[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.

A tiros

La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que “los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone “la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas” y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, “deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. “Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida”, explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía “dejó que robaran el tren por una hora” pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, “el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira”. En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.

Excavaciones

Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.

La cortadora de césped

Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman “la cortadora de césped”, por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: “Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer”, dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: “Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales”. Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, “hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos”. Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería. (Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna).