“Cinco años sin culpables ni sospechosos, cinco años de impunidad”, fue una de las consignas.
Imagen: DyN.

”Toda esta gente está peleando por un bien común”, le dijo Ramón a su hijo Agustín, que miraba pasar la marcha sentado sobre sus hombros. Pero como su cara evidenciaba que desconocía los motivos de la movilización, una militante abandonó la columna de su agrupación y le entregó un volante. Al rato, ya en la mesa de un bar de la Avenida de Mayo, leían juntos que ayer se cumplieron cinco años de la desaparición de Jorge Julio López, el sobreviviente de la dictadura que atestiguó contra el genocida Miguel Etchecolatz y fue secuestrado pocos días antes de la sentencia en aquel juicio. Y que por esa razón, y para pedir “aparición con vida, castigo a los culpables y fin a la persecución de luchadores populares”, toda esa cantidad de gente iba de Congreso a Plaza de Mayo. Cuando su papá llegó a la parte que decía “cinco años sin López, cinco años de encubrimiento y silencio oficial, cinco años sin culpables ni sospechosos, cinco años de impunidad”, el chico preguntó qué es la impunidad. “Cuando pedís justicia y no te la dan”, trató de resumir Ramón.

“Es un aniversario muy duro, algunos que hablan hoy tendrían que haber actuado hace cinco años (ver aparte), pero Julio está más presente que nunca, por donde mirás está su rostro porque tratamos de reconvertir su ausencia”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, quien fuera abogada del querellante López, durante la enorme marcha que se hizo en La Plata, ciudad que fue “empapelada” con el rostro del albañil que desapareció en dictadura, sobrevivió a los campos de exterminio, lo contó ante la Justicia al acusar a sus victimarios, y nunca más apareció en democracia. Agustín exclamó de pronto “¡miren qué grandote!”. Fue cuando pasó un muñeco gigante que representaba al testigo desaparecido, mientras se armaba la cabecera de la marcha, a la altura de San José. Allí, sosteniendo la bandera de Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ), se alinearon las Madres de Plaza de Mayo (LF) Mirta Baravalle y Elia Espen, Diana Kordon (Liberpueblo), Carla Lacorte (Ceprodh), Christian Castillo y Myriam Bregman (PTS), Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Jorge Altamira (PO), José Castillo y Juan Carlos Giordano (IS), Vilma Ripoll (MST en Proyecto Sur), Héctor Heberling (Nuevo MAS) y Patricia Walsh (Proyecto Sur). Abriendo paso entre fotógrafos, cronistas y camarógrafos, megáfono en mano, Enrique Fukman y Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

“Cada 18 sentimos el mismo dolor que aquella mañana en que Julio no aparecía, cuando a las pocas horas presentábamos el hábeas corpus y decíamos que había que buscar a los secuestradores en Marcos Paz y en la Bonaerense, pero lo grave es que testigos como López se presentan, exponen su historia y su integridad física como él, mientras que son cada vez más los acusados y condenados van quedando en libertad”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, abogada de López en el juicio contra Etchecolatz y candidata del Frente de Izquierda. “La experiencia de Julio López marca que los genocidas tienen que estar en la cárcel, que el aparato represivo de la dictadura sigue impune y en funciones, como demostramos en la causa ESMA, que 3100 suboficiales de la Marina de esa época están en actividad, así como 9 mil policías en la Bonaerense. Todo esto sobreexpone enormemente a los testigos y nadie puede hablar de protección si todas estas personas siguen impunes y en sus casas”, agregó.

A las 17 en punto ingresó la cabecera a la plaza, ante la mirada asombrada de algunos turistas. Dos jóvenes mexicanos preguntaron “¿quién es López?”. Una señora que se había sumado con sus hijas a la marcha un par de cuadras antes le explicó que “era un albañil de 77 años que sobrevivió a la tortura y declaró contra los represores que se lo habían llevado en 1976, pero lo volvieron a desaparecer”. Uno de los extranjeros elogió que haya ese tipo de juicios. “Es que hay una decisión política”, respondió la mujer y lo despidió para seguir marchando.

A esa hora un viento fresco pulseaba con unos débiles rayos de sol, y Eduardo Nachman, hijo del desaparecido Gregorio Nachman, comenzaba la lectura del documento del EMVJ. “Acusamos al gobierno nacional y provincial de encubrir la desaparición, los responsabilizamos de usar el silencio que sostiene la impunidad, de haber renunciado a buscar y encontrar a nuestro compañero Julio, y a su obligación de detener, juzgar y condenar a los responsables”, dijo casi en el inicio del discurso. “Lo hacemos conscientes de que esto es coherente con la política represiva que implementa hacia la protesta social, porque la mano de obra genocida, así como sus discípulos presentes en las fuerzas de seguridad, están dispuestos y son utilizados para esa tarea”, agregó. Es que hace cinco años el entonces gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, León Arslanian, dijeron que aún había miles de policías en la Bonaerense que venían de la dictadura y que estaba en peligro la “gobernabilidad” de esa fuerza. “Con dolor y bronca decimos que este año fueron asesinados luchadores populares, que el gatillo fácil como instrumento de criminalización de la pobreza sigue golpeando a los jóvenes, que se persigue a dirigentes obreros a través de procesos judiciales”, leyó Nachman. Y respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, el EMVJ consideró que “la impune desaparición de Julio ha facilitado el asesinato de Silvia Suppo, los secuestros de Puthod y Gerez, y las centenares de amenazas a testigos y querellantes en los juicios contra los genocidas”.