La historia no es una historia en construcción. La sentencia del Juicio a las Juntas es una verdad inamovible. La identificación de los cuerpos de los desaparecidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no sirve como prueba. Los organismos de derechos humanos son ámbitos desde donde se ocultó información y se intentó convencer al Poder Judicial de una verdad sesgada de la historia. La custodia de los centros clandestinos de detención en sus manos es un problema grave para el Estado. Que los “traslados” hayan significado la muerte o ejecución de los prisioneros es una cosa “dudosa”. Palabras más palabras o menos, esas fueron algunas de las posturas lanzadas en su alegato por la defensa de los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo inesperado fue que tal enarbolamiento no fue pronunciado por un abogado particular, sino por la defensora oficial, vehemente y militante, Verónica Blanco.

Adelante, entre el poco público de la sala de los tribunales de Comodoro Py, dos muchachos empezaron a dibujarla con más ganas. Blanco a esa altura intentaba invalidar la incorporación de un grupo de homicidios como prueba de la causa. Cuerpos identificados por el EAAF. Los deslegitimó entre otras razones porque los análisis se hacen en un laboratorio de Córdoba. O porque los datos se incorporaron durante un Juicio por la Verdad, al que llamó proceso administrativo.

La abogada que encabeza la defensa oficial del juicio a los represores había arrancado con el alegato el martes. Ya había adelantado algo de lo que aparece como posturas más políticas y menos técnicas cuando habló del gobierno de Héctor Cámpora y dijo: “Liberó a las organizaciones terroristas”.

El mismo tono de combate continuó ayer en el sótano de Tribunales. Al arrancar, hizo lo esperable. Buscó responder técnicamente las acusaciones de cada querella. Del CELS, de Justicia Ya!, de la organización KAOS y de la fiscalía de Alejandro Alagia que pidió la acusación por genocidio y a quien le propinó todo tipo de piropos. Mientras al Tribunal le dirigía gentilezas del tipo “vuestra excelencia”, se descargaba sobre Alagia por su presunto tono “dogmático” en el alegato, ironizaba al nombrarlo entre los autores de alguna publicación con Raúl Zaffaroni, y llegó a decir que su presentación era “impredecible y engañosa”.

El nudo del cuestionamiento a las acusaciones fue que no hayan atado los acusados con cada hecho: “No es lo mismo manejar un vehículo –dijo– que realizar una investigación o pedir información en la picana”. Para las querellas el tema es menor: la lógica de la acusación contempla la autoría funcional por la que no es posible torturar si antes alguien no hizo un secuestro y eso habla de la necesaria división de tareas de los espacios de la muerte.

Los ejes complicados de su relato, sin embargo, no estaban ahí. Sino en la mirada presente sobre el pasado. Para retrucar la idea de genocidio, elevó a la categoría de verdad inamovible la Causa 13 que según Blanco construyó un relato que no es compatible con la acusación pretendida en el juicio. Luego, avanzó con los dos demonios. Como con Cámpora, volvió a cargar las tintas sobre las actividades de los militantes. Otro avance fueron los testimonios de las víctimas. Se quejó porque los testimonios deberían hacerse sin pasión ni interés alguno. Versión que sustentó en muchísimos teóricos. Y explicó que el problema de los testigos fue que dijeron cosas como “ratas”, “asesinos” o “violadores”. Y aclaró que también así lo había hecho la defensa. También habló de la psicología forense para cuestionar silencios o desorganizaciones de los relatos. Durante los silencios –arriesgó en una de las hipótesis más peculiares– un testigo podría no estar rememorando, sino inventando aquello que debe decir.

Se sabía. Los querellantes esperaban dureza, pero no esa. La abogada cuestionó la verosimilitud de algunos fragmentos de los testigos, como el caso de uno de ellos que dijo que durante sesenta días había estado sin defecar. Dijo ella: es técnicamente imposible. Habló de medicina. Dijo que no podía ser así. Y ese testigo, que estaba presente en la sala, decidió mirarla. Más tarde, recordó, por si acaso, que no fueron 60 días sino 64.

Julio Simón alias el “Turco Julián” es uno de sus defendidos. Pidió permiso para ir al baño dos veces. La primera consiguió un cuarto intermedio para todos. La segunda, se paró solo. Un policía le puso uno de los muchos grilletes que tenía preparado para la tropa.

Blanco avanzó sobre los organismos de derechos humanos. Cuestionaba el valor de la prueba por el paso del tiempo. Decía que el problema de la prueba era que había sido colectada por los organismos de derechos humanos, reunidos en cónclave. Admitió que lo habían hecho por la “inacción del Estado”. Pero dijo que se reunieron en “colectivos” para “hacer estas investigaciones que ahora someten a la Justicia con la pretensión de que sean validadas”. Y dijo, de paso, que con eso la Justicia era dócil.

Entonces, pasó a los lugares de construcción de la memoria. Criticó la eficacia de la recolección de pruebas de la Conadep porque “colaboraba” con las víctimas al darle datos para saber dónde estuvieron detenidos. Y dijo que el Estado “puso procesos de reconstrucción de verdad en manos de las víctimas” y que eso construye “una verdad sesgada”.

El abogado querellante Rodolfo Yanzón intentó detenerla en algún momento. Sabía que procesalmente no podía. Pero lo intentó. Los jueces lo pararon en seco.