Un ex funcionario encargado de habilitaciones, imputado por su responsabilidad en la tragedia de Beara, es uno de los noventa aspirantes para cubrir diez cargos de juez en lo contenciosoadministrativo de la Ciudad y se apresta a dar un examen –como para que no olvide su situación– el 9 de septiembre, horas antes de que se cumpla el aniversario de las muertes ocurridas en el derrumbe del boliche de Palermo. Se trata de Martín Farrell, quien renunció como director de Habilitaciones en noviembre pasado, pero desde enero ocupa un cargo en la Procuración General de la Ciudad. En los últimos días apareció vinculado con una investigación que involucra a funcionarios, abogados y gestores en una red de tráfico de influencias para habilitar comercios o evitar inspecciones. Para dar explicaciones sobre ese caso, hoy debe presentarse en la Legislatura el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez.

Farrell es un cuadro técnico y político del PRO: en diciembre pasado participó de un encuentro de dirigentes y funcionarios del “macrismo puro”, en el hotel Panamericano, presidido por el titular del partido, José Torello, y del que participaron funcionarios jóvenes.

Desde el comienzo de la gestión PRO ocupó un lugar clave en la era post Cromañón, la Dirección de Habilitaciones, encargada de los permisos para el funcionamiento de boliches y salas de espectáculos, y de autorizar eventos masivos.

En 2009 comenzó a cosechar denuncias. La más notoria, por “omisión de recaudos”, cuando autorizó la venta de entradas para el recital del grupo de rock Viejas Locas, en Vélez, dos meses antes de que se fijara qué cantidad de público podía ingresar. Antes del concierto, un chico sufrió golpes que le provocaron la muerte.

Por una conducta similar, un fiscal denunció a Farrell en 2009 por autorizar un recital de la cantante Laura Pausini, en el club GEBA. En mayo de ese año, el hombre de la “habilitación fácil” había autorizado un concierto del grupo Green Day en el Parque de los Niños, un espacio público en Núñez, sin la autorización del ministro de Ambiente y Espacio Público, del que depende el parque. El recital se tuvo que hacer, finalmente, en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.

También fue denunciado por la habilitación irregular del exclusivo restaurant Kansas, en el Hipódromo de Palermo, que venía de funcionar durante cinco años en forma clandestina. En muchos de estos casos hubo sospechas de favores non sanctos, no demostradas en la Justicia, pero que parecieron avaladas por la reciente investigación del juez Juan Ramos Padilla: intervenciones telefónicas permitieron descubrir una red de tráfico de influencias, integrada presuntamente por abogados, gestores y funcionarios. En las escuchas aparece grabada la directora de Verificación y Control, Vanesa Berkowski, que renunció tres días después de que la investigación fuera publicada en Página/12. También se mencionaba en las escuchas a Farrell e Ibáñez.

Lo más sorprendente, en esa misma investigación, es que el abogado Matías Pantarotto, presunto integrante de la organización, hace alarde en las escuchas de haber logrado la habilitación de Beara, gracias a sus influencias. A Berkowski y Pantarotto el juez les concedió la eximición de prisión, al igual que a otros dos imputados.

Por la habilitación de Beara, el fiscal Andrés Madrea pidió la declaración indagatoria de Farrell y de otros dos funcionarios de menor rango. Les imputa responsabilidad en lo que, considera, fue un “estrago doloso agravado por la muerte de dos personas”, pues concedió la habilitación como salón de fiestas pese a que Berkowski le había sugerido que no lo hiciera. Es que, tras varias inspecciones, la funcionaria había detectado que Beara, habilitada hasta entonces como bar, desvirtuaba ese rubro para organizar bailes y fiestas.

El pedido de indagatoria, del 23 de septiembre pasado, aún no fue respondido por la jueza Alicia Iermini. Cuando lo haga, tal vez el imputado ya tenga fueros judiciales.