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Los debates políticos actuales muestran una vitalidad del sistema institucional como no se conoció en muchos años. La oposición unida plantea aumentar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento móvil, con lo que llegarían a 1230 pesos mensuales. El gobierno nacional las llevó a 1046 pesos (o 1091 para el millón y medio de pasivos que además reciben un subsidio de 45 pesos que paga el PAMI). Su anuncio de una movilidad previsional del 26,5 por ciento en el año, más la actualización en un 22 por ciento de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH, ahora de 220 pesos mensuales), cubren los porcentajes de inflación y mantienen la pauta redistributiva que desde su creación redujo la pobreza a menos del 10 por ciento y la indigencia al 2 por ciento, los indicadores más bajos de la Argentina en 35 años y de la América Latina actual. El gasto social per cápita argentino casi duplica el de Brasil y es cuatro veces mayor que el de México. La AUH es el programa de transferencia de ingresos más cuantioso de la región (0,9 por ciento del Producto Interno Bruto contra 0,8 por ciento del Plan Bolsa de Familia de Brasil, 0,3 por ciento del Plan Oportunidades de México y 0,1 por ciento del Plan Chile Solidario). Además, pasado mañana se reunirá el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por primera vez luego y no antes de las paritarias, que este año pactaron incrementos promedio del 26 por ciento. Aunque se mantenga la dinámica de choque frontal entre oficialismo y oposición, el contenido de esta polémica marca un cambio asombroso.

Un giro dramático

Desde 1983 la función central del sistema político fue administrar el miedo residual que dejó la dictadura. De ese modo hizo viable con la menor violencia posible el ajuste de la economía y la sociedad, reformateadas por la fuerza a gusto de los sectores dominantes nacionales y/o internacionales. Eso explica el final apocalíptico de las dos presidencias radicales, el rechazo o la indiferencia social por quienes lideraron los dos primeros gobiernos justicialistas y el descrédito de los partidos políticos que abandonaron en el poder sus tradiciones históricas y los intereses de quienes los votaron. Atrás han quedado la valorización financiera iniciada con el golpe de 1976; la Economía de Guerra contra el Salario, que anunció Raúl Alfonsín en abril de 1985; la desindustrialización vertical y las privatizaciones del menemismo, con sus efectos sobre el empleo y las condiciones de vida; la precarización laboral por la que se pagaron cinco millones de dólares en sobornos a senadores de ambos partidos cuando gobernaba la Alianza; la brutal transferencia de ingresos desde los sectores más débiles hacia la cúspide de la pirámide durante el tenso interinato del senador Eduardo Duhalde; el incesante endeudamiento externo con que se financiaron esos gobiernos a expensas de la bancarrota general.

Ahora, en cambio, el debate gira acerca de las vías para mejorar los ingresos de los sectores más débiles, algo que no habían conocido quienes hoy tienen menos de 50 años. Puede discutirse la sinceridad de cada actor político, y todas las fuerzas partidarias lo hacen con admirable vigor, pero lo primero debería ser la constatación de tan dramático giro. El cambio es de significación especial en el peornismo opositor, que privatizó el sistema previsional y redujo las contribuciones patronales, y en el radicalismo, donde Gerardo Morales recortó cuando fue secretario de Desarrollo Humano 13 por ciento de los salarios estatales y de las jubilaciones. También por parte de la cívica libertadora Patricia Bullrich, quien como ministra de Trabajo eliminó planes de empleo, redujo y en algunos casos suprimió la asignación familiar por hijo de los trabajadores formales.

Memorias del 2002

La oposición clama que las nuevas medidas del Poder Ejecutivo son respuesta a su planteo parlamentario, como también sostuvo respecto de la AUH. El gobierno recuerda que desde 2003 duplicó la inversión social y, casi, el número de beneficiarios del sistema previsional, para lo cual recuperó a 2,35 millones de personas que habían sido dejadas de lado por los comisionistas de la jubilación privada, de modo que nueve de cada diez en edad de jubilarse reciben un beneficio del sistema previsional, cuando la tasa de cobertura hace cinco años no pasaba del 55 por ciento. Por ley se concede un aumento semestral que mantiene actualizadas las jubilaciones, se vuelca al consumo e impulsa tasas de crecimiento que en lo que resta de 2010 rondarán el 10 por ciento anualizado. También incrementó la mínima un 600 por ciento y la media el 300 por ciento, luego de décadas de congelamiento y penuria. CFK advirtió a los empresarios que los aumentos fueron concedidos sin mayor presión impositiva, con recursos propios del sistema previsional y mientras existe capacidad productiva ociosa, por lo que cualquier incremento de precios sólo podría obedecer al propósito patronal de capturar ganancias extraordinarias a expensas del bienestar general. Las erogaciones anuales de los aumentos anunciados serán de 18.000 millones de pesos al año, contra 22.000 que implicaría el proyecto de Morales (82 por ciento sólo a los haberes mínimos); 77.000 del que presentó Elisa Carrió (equiparar haber previsional y salario mínimos) o 140.000 millones del firmado por el conservador salteño Juan Pérez Alsina (82 por ciento a todos los jubilados). Este último agotaría en apenas un año el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de 149.000 millones de pesos. Durante su última visita al Senado, el ministro de Economía Amado Boudou explicó que si bien los recursos de ese fondo aumentaron más de la mitad de su valor desde la extinción de los comisionistas privados de las AFJP, no son realizables de inmediato. El 40 por ciento son activos ilíquidos. Del 60 por ciento restante, la mitad son inversiones en activos que no podrían venderse en menos de diez años y la otra mitad demandaría entre dos meses y siete años. Si esos plazos se forzaran, se perdería más de la mitad de su valor. Boudou también descartó como un mito la afirmación, que se repite en alegres análisis políticos y periodísticos, de que “la plata de los jubilados se utiliza como caja política”. Cuando los fondos eran administrados por los comisionistas, la participación de las operaciones de crédito público con la Nación representaba el 59,48 por ciento sobre el total de los fondos. Ese porcentaje sólo creció hasta el actual 61,01 por ciento, inferior al usual en los países de-sarrollados, como Francia. La liquidación anticipada de acciones produciría una agresiva expansión monetaria, el incremento abrupto del consumo no encontraría respuesta de la oferta por falta de financiación, lo cual destruiría el mercado de capitales, generaría aumento de precios e inflación, el peso se devaluaría, subirían las tasas de interés y se encarecería el financiamiento público y privado. El informe que Boudou llevó al Senado estima en 6.354 millones de pesos las pérdidas que sufrirían por una venta anticipada de sus acciones las empresas que fueron financiadas por las AFJP o por la propia ANSES, entre ellas el Grupo Clarín, cuyo valor se desplomaría en un 77 por ciento y Siderar, de la Transnacional italiana Techint, que perdería la mitad de los 2.327 millones de pesos de sus acciones en la cartera de la ANSES. Otras empresas en las mismas condiciones serían Telecom, los bancos Macro, Galicia y Patagonia, Molinos, Pecom Energía, Aluar, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Holding. Con su capitalización en ruinas, las empresas no podrían emitir deuda corporativa o de capital y quedarían a merced de la especulación y de predadores externos.

Shopping con Granaderos

Por si esto no fuera suficiente para evocar los inolvidables días de junio de 1989 o enero de 2002, la oposición unida padece un ataque de federalismo, por el que plantea transferir a las provincias entre 40.000 y 45.000 millones de pesos que hoy recibe el Estado Nacional (sumando el 15 por ciento de la coparticipación que se deriva a la ANSES, los Aportes del Tesoro Nacional acumulados, el segmento no coparticipado del impuesto al cheque, una disminución de 35 a 25 por ciento de las retenciones a las ventas externas de soja y la eliminación de toda retención a los demás granos). Era previsible que el gobierno se resistiera a los escalofríos de esta fiebre hética, que un día incrementa erogaciones y al siguiente escasea recursos. La imagen del Grupo Ahhh... respondiendo en la Sociedad Rural a las preguntas de Joaquín Morales Solá, ante la mesa examinadora formada por Hugo Biolcati y Mario Llambías, será difícil de olvidar. La edición digital de Clarín lo confesó todo, con un título de antología: “La oposición pide una postura común al campo para avanzar en un proyecto”. Fue en vano, porque en ese preciso momento las cámaras patronales agropecuarias llegaban al borde de la ruptura, con escraches y aprietes entre sus miembros. Ése fue el sitio elegido por el ex gobernador kirchnerista de Buenos Aires Felipe Solá para hablar de shopping, con una ligereza que impresiona ante la gravedad de lo que implicó. En recintos menos sagrados los líderes de la oposición admiten que la dificultad que enfrentan en el Senado es consecuencia de las iniciativas políticas oficiales. El campeón de la confusión republicana fue Gerardo Morales, quien reprochó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que no autorizara el uso de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo como entretenimiento de la entidad patronal. El ex candidato radical a la vicepresidencia desconoce, o no le importa, que esa unidad creada por San Martín para liberar América sólo participa en actos oficiales y no en fiestas privadas.

Ni entre las organizaciones rústicas ni entre los partidos de esta inestable coalición hay acuerdo acerca de las retenciones. En el primer caso, porque una vez desvanecida la fantasía de “desgastar y erosionar al gobierno”, Eduardo Buzzi debe defender su propia posición dentro de la Federación Agraria, donde cada vez son más quienes le reprochan haber desestimado hace dos inviernos la propuesta de segmentación de las retenciones y subsidios al transporte concedidas por el gobierno en la media sanción legislativa de la Resolución 125. Sería útil cuantificar los ingresos de los pequeños productores sacrificados por Buzzi desde entonces a cambio de un asiento en la mesa de la Sociedad Rural, forma insidiosa pero tangible de corrupción dirigencial. De este laberinto de contradicciones sólo se puede salir elevando el tono con desprecio por el gobierno, como hizo ayer Biolcati en su discurso.

De Rivadavia a Evita

Con los anuncios previsionales, la presidente completó una semana colmada de definiciones políticas, económicas y culturales que trasuntan una visión del país y de su inserción en el mundo, cosa que no brilla en los planteos del Grupo Ahhh.... Antes había estado en la Bolsa de Comercio, donde dijo que desde 1824, cuando Bernardino Rivadavia firmó el primer empréstito con Baring Brothers, la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto no había sido tan conveniente: un 45 por ciento, que se reduce a 30 por ciento si se omiten los bonos adquiridos por otras instituciones del Estado. Ese desendeudamiento es impactante, ya que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la deuda era de un PIB y medio. Durante su visita de marzo a Buenos Aires, Hillary Rodham Clinton encomió que la proporción deuda/producto de la Argentina fuera menor que la de su país, lo cual no es mucho decir: el endeudamiento de Estados Unidos llega al 95 por ciento y la agencia Bloomberg calcula que en 2012 será mayor que el PIB. Claro que como dijo CFK en la Bolsa, Estados Unidos tiene los cazabombarderos F-16, como garantes del dólar en su carácter de moneda de reserva. También Italia debe más que la producción total de un año, Japón la de dos años, y Alemania, Gran Bretaña y Francia rondan el 70 por ciento de sus respectivos productos. CFK sorprendió a los asistentes a la Bolsa al responder al reclamo de que se elimine el encaje del 30 por ciento sobre los capitales que ingresan al país. Lo declinó con palabras cuidadas pero muy firmes, señaló la inconsistencia entre ese pedido y la queja por la fuga de capitales y aclaró que su temor era que por esa vía llegaran a la economía argentina las burbujas especulativas y el desplome de los mercados de los países centrales, que aquí pudieron evitarse.

Su afán pedagógico se manifestó también en las varias referencias que hizo esta semana a Eva Perón, a quien llamó una gran reparadora social, que sustituyó el enfoque de la beneficencia por el de los derechos. Recordó la frase luminosa de Evita “Allí donde hay una necesidad nace un derecho”, dijo que su obra había sido un punto de inflexión en la historia argentina y mencionó los “amores maravillosos y odios terribles” que despertó, “como todos los que vienen a cambiar las cosas”. No hacía falta que explicitara su identificación con ese sino. Pero aclaró que no era “evitista” porque “ella y Perón, en definitiva, eran una sola y misma cosa”. No parece una referencia casual, pocos días después de haber dicho que tal vez en 2011 la candidatura presidencial sea para ella.