El gobierno nacional impidió el ingreso de “carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue utilizada el lunes pasado por la Consejera de Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al solicitar autorización para que un camión con acoplado pudiera ingresar a la plataforma operativa. El enorme C17, un carguero Boeing Globmaster III, más grande que los conocidos Hercules, llegó en la tarde del jueves con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar durante todo febrero y marzo. El gobierno estima que el costo total del transporte y el curso ronda los dos millones de dólares. El curso estaba autorizado por el gobierno argentino, pero cuando el personal chequeó que el contenido de la carga coincidiera con la lista entregada de antemano, aparecieron cañones de ametralladora y carabina y una extraña valija que no habían sido incluidas en la declaración. Aunque el curso estaba destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima.

Doce expertos militares

La nota que la embajadora Vilma Martínez envió en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, quien por entonces también se encargaba de la seguridad, recordaba que la primera fase del entrenamiento al GEOF para el rescate de rehenes se había realizado en abril, “por lo cual se nos solicitó realizar otro más avanzado”. En otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que había asumido el cargo cinco días antes, Vilma Martínez le informó que Alak había aprobado la realización del curso y que para dictarlo llegarían doce “expertos militares estadounidenses”. Cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, durante los meses en que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato a cargo del Poder Ejecutivo. No los hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 2009, bajo el actual gobierno. El nuevo curso, de cinco semanas, estaba programado para agosto de 2010, pero debió postergarse por un episodio similar. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo, lo cual muestra los conflictos que esta práctica produce dentro del propio gobierno estadounidense. “Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina. Por orden de la presidente CFK, funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Planificación Federal y de Seguridad, de la AFIP y de la Aduana supervisaron el procedimiento. Luego se sumaron técnicos de los ministerios de Salud y del Interior.

Los muchachos de la valija

En su libro ya clásico The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military, publicado en 2003, la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describió la dramática primacía del Pentágono en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Este desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados Unidos intenta exportarlo a los países bajo su influencia, que son casi todos. Como ya había caído la noche del jueves, Cristina ordenó precintar la valija y reanudar la tarea al día siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería y el ministerio del Interior enviaran al lugar personal técnico capacitado para entender de qué se trataba. Durante seis horas del viernes, varios de los marines de los Estados Unidos se sentaron en forma rotativa sobre la valija, lo cual sugiere la importancia que le asignaban a su contenido. Según los estadounidenses se trata de software y material sensitivo para la seguridad. Un coronel dijo que no debía abrirse a cielo abierto porque podría revelar secretos a los satélites que sobrevolaran en ese momento. El avión también contenía una caja con merchandising para regalar a los policías argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras baratijas. El canciller Héctor Timerman permaneció casi todo el día en el aeropuerto, junto con el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, en cumplimiento de instrucciones presidenciales, junto con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Aduana y de la AFIP y con los principales directivos de las direcciones de Informática, de Tecnología y Seguridad y de Sistemas del ministerio del Interior. También intervinieron dos inspectoras del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Tomó intervención el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Estrada. La embajada retiró del aeropuerto a su personal jerárquico y se negó a consentir la apertura de la valija. Luego de un día completo de tira y afloje, Timerman informó que usaría sus facultades legales para abrirla. Lo acompañaba la oficial principal Patricia Adrianma Rodríguez Muiños, de la sección Importaciones de la Policía Federal, a la que estaba dirigida la carga. Al comprobar la decisión oficial de proseguir, y vencido el plazo final de una hora que fijó Timerman, la embajada pidió diez minutos de prórroga hasta el arribo a Ezeiza de la jefa de prensa, Shannon Bell Farrell. Tanto ella como el agregado Stephen Knute Kleppe dijeron que no tenían la clave del candado, por lo que Timerman dispuso que la Aduana lo cortara con un alicate. Cuando ello ocurrió, en la tarde del viernes, aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. Entre el material había tres aparatos encriptadores para comunicación. Dentro de la valija secreta también apareció un sobre supersecreto, de tela verde. Como el personal de la embajada dijo que no tenía la llave del sobre, también fue abierto por medios expeditivos. En su interior se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como “Secreto”. Códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos. Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado por país”. Ninguno de esos materiales coincide con las especificaciones que la embajada envió a la Cancillería sobre la índole del curso que debía impartirse para el rescate de rehenes. Luego de presenciar esos hallazgos, los funcionarios de la embajada decidieron retirarse, pese al pedido oficial para que permanecieran allí, y no firmaron el acta. El jueves el coronel Alcott dijo que no sabía que algo similar hubiera sucedido en ningún lugar del mundo. Las armas y la valija no declarada fueron requisadas y mañana lunes 14 continuará la verificación de su contenido. Por ejemplo, los antibióticos, antihistamínicos, complejos vitamínicos, protectores solares y hormonas hallados, estarían vencidos según la información de sus envases. Pero el gobierno quiere verificar si se trata de los medicamentos que dicen los envases y si es cierto que están vencidos. El resto del material, que coincidía con la declaración previa fue transportado en un flete de la embajada hasta la sede de la Policía Montada en la calle Cavia. Al cierre de este artículo fuentes de la embajada dijeron que en Washington se estaba preparando un documento con la posición oficial y que consideraban que el entrenamiento sería suspendido. El Departamento de Estado citó al embajador argentino Alfredo Chiaradía y le expresó su “sorpresa” por el procedimiento ya que “Estados Unidos desea mantener relaciones amistosas con la Argentina”. Curiosa forma de lograrlo. Cualquier argentino, civil o militar, que intentara ingresar armas y drogas no declaradas a los Estados Unidos iría preso en forma inmediata.