Quedará suspendido hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir antes de que se cumplan 180 días hábiles.
Imagen: Gentileza Diario El Sol de Mendoza

En Tribunales, en territorio de la Justicia en general, esperar es costumbre. Es un dato insalvable, casi naturalizado, que la realidad depara. Esperar un trámite, un papel, un fallo. Los organismos de derechos humanos y las víctimas que ayer llenaban buena parte de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura tuvieron que aguardar cerca de dos horas a que empezara esa reunión plenaria que tanto ansiaban. Era, de todos modos, la prolongación de un continuo que llevaba más de un año y medio, cuando una medida cautelar frenó casi todo lo que habían avanzado en sus denuncias contra jueces de Mendoza por complicidad con la última dictadura. Pero ellos apostaron a convertir ese paréntesis en un tiempo activo, en el que sacaron a la luz sus historias y las de otros ex detenidos-desaparecidos ignorados por ciertos integrantes del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, cuyo auxilio ante el secuestro y la tortura nunca llegaba y devenía en una de las más crueles esperas. Cerca del mediodía, cuando el público se acomodaba para escuchar largos discursos, el Consejo sorprendió con una decisión expeditiva: sin mediar discusiones aprobó por unanimidad la “inmediata suspensión” y la apertura del juicio político del camarista federal mendocino Otilio Romano, a quien le adjudicó una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.

Romano quedará suspendido como camarista hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir –según la Constitución– antes de que se cumplan 180 días hábiles contados a partir de la sesión de ayer. La decisión del Consejo señala sospechas de “mal desempeño” y la “posible comisión de delitos” en función de un dictamen que propuso el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien estuvo al frente del expediente. A su vez, este consejero se basó en los fallos judiciales, de primera instancia y de Cámara, por los que Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata (ver testimonios aparte), e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A.

La acusación y suspensión fueron votadas por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo: el camarista laboral y presidente del cuerpo, Mario Fera; el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; los senadores kirchneristas Ada Iturrez y Marcelo Fuentes y el radical Mario Cimadevilla; el diputado oficialista Carlos Moreno y el de la UCR Oscar Aguad, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky. Este último, un mendocino que había sido cuestionado por vínculos con el acusado, apoyó la suspensión, pero acotó que había que investigar y juzgar por igual a jueces que pudieran tener “claudicación en la independencia judicial” cualquiera fuera el gobierno de turno. Los únicos ausentes fueron el camarista Ricardo Recondo –asumido militante antikirchnerista y referente de la Asociación de Magistrados– y la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, de campaña por Tucumán, donde es candidata a gobernadora.

En el recinto, que desbordaba de gente, estaban la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini; el subsecretario de Gobierno, Ariel Pringles; representantes de organismos de derechos humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –que impulsó la causa–, algunas de las víctimas que comprometieron a Romano con sus relatos, el abogado Rodolfo Yanzón y Angela Urondo, secuestrada junto con sus padres, el escritor Paco Urondo, asesinado, y Alicia Raboy, desaparecida. Había un grupo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y unos cuantos curiosos del Poder Judicial. A medida que los consejeros encendían su micrófono y anunciaban su voto, la platea iba ganando sonrisas, que terminaron en un intenso aplauso ante el anuncio de la suspensión.

Si hay algo que desconcierta a los mendocinos es haber pasado de ser una de las provincias más rezagadas en los juicios de lesa humanidad, con record de represores sueltos, a tener audiencias y condenas y en menos de un año dos jueces suspendidos por haber actuado en complicidad con la maquinaria dictatorial. Uno de ellos, Luis Miret, juez durante la última dictadura, fue destituido en marzo último. Tenía imputaciones y hechos en común con Romano, quien en forma contemporánea era fiscal. El caso de Miret abrió un nuevo ciclo donde crece el número de investigaciones que involucran a jueces en acciones colaboracionistas con la dictadura y/o en conductas tendientes a evitar el juzgamiento del terrorismo de Estado aún en la actualidad. Pero Romano recurrió a todo a su alcance para frenar su juicio penal y su proceso de destitución, y lo logró por un tiempo: con una medida cautelar de un conjuez abogado puso stop en el Consejo hasta hace poco. En la causa judicial hizo apartar al juez que lo procesó, algo que llevó meses revertir. Los consejeros Ordiales y Moreno, que fueron fiscales en el jury a Miret, también lo serán en el juicio a Romano.

El dictamen acusatorio aprobado propone siete cargos contra Romano, que precisan algunos casos concretos de omisión de denuncias y requerimiento de medidas, pero confluyen en una conclusión: “La conducta omisiva del Dr. Romano respecto de delitos de lesa humanidad resulta sistemática, ya que no se reduce a uno o pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un patrón de conducta, un modus operandi, y por otra parte resulta prolongada, ya que ha perdurado en el tiempo. Ello se registra no sólo (...) entre 1975 y 1983 sino que (...) hasta el día de hoy nada hizo el juez Romano para promover la investigación de los delitos de los que tuvo conocimiento mientras se desempeñaba en el cargo de fiscal federal de primera instancia, sin perjuicio de haber continuado ininterrumpidamente siendo funcionario, ya sea como miembro del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación”.