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El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, se escudó en el protocolo para justificar el entierro con honores al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo cierto es que todos los beneficios u homenajes dados o negados a los represores de la última dictadura militar responden a una decisión política. Por eso Reynaldo Bignone, quien le entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín, recibió la pensión vitalicia reservada a los ex presidentes y Galtieri no. Por eso el busto de mármol de Jorge Rafael Videla no entró a la Casa Rosada. Y por eso Emilio Eduardo Massera agoniza como un vegetal en el Hospital Naval y la obra social del Ejército envía todos los años una carta al ex coronel Juan Jaime Cesio en la que le recuerda que no debe hacer uso de las actividades recreativas y turísticas porque no es digno de compartir su tiempo libre con la familia militar, de la que fue apartado por participar en una marcha de las Madres.
Para que los protocolos dejen de ser excusas, la diputada del Frepaso Nilda Garré presentó el jueves un proyecto de ley que establece la prohibición de “actos oficiales de conmemoración o de homenajes respecto de personas, civiles o militares, que hubieran incurrido en violaciones de los derechos humanos o en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”. La iniciativa está basada en el artículo 36 de la Constitución, que inhabilita a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluye de los beneficios del indulto y conmutación de penas a quienes atenten contra la democracia y reserva para ellos la pena de los infames traidores a la patria. Si se aprueba el proyecto, que comenzaría a discutirse el mes próximo cuando el Congreso reanude su actividad, quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos no estarán acompañados en su entierro por una banda militar y ningún jefe de su fuerza hará malabares para reivindicarlos sin caer en apología del crimen.
Massera y Videla saben hace tiempo que no recibirán honores oficiales. Condenados en el juicio a las Juntas, fueron destituidos de las Fuerzas que comandaron y por lo tanto les corresponden ceremonias como las del general Ramón Camps o el dictador Roberto Eduardo Viola. Los restos del ex jefe de la policía bonaerense fueron incinerados y sepultados en el cementerio privado Jardín de Paz sin que concurriera ningún miembro representativo de la última dictadura. Al entierro de Viola, en cambio, asistieron Massera, Videla y Bignone. También estuvo el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Mario Cándido Díaz. Pero se vistió de civil porque su presencia era “personal” y no oficial. Y ni en el velatorio ni en el sepelio se vieron personas uniformadas ni coronas de flores enviadas por organismos de las Fuerzas Armadas. El antecesor de Galtieri en usurpar la Presidencia fue depositado en el nicho de la Asociación de Socorros Mutuos para el personal de las Fuerzas Armadas y no en el Panteón Militar. Sus compañeros del Colegio Militar se quejaron porque no fue reivindicado ni recibió los honores por el cargo que había ejercido. Para evitar semejante falta de respeto, entre otras cosas, después de recibir el indulto Viola y Videla habían hecho consultas con abogados de confianza para saber si podían intentar reclamar de nuevo su grado. Los letrados contestaron que abandonaran la idea, que en todo caso eso era más una “decisión política” que un asunto judicial. Orlando Ramón Agosti no se rindió y acudió a la Justicia, llegando hasta la Corte. Sus restos fueron enterrados en el mismo cementerio privado que Camps.
¿Qué pasará cuando se mueran, por ejemplo, Antonio Domingo Bussi o Luciano Benjamín Menéndez? Estos dos exponentes cabales del terrorismo de Estado fueron beneficiados por la ley de Punto Final y el indulto y no llegaron a recibir una merecida condena judicial; por lo tanto, conservan su grado y pertenencia al Ejército. Como generales, les corresponderían los honores que fija el protocolo. Según Garré, este tipo de personajesestán incluidos en los alcances de su proyecto. “Abarca a quienes fueron funcionarios de un gobierno de facto. Los ministros, presidentes, miembros de las Juntas o interventores de las provincias. Todos los que atentaron contra el gobierno constitucional”, aclaró la diputada a Página/12.
Si se muere antes de ser condenado por robo de bebés, delito por el que está preso en su domicilio, Bignone sería uno de los grandes perjudicados por la propuesta de Garré. El último dictador no fue ni siquiera acusado en el juicio a las Juntas y la Obediencia Debida lo libró de dar cuenta de las desapariciones de tres conscriptos secuestrados cuando era jefe del Colegio Militar. Bignone tuvo además otros beneficios. Uno importante fue la pensión vitalicia de los ex presidentes, equivalente a la suma que por todo concepto percibe el presidente de la Corte Suprema. Galtieri también la ambicionó, pero tuvo menos suerte. El mismo Carlos Menem se la negó por decreto. Debido a su insistencia, la Justicia le respondió que “para ser elegido presidente se requiere ser elegido”. Cuando invocó que su colega Bignone había sido beneficiado, la Secretaría de Desarrollo Social respondió que “aún en el supuesto de que la pretendida pensión hubiere sido acordada, esta pensión fue mal otorgada”.
Ni Galtieri ni Videla obtuvieron jubilación de lujo. Bignone sí. Pero por ahora ninguno de los tres –tampoco Viola– tendrá su busto de mármol en el Hall de Honor de la Casa Rosada. En 1992 el Gobierno anunció que “la historia es como es y no como querríamos que fuera. Los que ejercieron la presidencia de la Nación, del modo que fuera, tendrán su busto.” La advertencia generó una polémica que continuó a través de los años. En 1997 la entonces senadora Graciela Fernández Meijide propuso que los dictadores estuvieran en un espacio separado de los presidentes constitucionales. Otros se inclinaban por obviar las figuras de los gobernantes de facto y por supuesto, el ingeniero Alvaro Alsogaray aspiraba a que no se hicieran distinciones. Para no tener que tomar partido se alegaron problemas presupuestarios. El Salón de los Bustos estaba incompleto desde hacía tiempo, pero incluía a algunos dictadores. De hecho, el último mármol corresponde a Juan Carlos Onganía.
Los militares que fueron condenados por la Justicia perdieron el derecho a cobrar su retiro. Para los fines contables, ya están muertos. Esto implica que sus “viudas” cobran una pensión que equivale al 75 por ciento del sueldo y pueden seguir afiliadas a las obras sociales de las Fuerzas Armadas como socias adherentes. El inmóvil Massera espera la muerte en el Hospital Naval. “Todos los hospitales de las Fuerzas Armadas deben asegurar la atención médica. Cuando uno entra en la fuerza, se firma un contrato por el que le garantizan atención. Es para todos menos para los que son dados de baja, que no es lo mismo que ser destituido”, explicó el coronel Cesio.
Cesio fue expulsado del Ejército y descalificado por una “falta gravísima al honor”: asistió a una marcha en la que se descalificó a los militares. Apenas recompuesta la democracia, acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en un reclamo de Justicia. En la calle se cantaba “el que no salta es un militar”. El no saltaba, pero igual lo echaron. Miembro del Centro de Militares para la Democracia (Cemida) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estuvo preso 97 días. A diferencia de Galtieri, no será enterrado con honores. A diferencia de Massera, se paga su propia obra social. Y a diferencia de los beneficiados por la Obediencia Debida y el Punto Final, no puede ir al Círculo Militar ni entrar a ningún cuartel. Tampoco es merecedor del respeto obligado de sus subalternos que marca el reglamento. No le importa, prefiere la consideración que se ganó de los civiles como ciudadano.