La posibilidad de una reforma constitucional, enunciada a medias por el oficialismo, provocó la reacción casi inmediata de las bancadas opositoras. Es una “locura”, es “peligroso”, son “meros globos de ensayo”, dijeron legisladores de diversas fuerzas políticas. Página/12 dialogó con cuatro consultores políticos para pensar la viabilidad y el impacto político del presunto proyecto. En general, las visiones concuerdan en que, en materia de opinión pública, la reforma por una re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner no es viable, al menos en este momento. En cambio, consideran que el camino hacia nuevas garantías constitucionales a nivel económico y social puede obtener mayores consensos.

“La reforma constitucional es un viejo proyecto de los partidos de oposición. Binner lo incorporó a su plataforma de campaña. Forma parte de los genes del radicalismo. El que se resiste fue el peronismo. Pero Fernández de Kirchner está más cerca del radicalismo y del socialismo en materia constitucional”, dijo Enrique Zuleta Puceiro, de Opinión Pública: “No hay en la oposición ninguna objeción de principio por incorporar una agenda social a la Constitución. La diferencia puede darse si el tema es la re-reelección o no. Los entredichos o medias palabras son exclusivamente por esto, porque hoy la sociedad no quiere la reforma por la re-reelección, pero sí progresar en lo institucional”.

Zuleta Puceiro consideró que es “estratégicamente esencial para la oposición una reforma del sistema de representación”, porque de lo contrario “va a gobernar el peronismo de por vida”. Además, pensar una reforma en materia de nuevos derechos sociales, económicos (mencionó la coparticipación), federales y de integración regional es una oportunidad para “pasar de una etapa declamatoria de la reforma del ’94, al despliegue de instituciones nuevas propias del siglo XXI”, según sostuvo el analista. “Y en esto no encuentro profundas disidencias entre el Gobierno y parte de la oposición. Sí puede ser resistido por la derecha y por los diarios.”

En tanto, Artemio López, de Equis, consideró que “es absolutamente posible que (la reforma) esté en la agenda. Las transformaciones del país han sido profundas, hay que adecuarlas a la Constitución. Y esto no es necesariamente por una re-reelección de la Presidenta. En términos sociales es evidente que hay derechos a garantizar y darle rango constitucional”, dijo López. Repensar la representación política, la duración de los mandatos presidenciales, el funcionamiento de entidades económicas, la inclusión de derechos como la Asignación Universal por Hijo son algunos de los temas que el consultor aportaría para un debate constitucional. “Desde un punto de vista racional, la oposición no podría resistirse a esto”, dijo López.

Un planteo distinto expuso Manuel Mora y Araujo, de la Universidad Di Tella: “Está claro que hay una voluntad de ponerlo en agenda. Pero no es oficial, de modo que no está claro que sea un proyecto de la Presidenta. En todo caso, es una manera de ver qué acogida tiene el asunto. Personalmente, no me parece oportuno, no creo que sea conveniente. En general la sociedad es reticente a la reforma”, dijo. Al ser consultado por la agenda social de una eventual reforma, manifestó: “No considero que deban tener rangos constitucionales”. En cambio, “el debate por un nuevo régimen de gobierno parlamentario puede ser interesante, pero es complicado de llegar, y representa un riesgo muy grande para un gobierno que tiene mucha popularidad. Lo puede debilitar en vez de fortalecer”.

Desde Rouvier y Asociados, Ricardo Rouvier distinguió tres planos a tener en cuenta: “Un plano legal, ya que la Constitución no prevé la posibilidad de un tercer mandato consecutivo. Un plano político, porque la jefatura del kirchnerismo está concentrada en Cristina Fernández de Kirchner, y no hay reemplazo, no hay otro candidato mejor”. Y un tercer aspecto, que pivotea entre los dos: la opinión pública. “En este momento la sociedad en su mayoría no es favorable a una reforma por la re-reelección. Le teme a la perpetuación del poder, lo entiende como un límite a la democracia, pero esto es hoy, y puede cambiar.”

Para Rouvier pueden darse “planteos de avanzada” que den la posibilidad de una “reforma integral” y de una “actualización de la reforma del ’94”. Por ejemplo, “dando status jurídico a los movimientos sociales, como sucedió en Bolivia y en Ecuador”, señaló. Además, dejó abierta la posibilidad de un cambio en la opinión pública: “Puede suceder, si la sociedad entiende que la continuidad del funcionario garantiza un desarrollo económico y social”.

Informe: Agustín Saavedra.