El Jurado de Enjuiciamiento se reunió ayer para encaminar los trámites del juicio político al camarista mendocino Otilio Romano, que huyó a Chile el 24 de agosto pasado, un día antes de terminar suspendido en su cargo por haber actuado como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado. Los integrantes del jury hicieron cálculos para acelerar el enjuiciamiento respetando todos los pasos y plazos y estimaron que podría comenzar entre fines de octubre y noviembre. Las audiencias se pueden hacer en ausencia del acusado. Mientras tanto, el juez Walter Bento analiza –en función de un planteo del fiscal Omar Palermo– la posibilidad de pedir la captura internacional y detención de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe primario en 103 casos de secuestros, torturas, desapariciones y otros delitos de lesa humanidad.

Todo indicaría que el dilema del juez Bento pasa por un punto: si Romano tiene o no inmunidad de arresto. Para que pierda formalmente su cargo tiene que destituirlo el jury de enjuiciamiento, y para eso habrá que esperar todavía algunas semanas. Sin embargo, el fiscal Palermo considera que ya no goza de la protección de los fueros y por eso pidió su captura y detención en un dictamen de catorce páginas. Sostuvo que la “inmunidad de arresto” es “una protección a la función judicial”, pero “en modo alguno puede blindar de impunidad a la persona del funcionario”. Señaló que la suspensión de Romano y las pruebas en la causa penal muestran que con su fuga “está eludiendo la acción de la Justicia”. “La inmunidad –sostiene el fiscal– ya no protege a la función que ha sido abandonada por el propio enjuiciado” y “se está volviendo el instrumento garantizador de la impunidad” frente a los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.

Apurar el paso del jurado de enjuiciamiento despejaría un punto de discusión, si es que el proceso terminara, como se perfila, en la destitución. Por ahora, la situación real es que Romano tiene ocho meses de visa transitoria para estar en Chile, mientras el gobierno vecino analiza si le da el asilo político que pidió. Ayer tenía la posibilidad de presentarse a dar argumentos ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, pero no lo hizo. El presidente de la Corte Suprema chilena, Milton Juica, dijo ayer que si bien hay un mecanismo político ante pedidos de refugio, “también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos para el pedido de extradición correspondiente”. Es decir, el juicio de extradición se hará sólo cuando haya un pedido de algún juez argentino y de todos modos podría llevar varios meses.

“La importancia de que el juez Bento pida la captura y detención es que eso garantiza dos cosas: que Romano se queda sin refugio, porque Chile debe aplicar las convenciones contra la tortura, las desapariciones forzadas y de refugiados, que excluyen de ese beneficio a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Pero además, aunque demore la extradición, podría quedar detenido en territorio chileno”, le dijo a Página/12 el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, impulsor de las causas contra el camarista suspendido.

Bento le pidió ayer al Consejo de la Magistratura que le notifique en forma oficial la situación de Romano. Enseguida le contestaron que está suspendido y se debe sustanciar el juicio político. Una de las variantes que analiza el magistrado es exigir a Romano su inmediata comparecencia en la causa. En despachos judiciales mendocinos y organismos de derechos humanos temen que si nadie pide su captura, escape de Chile a otra parte.

En la reunión de ayer, el jury, que preside la jueza tucumana Alicia Noli, pasó en limpio la situación y calculó cuál sería la fecha más próxima en que podrían comenzar las audiencias. Como Romano no se presentó ni puso abogados, le asignaron una defensora oficial, Fabiana León. Le notificaron la acusación y tiene diez días para contestar, que se cumplen la semana próxima. Luego hay 15 días para la producción de pruebas y luego un mes para las partes. A menos que alguien desista de algún paso, es difícil que el proceso comience antes de noviembre. El jurado, de todos modos, apuesta a dictar sentencia antes de fin de año. Si Romano no es expulsado de Chile ni vuelve al país, León lo representará en el juicio político.

En el Congreso, los diputados Diana Conti, Remo Carlotto y Adela Segura presentaron un proyecto para repudiar la fuga de Romano. En el texto dicen que es “indispensable que Chile devuelva a Romano” para juzgarlo. En Mendoza, presentó un proyecto de repudio el diputado justicialista Gustavo Arenas.