La ministra de Seguridad, Nilda Garré, difundió ayer los resultados de la auditoría que ordenó sobre la Gendarmería y, en especial, sobre Inteligencia de esa fuerza y el programa Proyecto X. Garré sostuvo que “el Proyecto X no es un programa ni un plan de espionaje, sino un software legal que la Gendarmería nunca usó en sus intervenciones en conflictos sociales”. Además, la ministra manifestó que en Proyecto X, que no se carga desde de 2009, “ninguna de las personas identificadas fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas o estudiantiles”. La Gendarmería sí está facultada para individualizar personas que están cortando una ruta o autopista, siempre que se haga por orden de un juez. Y eso ocurrió por pedidos de jueces federales de San Isidro, Tres de Febrero y San Martín, actuando otra división de la Gendarmería que no tiene vínculo con la que manejaba el Proyecto X. De todas maneras el fiscal Gerardo Pollicita le pedirá la semana próxima al juez Norberto Oyarbide que continúe con la investigación sobre el papel de la Gendarmería, aunque, según señalan en fuentes judiciales, hasta el momento no ha surgido en el expediente ninguna evidencia de espionaje ilegal.

El caso se hizo público en noviembre cuando Página/12 dio a conocer la denuncia realizada por el delegado de Kraft, Javier Hermosilla, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Victoria Moyano y Miryam Bregman del Ceprodh y María del Carmen Verdú, de la Correpi. El centro de la denuncia era la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) que sacó fotos e individualizó a quienes cortaban la Panamericana en el conflicto de Kraft y que incluso, según sostienen los denunciantes, informó la realización de reuniones en la casa de otro dirigente de Kraft, Ramón Bogado. La causa recayó en el juzgado de Oyarbide y en la fiscalía de Pollicita.

En su informe al magistrado, el titular de la Gendarmería, Héctor Schenone, no se limitó a explicar qué se hizo en el caso de Kraft o cómo se actúa en el caso de conflictos sociales, sino que enumeró todos los programas que tiene la fuerza. Y en ese marco mencionó el Proyecto X, pero sin vincularlo con manifestaciones o cortes sociales. Esto motivó la denuncia ante Oyarbide.

En la respuesta segunda al juez, en el punto C, Schenone contestó a la pregunta sobre las bases de datos con las que cuenta Gendarmería. Allí dice en qué consiste el Proyecto X: “Esta base de datos se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales así como en apoyo informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia Criminal del despliegue institucional, con fines judiciales. La base de datos se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombre, teléfonos, direcciones apodos, etc.). Su función principal es auxiliar el trabajo de entrecruzamiento a los fines de una mejor investigación criminal judicial”.

Ayer, Garré explicó que Proyecto X es un software de inteligencia criminal, es decir, dirigido a causas de crimen organizado, básicamente bandas de narcotraficantes, piratas del asfalto o secuestradores. Se compró en época de la presidencia de Eduardo Duhalde y se actualizó en 2006. Los protocolos y las instrucciones de carga datan de 2002. La ministra precisó que no hay cargas desde 2009. En el software hay un campo sobre los hábitos personales de los delincuentes investigados, tales como si fuman, si son mujeriegos y otros detalles de personalidad. Según parece, esa información tiene importancia porque se utiliza después para saber si el sujeto investigado va a salir o no en busca de cigarrillos o si frecuenta determinados locales.

El punto principal de la auditoría es que en los conflictos sociales actúa la Uesprojud, que no tiene relación con el software Proyecto X. Este está ubicado en el Centro de Análisis del Delito de la Gendarmería, en el Edificio Centinela, en Retiro; mientras que la Uesprojud funciona en Campo de Mayo. Garré sostuvo que ninguna individualización en conflictos sociales se hizo sin pedido judicial previo y que los informes fueron entregados a los juzgados. “Ninguna de las personas identificadas en el Proyecto X fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas o estudiantiles.” También la ministra insistió en que la Uesprojud no tiene acceso a la base de datos Proyecto X.

Más allá del Proyecto X, un punto decisivo de la controversia tiene que ver con que los denunciantes afirman que no todas las identificaciones que realizó la Gendarmería, con efectivos de civil, fueron hechas por orden judicial. En su informe al juez Oyarbide, Schenone dice que las instrucciones de que el personal actúe de civil en la individualización de quienes cortaron tal o cual ruta y que se saquen fotos emanaron directamente de los magistrados federales que actuaron en cada caso. Este es el punto sobre el que el fiscal Pollicita le va a requerir al juez que continúe la investigación. Por ahora, en el expediente sólo hay informes que contaron con la orden judicial correspondiente, pero Pollicita pide ver si existen otros, como afirman los denunciantes.

Según explicó ayer Garré, la auditoría fue realizada por funcionarios políticos de su ministerio. Se hicieron presentes el jueves 16 en el Edificio Centinela, asistidos por técnicos informáticos. Fue desconectado el servidor del Centro de Análisis del Delito de Gendarmería, se copiaron las aplicaciones y la base de datos de Proyecto X y luego se cargó todo en una computadora propia. El trabajo de auditoría consistió en una revisión de lo encontrado. La ministra concluyó que Gendarmería no realizó tareas de inteligencia ilegales, que se individualizaron a los protagonistas del corte de la Panamericana de acuerdo con lo pedido por el juez y que Proyecto X es un software y no un plan secreto de espionaje.

El próximo paso estará en manos del juez Oyarbide y el fiscal Pollicita.