La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó ayer la suspensión de todos los viajes al exterior de fuerzas de seguridad para hacer cursos de capacitación hasta tanto sean revisados sus contenidos, los países y organismos que los dan y todos los detalles sobre el financiamiento. Garré les dio una semana a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que presenten el plan de cursos y está decidido que el ministerio suspenderá la participación argentina en cualquier capacitación en materia de seguridad en que los profesores sean militares. La medida de Garré está directamente relacionada con lo ocurrido con el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía a militares norteamericanos para instruir a integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) en casos de secuestros y toma de rehenes. El concepto del Poder Ejecutivo –y así está explicitado en las leyes– es que las actividades militares son muy distintas a las de seguridad, por lo cual no corresponde que las policías sean formadas por militares.

Como se sabe, el gigantesco C17 Boeing Globemaster III que aterrizó hace diez días en Ezeiza venía a un curso de capacitación que en su momento fue convenido por el ministro de Justicia, Julio Alak, y que por esa razón fue autorizado en enero por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, hubo una discrepancia entre los materiales declarados por los militares de Estados Unidos y los que realmente trajeron en el avión, lo que determinó la suspensión del curso, el regreso del gigantesco aparato a Estados Unidos y un expediente judicial por las irregularidades. A esto se suma la polémica decisión de la Policía Metropolitana de enviar a sus efectivos a cursos en la International Law Enforcement Academy (ILEA) en El Salvador, una especie de nueva Escuela de las Américas, célebre por haber formado a los militares golpistas de todo el continente. Costa Rica ya había negado el permiso a la ILEA para instalarse porque requería, entre otras cosas, el otorgamiento de inmunidad a los militares norteamericanos que son instructores de los cursos.

Garré decidió tomar las riendas de todo lo que tiene que ver con la capacitación de las fuerzas de seguridad en la Argentina y en el exterior y por lo pronto suspendió hasta tener analizados al detalle los cursos en los que pretenden participar los efectivos argentinos. La Policía Federal intervino en 112 cursos o congresos en el exterior durante 2010, la Prefectura en 360, la Gendarmería en 82 y la PSA en 33. Una desmesurada proporción de los seminarios de formación se hacen en Estados Unidos, aunque en los últimos años empieza a pesar el intercambio con Brasil.

El primer paso resuelto por el Ministerio de Seguridad es elaborar lo que se llama el PACE, Plan Anual de Comisiones al Exterior. Significa que Garré dio la orden de frenar cualquier participación en cursos, seminarios o formaciones en el exterior hasta tanto ella y su equipo analicen las características de esos eventos.

Algunos de los elementos determinantes del análisis y que llevarán a decidir si se aprueba la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad argentinas en los cursos serán los siguientes:

- Que los instructores no sean militares. El Poder Ejecutivo rechaza en forma tajante la mezcla entre actividades de seguridad y actividades de defensa. La distinción será categórica y no concurrirán policías, gendarmes o prefectos argentinos a cursos dados por militares.

- Se buscará un nítido compromiso de las entidades que organizan esos cursos con el concepto de democratización y transparencia de la seguridad, además de respeto a los derechos de los ciudadanos.

- Tiene que haber cierta ecuanimidad en las proporciones de los destinos, esto es Estados Unidos, Europa y, desde ya, los países del Mercosur. En el Ministerio de Seguridad consideran vital la coordinación de los países del Mercosur en los temas de seguridad, en especial la trata de personas, el narcotráfico y el delito que, de hecho, más muertes produce: el robo de autos.

La idea de Garré no es limitar la concurrencia de los cuadros de las fuerzas de seguridad a los cursos y seminarios del exterior, sino más bien lo contrario. Uno de los acentos está puesto, justamente, en la profesionalización, en lograr bases teóricas y científicas para las tareas investigativas. Pero el punto clave es quién da los cursos, dónde y, sobre todo, cuál será el contenido. Como informó en este diario Horacio Verbitsky, el curso sobre crisis y toma de rehenes, en cuyo marco se produjo el incidente del avión norteamericano, iba a ser dado por doce expertos militares. Eso llevaba, casi en forma automática, a reforzar la idea de una militarización de la seguridad interior.

Desde hace años, se viene produciendo una fuerte presión de Estados Unidos para que las fuerzas militares intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner rechazaron esa concepción y hubo reclamos de fuerzas de la derecha argentina para que se convoque a militares, por ejemplo, para que patrullen el Gran Buenos Aires. Los distintos papeles de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad quedaron establecidos en la Ley de Defensa de la época de Raúl Alfonsín, la Ley de Seguridad Interior, del gobierno de Menem, y la Ley de Inteligencia promulgada por De la Rúa. La orden taxativa de Garré será respetar esa distinción y ello lleva a que los efectivos no participen en los cursos dados por militares.

Cuando el lunes 28, las cuatro fuerzas de seguridad entreguen sus respectivas propuestas de comisiones al exterior, habrá una evaluación de cada uno de los cursos, congresos y seminarios, y recién después de ese paso la ministra emitirá las autorizaciones que correspondan.