La oposición redobló su embestida contra las primarias abiertas simultáneas y obligatorias: desde todos los sectores que supieron integrar el Grupo A pusieron en duda la posibilidad y la conveniencia de poner en práctica la reforma política aprobada por ley en 2009. “No hay ninguna razón para no implementar la primaria”, salió al cruce el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que respondió las críticas recibidas tanto desde el ámbito político como del judicial, ya que la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría volvió a denunciar que es “imposible” actualizar el padrón a tiempo para el 14 de agosto, fecha prevista para los comicios.

“Hay muchas dudas alrededor de estas internas, somos muchos los que tenemos dudas acerca de su viabilidad”, manifestó, casi como un portavoz del colectivo opositor, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que opinó que el cronograma previsto por la ley aprobada en 2009 “es bastante confuso”. Su primo Jorge Macri, precandidato por el PRO a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró que “los plazos entre las elecciones primarias y las elecciones generales son muy apretados teniendo en cuenta los tiempos que se requieren para una elección tan grande”.

Desde la Casa Rosada, Randazzo replicó este argumento, sosteniendo que la fecha de realización de los comicios figura en el texto de “una ley que nació tras una discusión con todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que fue aprobada con las mayorías especiales necesarias” por tratarse de un tema electoral. “Nuestra tarea es hacer cumplir lo que dice la ley”, agregó el funcionario, que además cargó contra el líder del PRO: “No son internas, como dice Macri, y siento vergüenza ajena. Son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias; las internas las define cada partido”.

Justamente, un espacio que planea organizar sus internas antes de las primarias es el radicalismo, que –aunque es una de las fuerzas menos críticas ante la nueva ley– aprovechó el tema para pegarle al Gobierno. Es el caso del senador y precandidato presidencial Ernesto Sanz, que sostuvo que, en todo caso, las primarias “no deben ser en agosto” y que “el propio gobierno ha generado incertidumbre” sobre su realización. En verdad, desde el oficialismo el mensaje ha sido siempre el mismo: que los comicios preliminares se llevarán a cabo el 14 de agosto, tal como indica la ley.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que se trata de “una ley no debatida suficientemente” y “de imposible cumplimiento”. Las mismas palabras utilizó su otrora socia Margarita Stolbizer, que además acusó al gobierno nacional de “manejar el proceso electoral y las reglas a su antojo”. Desde el Peronismo Federal, el diputado Gustavo Ferrari sostuvo que “está claro que especulan (en el oficialismo) con sus tiempos de la política para resolver qué les conviene hacer con la Reforma Electoral que habían diseñado como traje a medida para su continuidad”.

En respuesta a estos planteos, el ministro Florencio Randazzo aseguró que “la ley está absolutamente operativa” y que sólo falta terminar “la reglamentación de la distribución de la publicidad política audiovisual”. El funcionario señaló “una actitud refractaria de algunos candidatos que quieren dejar que la decisión de su candidatura quede sometida a las estructuras partidarias que ellos conducen”. O en otras palabras: “Tienen miedo de someter su candidatura a la consideración del conjunto de la ciudadanía”.

Mientras tanto, la jueza María Servini de Cubría volvió a insistir con que es “imposible” actualizar el padrón electoral a tiempo para cumplir con los plazos que exige la ley a causa de un “problema burocrático” que se manifestará en aquellos distritos que tienen más de un millón de electores. En respuesta, el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, recordó que “por primera vez en la historia no hay feria y están funcionando los juzgados electorales” durante todo el verano “para actualizar el padrón”.