiana, que a mí me saca un preso cualquier teniencito? No, las órdenes son de arriba y yo tengo toda la documentación”.

Sobre este tema volvió el defensor de Dupuy, Roberto Citerio, quien le preguntó al canciller si creía que su defendido podía oponerse a esa orden militar. “Yo creo que sí”, afirmó Taiana y explicó que “la responsabilidad por la seguridad de las personas en un penal son de las autoridades del penal. Primero, era dudosa la legalidad del traslado en general. Segundo, luego del primer caso se sabía que era una orden que no se debía cumplir”.

La declaración de Taiana duro más de una hora. Al salir del edificio de la ex AMIA de La Plata, en el mismo tono calmo con que llegó, el canciller dijo a la prensa: “Me emocioné mucho. Son muchos recuerdos, mucha gente, sobre todo los que fueron ejecutados, que eran amigos. Yo todavía vivo el dolor de no tenerlos. Pero creo que es un deber colaborar con el juicio. Tiene que ver con mis responsabilidades en relación con los derechos humanos y con la Justicia, que son dos valores fundamentales que reclama la sociedad argentina. Como gobierno y como persona, para mí era una obligación”.