El célebre caso Skanska, que llenó tapas de diarios y alimentó denuncias de todo tipo y color, quedó pulverizado por un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas truchas. El juez Norberto Oyarbide había procesado a la mayoría de ellos por defraudación a la administración pública y cohecho al concluir que se habían pagado sobreprecios por las obras de ampliación de dos gasoductos –una de ellas adjudicada a Skanska– y que la aparición de operaciones simuladas en recibos falsos indicaba el pago de comisiones indebidas. Sin embargo, el tribunal de alzada sostuvo que la contratación se hizo a precios de mercado y que no hay prueba de coimas. “A casi cinco años de investigación y descartada la hipótesis de defraudación, el cuándo, dónde, cómo, cuánto, quién y a quién y el porqué del supuesto cohecho se revelan como preguntas vacías, huérfanas de toda base material, es decir, de cualquier referencia objetiva”, dice el fallo para ilustrar que los jueces no encontraron delito alguno.

Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del E-nargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas, entre ellos Adrián Félix López, que manejaba Infinity Group y suministraba documentación a la constructora sueca. Las declaraciones de López –que estuvo preso– en los medios y la Justicia favorecieron la pista de los supuestos sobornos cuando apuntó a funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido.

El fallo puede ser apelado por la fiscalía de cámara, pero en tribunales casi todo el mundo da la causa por terminada. Sólo para algunos personajes podría continuar la investigación, en especial cuando la Cámara de Casación destrabe una pelea de competencia entre Oyarbide y el juez tributario de Javier López Biscayart, precisamente el que halló las operaciones inventadas para disimular salidas de dinero. Uno de los que quedó en esa zona judicial gris es Ulloa, que conectó a Skanska con Infinitiy, igual que todas las “usinas de facturación”.

La causa en el fuero federal se abrió por una denuncia del diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez y creció cuando salió a la luz una supuesta auditoría interna de Skanska en la que fueron grabados ex gerentes hablando de “comisiones indebidas”. El primer juez fue Guillermo Montenegro, que después se pasó a la política. Luego quedó Oyarbide. La Sala I descartó las grabaciones como prueba por considerarlas “parajudiciales”. Oyarbide dictó este año los procesamientos con la conclusión de que, por ejemplo, para la construcción de plantas compresoras el Estado había avalado el pago injustificado de 150 por ciento más de lo presupuestado originalmente por TGN de acuerdo con lo pautado por las contratistas. Se contrató por 82 millones de pesos. El juez deducía también, aunque sin pruebas de la ruta del dinero, que los 15 millones de pesos que salieron de Skanska en operaciones inexistentes eran para coimas. Poco después un estudio de los peritos de la Corte y de parte concluyó que no se habían pagado sobreprecios y que se habían respetado los valores de mercado. Este peritaje fue tenido en cuenta en la resolución de ayer por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Es más, le reprochan a Oyarbide: “si tanto tiempo se hizo esperar la resolución de la situación procesal pese al mandato de resolver dentro de los diez días, ¿por qué no aguardó el resultado del peritaje?”.

La Cámara Federal dice que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno de 2005; y considera justificados los presupuestos que pasaron las empresas contratistas (junto con Skanska, TBU y Techint en el caso del gasoducto del Norte y Odebrecht en el del Sur) pese a que superaban a los proyectados por las gerenciadoras. Dicen en la resolución, a la que accedió Página/12, que “aun con el desfasaje entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad por él (Oyarbide) predicada es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”.

Según los camaristas el juez construyó la teoría de las coimas en el “plano especulativo” cuando “se vio frente a una vía muerta al intentar avanzar en la ruta del dinero que salió de Skanska”. Entonces “redireccionó la encuesta a averiguar si esa empresa obtuvo algo en base a lo cual debía recompensar”. Ahí cuadrarían en la lógica de Oyarbide los sobreprecios. Para la Cámara “es un debate equívoco”. “Ni la decisión de hacer las obras, ni la metodología utilizada, ni los precios acordados pueden reputarse en sí mismos delictivos ante la total ausencia de elementos que así lo indiquen”, sostuvo el fallo. Según el texto hubo un razonamiento “forzado” que “posiblemente” haya intentado “encontrarles explicación a las comisiones indebidas denunciadas en un origen”. Los camaristas aclaran que, aun así, hay “un sustrato fáctico de probable contenido delictivo: el vinculado con las operaciones simuladas (...) pese a los asientos contables de cada una de las firmas los servicios a Skanska no se prestaron pero sí se facturaron”. Esa sería la única punta sobreviviente de la pesquisa.