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En estas semanas se ha hablado y escrito mucho acerca del drama que persigue a esta sociedad, aun cuando nos propongamos vivir democrática y fraternalmente. La muerte, el asesinato de quienes piden o defienden sus derechos más elementales (la tierra, la vivienda, la educación...), nos persiguen como un espectro de aquello que muchas veces solimos ser durante nuestra complicada historia. Pues no sólo nos persigue la sombra de la tremenda experiencia reciente de 1976-1983 sino los fusilamientos de Trelew (1973), la masacre de José León Suárez (1956) y podríamos remontarnos hasta el exterminio de Julio A. Roca. Por todo esto hemos sostenido varias veces que hay que terminar con la ominosa costumbre de matar del Estado argentino.

Las últimas semanas hubo cuatro nuevas víctimas (porque el policía también fue una víctima) en ese lugar donde hasta hace algunas décadas se hubiese llevado a cabo una operación silenciosa, oscura y se le hubiese echado la culpa a un supuesto gran perro o serpiente que solían llamar El Familiar y que se alimentaba de sangre de los pobladores rebeldes de los ingenios. Eran tiempos del patrón Ovejero o del propio Arrieta, que hasta su muerte en 1971 manejaba el ingenio como una gran hacienda. A los Blaquier (casado Carlos Pedro con Nélida Arrieta) les han tocado otros tiempos, donde tienen que valerse de sus contactos políticos, judiciales y periodísticos para cuidar “la propiedad privada” de su imperio; cuidarla de los pobladores que les reclaman tierras que pertenecieron a sus ancestros y encima ahora con legislación internacional a su favor. Por eso hoy hacen gala del gran negocio con “tecnología de punta” llamado bioetanol y ya no usan los dispositivos represivos de antaño. Ni “apagones” ni leyendas, la represión a pleno sol llevada a cabo por la policía que es la que, dado un sentido común ramplón, “tiene licencia para matar”. Lo que el candidato Duhalde denomina, didácticamente, el “orden”.

De las personas asesinadas en estos últimos años hay una que deseamos recuperar por muchas razones: Javier Chocobar. Recordemos que se trató del asesinato llevado a cabo por un inversor, que junto a sus “matones” osaron filmar el desalojo de una comunidad diaguita en los valles tucumanos y quedó registrado hasta el propio asesinato de Don Chocobar. Se trataba de un anciano respetado que simplemente venía caminando por el sendero para ver qué pasaba con su familia y sus amigos ante las camionetas con civiles armados que los estaban hostigando desde tiempo atrás. Es interesante observar en los videos (que se encuentran muy fácilmente aún en YouTube) cómo frente a las cámaras fotográficas de la comunidad para registrar el “matoneo” y la violencia, quienes filman desde las camionetas comentan: “Sacan fotos, hmmm... no sé para qué sacan fotos si ya nadie les da bola en los tribunales”. ¿Por qué tanta impunidad? Ese es el interrogante.

Hoy, en el caso emblemático del “innovador” inversor Blaquier en Jujuy, como en los mucho más toscos inversores con matones a sueldo en Tucumán o Santiago del Estero, el Estado democrático tiene que reaccionar y no sólo repudiando sino llevando los juicios penales a buen puerto. El juicio del asesinato de Javier Chocobar ha avanzado muy poco, creen que el tiempo trae olvido y el recuerdo de los comuneros “no cuenta”. Muchos nos empeñamos tenazmente en recordar estos hechos y machacar que ameritan justicia para un nuevo “Nunca más” y lo hacemos porque nos apegamos a la vida como el sentido esencial de todo derecho humano. El recuerdo sistemático de los 43 asesinatos del período De la Rúa-Duhalde, estos que ya suman demasiados, el compromiso de seguir pidiendo los juicios, dejar sus nombres en los libros, en filmaciones, artículos, canciones, es una responsabilidad con este nuevo tiempo donde la matriz colonial se muestra en su más antigua y atroz cara disfrazada, como siempre, del discurso “modernizador” que hoy recibe el nombre de “agronegocio”.

* Socióloga, Instituto Gino Germani (UBA).