El Gobierno oficializó ayer, a través del Boletín Oficial, el traspaso de las tareas de control y coordinación del espacio aéreo al ámbito de la Fuerza Aérea. De esta manera, tal como anticipó Página/12, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dejará de tener incidencia en esta área concreta. La medida apunta a evitar los conflictos gremiales que suelen presentarse en las torres de control de Ezeiza, donde trabajan operadores que responden a Ricardo Cirielli, titular del gremio de los técnicos aeronáuticos (APTA). Los comodoros de la Fuerza Aérea comenzaron a ocupar posiciones, pero el proceso culminará en 48 horas. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo formalizó el pedido ante la Justicia para suspender la personería gremial de APTA. Además, convocó a la Comisión de Garantías, que tiene a su cargo definir las garantías mínimas que debe prestar un gremio cuando realiza una medida de fuerza en una actividad considerada “servicio esencial”, como la aeronavegación (ver aparte).

En el país existen alrededor de 900 controladores aéreos, de los cuales 500 eran de extracción militar hasta que se realizó el traspaso a la ANAC. En ese momento, una amplia mayoría decidió afiliarse al gremio del sector: la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (Atepsa), a cargo de Omar Torres. El pase al área civil se concretó en junio del año pasado.

Sin embargo, un grupo de 20 controladores decidió afiliarse al gremio de Cirielli. La particularidad de estos trabajadores es que realizaban sus tareas en las torres de Ezeiza –uno de los principales centros de control– y en el mismo horario laboral. “De ahí su poder de acción gremial. Son pocos pero pueden manejar el control del principal aeropuerto del país”, explicó el diputado Ariel Basteiro.

“Estamos poniendo orden y llamamos a la reflexión, no de los trabajadores, sino de los dirigentes sindicales como Cirielli, que nos complicaron muchísimo el fin de semana y que entre otras cosas le generaron un perjuicio a Aerolíneas Argentinas de más de 20 millones de dólares”, argumentó ayer Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte.

En las primeras horas de implementación del decreto 1840, la Fuerza Aérea impidió el ingreso a Ezeiza de los 20 controladores que responden a Cirielli. Esos puestos de trabajo fueron reemplazados por personal militar y por controladores de otros turnos. Si bien el traspaso a manos civiles del control de la aviación fue una medida del actual Gobierno, se decidió volver atrás con este sector en particular –el resto de la ANAC sigue funcionando como hasta ahora– a los únicos efectos de manejar una situación que parecía estar “fuera de control”.

Desde el Gobierno justificaron la medida citando el ejemplo de dos países. El año pasado, el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero implementó una medida similar, y el gobierno de Inácio Lula da Silva hizo lo mismo dos años atrás, en ambos casos por problemas con los controladores. Según indicaron a este diario fuentes cercanas al Ejecutivo, no está descartado que sea una “medida transitoria”, hasta que se “ordene” el sector.

“El conflicto que llevó adelante Cirielli tiene mucho que ver con que quiere participar en el nombramiento de los gerentes y directivos de la compañía. Si bien es una demanda histórica de los trabajadores y los gremios, llegar a una medida de fuerza tampoco parece muy lógico”, interpretó Basteiro.

Tanto APTA como el gremio de pilotos internacionales, que conduce Jorge Pérez Tamayo, apuntaron contra la gestión de Mariano Recalde y todo el grupo de gerentes y subgerentes de la compañía. Por ejemplo, el propio Cirielli calificó al gerente general Axel Kiciloff de “inexperto” y de aplicar una política “neoliberal”.

“Sentimos un ambiente de extorsión en las medidas adoptadas por el gremio que encabeza Cirielli”, concluyó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, luego de realizar la presentación judicial para suspender la personería gremial de APTA.

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