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Las voces tardaron unos minutos en empezar a escucharse. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 ya se habían ido de la sala. Los policías levantaron de la silla al dictador Reynaldo Benito Bignone, que acababa de recibir una nueva condena, la tercera, esta vez a quince años de prisión por la privación ilegal de la libertad de quince trabajadores del Hospital Posadas, donde funcionó el centro clandestino conocido como El Chalet. Recién entonces, cuando el ex presidente de facto empezó a caminar para irse de la sala, se escucharon las primeras reacciones de una sentencia que incluyó a otros dos represores, pero de la que muchos esperaban más. Cuando Bignone se acercó, de traje, a la puerta de salida, desde el fondo alguien dijo: “¡Asesino! ¡Genocida!”. Las voces gritaron en plural, les hablaban también a los otros acusados. Finalmente se cantó “como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.

La sentencia del Tribunal alcanzó a los tres acusados: Bignone, que entonces era funcionario del Ministerio de Acción Social y ordenó la intervención del hospital el día del golpe de Estado; Hipólito Rafael Mariani, que era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar y ya estaba condenado a 8 años de prisión como jefe de la Mansión Seré y llegó al juicio en libertad, y a Luis Muiño, parte del grupo SWAT, el grupo de tareas que llegó a sumar más de diez personas contratadas por el Ministerio de Acción Social a mediados de 1976, actuó bajo las órdenes del director del Posadas, reclutó a ex policías y al mismo Muiño, que había sido gendarme. Este se encargó de sembrar terror entre los trabajadores y pacientes y fue mano ejecutora de secuestros y desapariciones.

El Tribunal los condenó a todos. Además de Bignone, le dio a Mariani 8 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos de Gladys Cuervo. Y a Muiño le dio 13 años de prisión como coautor de la privación ilegal de la libertad y tormentos agravado en cinco oportunidades.

“Es una sentencia formal, pero no alcanza –dijo cuando todo terminó, Cuervo, enfermera y sobreviviente–. Este tipo de sentencia deja abiertas las puertas para la impunidad, para que todo vuelva a pasar.” En la puerta de los Tribunales de Retiro se acumulaban voces parecidas. Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, uno de los desaparecidos del Posadas, dejaba la sala convencida de que las condenas eran demasiado poco para los años de espera. Un grupo de médicos, en cambio, entendía que eran el comienzo de una ganancia. “Me voy con la sensación de que las cosas fundamentales están. Faltaron años y la acusación por homicidio, pero están”, decía Hernando Salas, secuestrado en las primeras horas del golpe y trasladado a Coordinación Federal. Alrededor, entre los enfermeros y médicos que dejaban el Tribunal vestidos con delantales de trabajo, Carlos Apezteguía, otro de los médicos, exiliado después del secuestro, decía que “faltó una condena más enérgica”, pero entendió que en el fallo “hubo un reconocimiento de que éstos fueron crímenes de lesa humanidad y un dato importante es que todos recibieron condenas”.

Para la fiscalía encabezada por Javier de Luca y Guillermo Silva, el fallo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi fue jurídicamente correcto. “Dejó escrito que hay una historia oficial de lo que pasó que el Estado reconoce –dijo De Luca–, a nosotros se nos dio la razón en casi todo lo que pedimos, y digamos que faltó decisión sobre el monto de las penas.”

La sentencia

Uno de los aspectos más objetados fue el monto de las penas. En todos los casos, el Tribunal dio menos años de lo que pidió la fiscalía y la querella representada por el colectivo Kaos. Para Bignone, que recibió 15 años, fiscales y querella pidieron 25. Para Mariani, que recibió 8 años, los fiscales pidieron 12 y la querella 25. Para Muiño, que recibió 13, los fiscales pidieron 20 y Kaos 25. Otro problema del fallo es que no consideró como agravante de los tormentos la condición de perseguidos políticos de las víctimas, una figura que había pedido la fiscalía.

Fuera de eso, el fallo habilitó lecturas importantes para la historia de la causa. Una es el reconocimiento que el Estado hace por primera vez de lo que sucedió en el hospital. Otra, también simbólica, está atada a la condena a Muiño, porque al acusarlo los jueces también parecen reconocer la existencia del grupo SWAT y su desarrollo operativo. En palabras de la fiscalía, dentro del hospital funcionaron dos grupos de seguridad: uno periférico y otro que se hizo con más de diez personas que llegaron del Ministerio de Acción Social para llevar a cabo lo que llamaron “la guerra contra la subversión” y actuaron bajo las órdenes de la Fuerza Aérea encarnadas por el director. Ese fue el grupo SWAT. Hasta ahora ese grupo no estaba reconocido jurídicamente. Las defensas intentaron mostrarlo como laxo y un mero grupo de seguridad administrativo.

Otro de los puntos del fallo fue una orden para iniciar una investigación paralela sobre un odontólogo que terminó siendo jefe del servicio de seguridad. La persona declaró como testigo durante el juicio, pero ese día uno de los sobrevivientes lo reconoció como uno de los colaboracionistas del hospital.

Los antecedentes

La causa llegó al juicio oral definida por el trabajo de instrucción del juez Daniel Rafecas y del fiscal Federico Delgado. El expediente, que según los querellantes estuvo bien fundado ideológicamente, arrastró un problema que no se pudo resolver en la etapa oral: la ausencia de las acusaciones por homicidio y entonces, la imposibilidad de pedir prisiones perpetuas. Los fiscales pidieron al Tribunal Oral sumar a la acusación de tormentos y privación ilegal de la libertad, dos acusaciones por homicidios por los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman. Chester era un trabajador del hospital, secuestrado y cuyo cuerpo reapareció sin vida días después. Roitman todavía permanece desaparecido, pero su muerte fue conocida por los sobrevivientes, que dieron testimonio de ella. El Tribunal argumentó que eso debía haberse resuelto así en la instrucción.

Al mediodía, los trabajadores y sobrevivientes del Posadas se subieron a un escenario levantado en la calle. Se escucharon las voces de Gladys Cuervo, Zulema Chester y el médico Apezteguía. Y luego las abogadas del colectivo Kaos decían: “Somos representantes de las querellas y siempre vamos a ir por más: si nuestros compañeros se hubiesen conformado con lo posible tal vez todavía estarían acá”. Alguien luego hacía los recuentos. “Ayer no teníamos nada –se oyó–: hoy tenemos tres, no nos vamos con las manos vacías.”