La oposición porteña logró imponer un dictamen de mayoría para avanzar con una comisión investigadora de las responsabilidades políticas en el caso de las escuchas ilegales. También firmó otro despacho para archivar el autojuicio que impulsa Mauricio Macri y un tercero para invitar al jefe de Gobierno a que concurra a la Legislatura. Además, consensuó con el PRO que se pedirá una copia del expediente judicial. Por la noche, en un momento en que los opositores no estaban presentes en el salón donde se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrismo votó un cuarto intermedio hasta el viernes y desató una polémica. La oposición denunció una maniobra de los macristas para disimular la derrota que sufrieron. Sucede que esto podría retrasar una semana la votación, aunque el oficialismo se comprometió a que igualmente sea tratado el 12 de agosto.

Fue un encuentro pleno de gritos, insultos y chicanas, en el que los macristas hicieron lo imposible por frenar el proyecto: consideraron impracticable la citación al jefe de Gobierno, amenazaron con concurrir a la Justicia por la proporcionalidad en la comisión investigadora, también con iniciar el juicio político sin ninguna votación. Por ahora, se quedaron en la amenaza y seguirán negociando la integración, con el reconocimiento implícito de que la estrategia de Macri ya naufragó.

La investigadora

Los opositores de los distintos bloque se reunieron temprano y terminaron de consensuar un proyecto conjunto de comisión investigadora que apoyan todos los bloques, excepto el MST (sí, inclusive el de los legisladores de Francisco de Narváez). La comisión investigadora especial que proponen será de diecisiete miembros y estará integrada por uno de cada uno de los trece bloques, más tres macristas y uno de Proyecto Sur. Así, el PRO tendría cuatro de los 17. Los macristas, en cambio, exigen siete de los 17 integrantes. La comisión tendrá un plazo de 90 días hábiles y amplias funciones para citar a funcionarios porteños y otros testigos para analizar la responsabilidad política por el espionaje y en otras cuestiones vinculadas con la conformación de la Policía Metropolitana.

La reunión de Asuntos Constitucionales contó con una cantidad enorme de legisladores, muchos más que los 13 que integran la comisión (siete macristas, ocho opositores). El jefe del bloque Peronista, Diego Kravetz, explicó que la comisión investigadora determinará las responsabilidades del jefe de Gobierno, los ministros involucrados y demás funcionarios. “El macrismo está sobrerrepresentado. Hemos sido más que generosos”, detalló.

En tanto, el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, fue el encargado de plantear la posición de Macri de ir por su propio juicio político, donde tiene asegurado el bloqueo en la Sala Acusadora por parte de sus 19 legisladores. “La oposición ya juzgó y sentenció. La comisión lijadora que proponen atenta contra la representatividad del PRO”, planteó Moscariello. Sobre esto, los macristas volvieron una y otra vez durante una tarde de ira. “¡Si violentan el texto constitucional, el bloque del oficialismo va a buscar los canales instituciones!”, advirtió el vicepresidente primero.

“No es una buena práctica amenazar con judicializar las resoluciones de este cuerpo. ¡Son ustedes los que han dicho que no se puede confiar en los jueces! Esta comisión no va a resolver la destitución del jefe de Gobierno, sino que va a investigar si el Estado violó garantías de los ciudadanos, si malversó fondos públicos, si violó leyes de esta Legislatura”, planteó el legislador de Igualdad Social Martín Hourest.

El macrista Gerardo Ingaramo exigió que la comisión pudiera citar a funcionarios de la Policía Federal y la SIDE y Kravetz le recordó que la Legislatura sólo tiene competencia para evaluar las responsabilidades de los funcionarios locales. Por su parte, el legislador del MST Marcelo Parrilli indicó que su posición “es echar a Macri por su política represiva”. Aclaró que, a diferencia de su propuesta de juicio político, “la del macrismo está pensada para una rápida absolución”.

El macrista Helio Rebot tuvo, entonces, su momento estelar. Acusó a Aníbal Ibarra –a quien colaboró a destituir– de “escuchar desde siempre a los legisladores”, habló de “compra y venta de votos”, de que “hay pocos que tienen el traste limpio”. El legislador, quien posó para las fotos con Macri cuando anunció su autojuicio, señaló que forma parte de la Sala Juzgadora y que, por eso, no se podía tratar allí el proyecto de juicio político. Exigió que se lo girase, sin votación, a la Sala Acusadora y se iniciase el juicio de prepo. “Es el pleno de la Legislatura el que debe decidir”, contraargumentó Julio Raffo, de Proyecto Sur.

Rebot cuestionó la composición de la comisión investigadora. Aseguró que se presentará a la Justicia “donde esta discusión se termina” y dijo que podría formar un bloque aparte para tener un lugar más en la comisión.

–Se podrían hacer 24 monobloques –chicaneó Rebot.

–Entonces, votemos nuevamente las autoridades y las comisiones de nuevo. ¡Y terminemos con esta farsa! –le retrucó Hourest, furioso.

–¡Vamos a ver qué dicen los jueces! –subió la apuesta Rebot.

“Sería bueno darnos un plazo para estudiar lo que plantea Rebot”, amagó Ocampo, cuando ya se veía una derrota segura. “No es cierto que la Constitución hable de proporcionalidad”, contraatacó Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Ya promediaban las ocho de la noche y, en un descuido de los opositores, Moscariello propuso un cuarto intermedio para el viernes a las 11. De forma un tanto desprolija, Ocampo lo puso a consideración y cuatro o cinco legisladores de PRO levantaron la mano, pero después siguió hablando el macrista Alvaro González. Los opositores, apenas reingresaron, pusieron el grito en el cielo. “¿Qué sos? ¿Gracioso? ¡No se votó!”, le gritó Kravetz al jefe de bloque PRO, Cristian Ritondo. “No había quórum y no se registró la votación”, cuestionaba Ibarra, mientras Ocampo se ponía la bufanda y se marchaba de allí.

De todas formas, antes de que pasar a cuarto intermedio, ya habían presentado los dictámenes de comisión investigadora y archivo de juicio político con las ocho firmas de los opositores que integran la comisión. Si se publica más allá de esta semana, no se podría tratar el 12 de agosto, por los plazos legislativos. Esto hizo que buena parte de los opositores denunciaran una maniobra de dilación del macrismo. Desde el PRO, por su parte, se comprometieron a que se tratara el 12. “Si es necesario tratarlo sobre tablas, lo votamos”, aseguró Ocampo ante este diario. No caben dudas: continuará...