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La reciente experiencia de votación a través de medios electrónicos en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez merece ciertas reflexiones, relacionadas con la influencia del mecanismo en la participación ciudadana expresada en el voto, con el costo de este mecanismo y con las posibilidades de verificación de los datos obtenidos.

En relación con su influencia en la calidad de la participación democrática, debe destacarse que el mecanismo de voto electrónico, en la versión ensayada en Marcos Juárez, facilita y promueve ciertas prácticas que en principio pueden relacionarse con un ejercicio más meditado y consciente del derecho de voto. Primeramente, la propia forma de emisión del sufragio, en varios pasos y con confirmaciones sobre lo decidido para cada paso, y al final de la emisión del voto, promueve un ejercicio más meditado de este derecho, ya que al elector se le muestra varias veces el sentido de su decisión, mostrándole la totalidad de los integrantes de la lista, y teniendo durante el proceso la oportunidad de corregir su elección. Además, la forma de emisión del voto separa los “tramos” electorales, esto es, los diferentes cargos para los que se eligen representantes, lo que en la clásica lista sábana requiere un plus de parte del sufragante, debiendo concurrir con una tijera o tomarse el trabajo de cortar el voto sin afectar la integridad de la boleta de manera tal que el voto pueda ser impugnado. Estas dificultades son ampliamente superadas por el sistema electrónico, que incluso facilita este mecanismo. Esto pudo verse en las elecciones en cuestión, donde el radicalismo resultó cuarto para el tramo relativo a intendentes y concejales y segundo para la elección de miembros del tribunal de cuentas. La valoración del voto electrónico, desde una perspectiva de robustecimiento de la democracia y de la participación, es cuantitativa y cualitativamente favorable.

El costo de la elección resulta un ítem a tener en cuenta. En el caso concreto, las elecciones costaron entre cinco y seis veces más que con el sistema tradicional. Si bien en esta ocasión fueron costeadas por el gobierno provincial, cabe preguntarse cuánto es razonable que se gaste en este método eleccionario por sobre el costo de una elección bajo el método tradicional. Es sabido que los derechos políticos, tanto como los derechos sociales, implican un fuerte gasto estatal, y entonces resulta relevante analizar las prioridades en el gasto público, en particular cuando existen necesidades básicas insatisfechas en porciones significativas de la población.

Finalmente, un problema no menor es el control del proceso eleccionario. La tarea de los tradicionales fiscales partidarios resulta insuficiente, y se hace indispensable contar con personas especializadas en este tipo de mecanismos. El método electrónico hace necesaria una enorme confianza en el proveedor del servicio, en este caso una empresa privada, puesto que un control completo de la correspondencia entre la manifestación de la voluntad del ciudadano y lo registrado en la urna electrónica parece prácticamente imposible sin alterar el carácter secreto del voto.

En resumen, la experiencia del voto electrónico presenta matices interesantes, por cuanto ensancha los carriles de la participación ciudadana, requiriendo un mayor esfuerzo por parte del votante a la hora de decidir, pero no debe descuidarse la cuestión de sus elevados costos, así como las dificultades de la verificación de la autenticidad de los registros.

Abogado, director de la Clínica de Derecho de Interés Público de Fundeps.