La causa penal sobre la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón quedará a cargo de un juez federal porteño y el traspaso accionario de los Graiver a esas empresas deberá ser analizado en el contexto “del ataque generalizado contra la población civil materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”. Así lo definió un fallo unánime firmado ayer por la Sala I de la Cámara Federal que asimila los hechos que están bajo la lupa con delitos de lesa humanidad. Afirma, además, que como las reuniones para concretar aquella operación –más las presiones que la habrían rodeado– ocurrieron en Capital Federal, la pesquisa debe quedar en esa jurisdicción y no en La Plata, donde se investigan los secuestros y torturas del grupo Graiver. Fue apartado el juez Daniel Rafecas y se sorteará un nuevo juzgado.

La venta de Papel Prensa fue investigada durante varios meses desde el año pasado por los fiscales de La Plata Hernán Schapiro y Marcelo Molina a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tomaron testimonios y analizaron documentación y a fines de abril de este año llegaron a la conclusión de que la transferencia accionaria de la compañía productora de papel había sido “compulsiva” y llevada a cabo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios. Dijeron que se trataba de un posible delito de lesa humanidad. Sin embargo, recomendaron mandar la causa al fuero federal porteño porque “las amenazas”, “presiones” y “maniobras extorsivas” que marcaron la entrega de la empresa ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. El juez platense Arnaldo Corazza abonó ese criterio y se declaró incompetente.

Uno de los argumentos de los fiscales era que ya se había iniciado una causa en el juzgado (porteño) de Rafecas basada en testimonios ante la Secretaría de Comercio de Lidia Papaleo (viuda de David Graiver) y Rafael Ianover (testaferro) donde relataban la venta de Papel Prensa. Pero ese juez había dicho que los hechos le parecían imposibles de escindir de la investigación de los secuestros y torturas sufridos por miembros del grupo Graiver, que siempre se sustanció en La Plata como parte del llamado “circuito Camps”. Cuando Corazza le volvió a mandar las actuaciones, Rafecas abrió otro expediente aparte. Este pequeño acto burocrático fue lo que dio pie a que opine la Sala I de la Cámara Federal, cuando el fiscal Carlos Stornelli planteó que abrir una causa nueva era una maniobra para separarlo a él del caso.

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero tomaron como referencia el razonamiento de los fiscales de La Plata y el planteo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos para fijar la competencia de la Justicia porteña. Los parafrasean al decir que “debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA que eran propiedad del grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentina (Agea) y La Razón SA”. Afirman, además, que ese traspaso se “concretó en esta jurisdicción” y es la Justicia porteña la que “debe llevar adelante la investigación”.

El fallo dice que aunque hay ciertas diferencias entre la hipótesis de los fiscales y la querella (ésta asocia la venta de la firma con los secuestros, torturas y muertes en el grupo) se respeta un “eje neurálgico de los hechos denunciados –el desapoderamiento– sin desnaturalizarlo, por cuanto aún en la versión más limitada la transferencia compulsiva de acciones fue considerada inmersa en el ataque generalizado contra la población civil, materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”. Esto implica, explicaron allegados al tribunal, que para los jueces el presunto despojo debe ser analizado en el marco de las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado, es decir, como un delito de lesa humanidad.

La venta de Papel Prensa bajo “extorsión”, según describieron meses atrás los fiscales Schapiro y Molina, se firmó el 2 de noviembre de 1976. Tanto Papaleo como Ianover declararon que firmaron sin saber a qué valor ni en qué condiciones se hacía la venta, que se fijó a un precio de 946.600 dólares. Ella relató que sólo habló con Héctor Magnetto, quien le “ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya”. En enero de 1977, un grupo de tareas entró en la casa de Ianover. En los meses sucesivos los Graiver y allegados fueron secuestrados y torturados: Papaleo, sus suegros, Isidoro, Enrique Brodsky, Lidia Brodsky, Ianover, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Jorge Rubinstein, que había sido mano derecha de David Graiver, murió por las torturas. Los demás fueron sometidos a un Consejo de Guerra ilegal que los condenó y les interdictó sus bienes en 1977 con el argumento de que daban “ayuda económica con finalidades ideológicas ilícitas a Montoneros”.

“Aunque las privaciones de la libertad, las torturas, el homicidio de Rubinstein son juzgados en La Plata, eso no impide que se considere todo parte de un continuo que incluyó coacciones y extorsiones hasta la puesta en marcha de la planta de Papel Prensa”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén. La Secretaría viene reclamando la indagatoria de Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Bartolomé Mitre, los Peralta Ramos, (Jorge Rafael) Videla, (José Alfredo) Martínez de Hoz y Raimundo Podestá. Ahora se sorteará un nuevo juez para el expediente, aunque hay quienes apuestan a que podría ser Norberto Oyarbide, que ya tuvo alguna breve intervención en el caso, y podría seguir Stornelli.