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Pese a las emotivas referencias al ex presidente Néstor Kirchner, la exposición de CFK ante la Asamblea Legislativa apuntó a enmendar algunas de las decisiones menos felices de aquel mandato, que se mantuvieron en el primero suyo. La extensa enumeración de logros impactantes no implica una aprobación a libro cerrado de todos y cada uno de sus aspectos. En forma expresa anunció que introducirá cambios en la gestión, pero sin perder el rumbo. “La gestión es cambio permanente, lo que nunca se debe perder es la dirección” de ese cambio, dijo al principio de su exposición. Sobre el final, agregó: “El problema [de quienes cuestionan a su gobierno] no son las políticas” sino “el rumbo que tenemos”, porque “no favorece a los que favoreció durante tantísimo tiempo”. También dijo que la transformación de hecho del país, hasta ahora no se había plasmado en un nuevo marco normativo.

Balazos republicanos

Su mensaje fue tanto un informe sobre el estado de situación del país como una rendición de cuentas de su gobierno. Por eso durante largos tramos replicó afirmaciones que se repiten como el dogma de la revelación divina. Al apartarse de las convenciones establecidas, este capítulo de refutaciones convierte la ceremonia institucional en un acto político, que enardece a medios y partidos críticos cuyos argumentos son rebatidos con datos duros, en este caso provenientes del FMI. Así cuestionó la doctrina del viento de cola y el presunto cierre de la economía. Explicó que la mejoría de los términos del intercambio había sido mucho mayor para otros países de la región cuyo crecimiento no se acercó al de la Argentina y mostró que sólo en la India las importaciones habían crecido más que aquí. Pero la cuestión más conflictiva para el gobierno era el terrible episodio de Plaza Once donde murieron medio centenar de personas. Dos de los principales opinadores republicanos se ilusionaron con que este dolor tuviera traducción política y usaron la misma llamativa metáfora bélica. Luis Majul tituló su columna en La Nación “¿Empiezan a entrar las balas?” en la que afirma que “la conmocionante tragedia ferroviaria del día de ayer” podría “cambiar el humor de un país entero. Algo parecido a lo que sucedió con Cromagnon”. Marcos Novaro escribió en Clarín que “a falta de otras armas” muchos opositores se ilusionan con que la tragedia de Once ponga fin a “la luna de miel que viene disfrutando la Presidenta en su relación con la opinión pública” y que “de una vez por todas le empiecen a entrar las balas que disparan los propios errores”. También él realizó la analogía con Cromagnon (así lo escribieron los dos). Más allá de estas indisimulables expresiones de deseos, el otro tema acuciante para el gobierno es la situación energética, dada la creciente importación de petróleo y gas, a precios que el contexto internacional impulsa hacia arriba.

Indicios

El juez federal Claudio Bonadío investiga lo sucedido en la estación ferroviaria. Su reconocimiento del Estado nacional como persona jurídica querellante, en su carácter de propietario del material y garante del servicio, no excluye que algún funcionario sea responsable como persona física, pero esto sólo podrá determinarlo la investigación que recién comienza. Por su parte el Poder Ejecutivo dispuso “la intervención administrativa, técnica-operativa” de la empresa Trenes de Buenos Aires en la línea Sarmiento, escenario de la tragedia, pero también en la línea Mitre, donde no ocurrió nada comparable. La combinación de ambas resoluciones, más el lapidario informe aprobado el viernes por unanimidad de los directores de la Auditoría General de la Nación, donde tiene mayoría el oficialismo, delinean una posible respuesta a la crisis en la que ni TBA seguiría prestando el servicio, ni Juan Pablo Schiavi continuaría por mucho tiempo en la Secretaría de Transporte. En cambio, sale bien parado el interventor de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, Eduardo Sícaro, cuya tarea fue encomiada tanto por CFK como por el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy. En 2009, Sícaro envió a Schiavi quince expedientes con constataciones de incumplimientos graves de TBA, que creaban riesgos a la seguridad y que en ese año y el anterior provocaron 67 accidentes. La CNRT determinó penalidades y multas por 4.680.000 pesos hasta 2008. Esa acumulación de incumplimientos configura una causal de rescisión del contrato, pero Schiavi no los tomó en cuenta y TBA no pagó las multas, que ingresaron al pantano de la renegociación permanente del contrato. El informe de la AGN establece que entre 2003 y 2010, TBA recibió subsidios de explotación y accesorios (retroactivos e intereses) por 1.924 millones de pesos. En los últimos cuatro años de ese período el monto del subsidio de explotación mensual se incrementó en un 146 por ciento, por sucesivas redeterminaciones en las que no se siguieron los procedimientos normados. Los mayores costos se convalidaron en base a proyecciones de la empresa y sin verificaciones. En 2009 y 2010, la CNRT también fue muy crítica con el mantenimiento, insuficiente y sin cumplir las normas técnicas, que produjo un deterioro progresivo de la infraestructura, con “consecuencias directas en la seguridad”. Estas “falencias del material rodante y de la infraestructura de vías” fue causa del 93 por ciento de los descarrilamientos denunciados en 2009 en el Mitre y del 61 por ciento de los del Sarmiento. Pero además se modificó la composición del subsidio: entre 2003 y 2010 la cuenta de personal (salarios y nuevos agentes) pasó del 46 al 70 por ciento y la de materiales disminuyó del 15 al 4 por ciento. Los subsidios, que en 2003 eran un tercio de los ingresos de TBA, en 2009 llegaron a representar tres cuartas partes del total. Cristina explicó el rol fundamental de los subsidios en la recuperación económica pero es indefendible la desviación de esos fondos a otros destinos. En el caso de TBA, sus accionistas han tenido un crecimiento y una diversificación espectaculares que no se compadecen con el estado de las líneas que gestionan. No sólo contratan en forma directa las tareas de mantenimiento y provisión de material con empresas vinculadas, sino que han comprado numerosas líneas de colectivos hasta constituirse en la principal empresa del sector y hasta poseen una línea de colectivos urbanos con 170 unidades en Perú y una prestadora de servicios de lujo entre Orlando y Miami, Red Coach. Su página en Internet (http://www.redcoachusa.com/about) informa que los hijos del inmigrante Nicola Cirigliano crecieron en las últimas dos décadas y hoy operan 1700 omnibus que transportan 180 millones de pasajeros al año. También fabrican colectivos, vagones ferroviarios, construcciones e infraestructura para ferrocarriles y decodificadores de televisión. También tienen una filial en Qatar con la que Enarsa negoció la importación de cinco millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) anuales durante dos décadas. Lo ocurrido en Once cuestiona la propia razonabilidad del sistema adoptado, para un servicio público de utilidad social en el que no se justifica que los concesionarios obtengan enormes ganancias sobre la base del subsidio y en vez de aplicarlas al mejoramiento de la calidad y la seguridad de la prestación las vuelquen a otros negocios, dentro y fuera del país.

A grito pelado

Las acciones de Repsol dejaron una ganancia próxima al 15 por ciento en un día a quienes las compraron antes del discurso presidencial y las vendieron después. La versión de que CFK anunciaría la nacionalización de YPF o su intervención provocó el desplome de esos papeles, y el incumplimiento de tal vaticinio los hizo rebotar. La prensa de Madrid atribuyó el supuesto cambio de política a una llamada de Juan Carlos de Borbón a Cristina y a una negociación entre los ministros argentinos Julio de Vido y Hernán Lorenzino con el español José Manuel Soria, quienes habrían acordado formar dos comisiones técnicas para analizar la situación de la petrolera española. En cambio omitió toda referencia a la detallada exposición sobre el estrangulamiento del sector energético argentino que en esa reunión hizo el viceministro de Economía Axel Kicillof. Cuando la presidente les pidió explicaciones a sus ministros, Lorenzino mantuvo una dura conversación telefónica con Soria. “Nunca te dije tal cosa. Esto no es un tripartito”, gritó el argentino. El comunicado posterior lo reiteró: la situación de YPF no forma parte de la agenda bilateral. Sería un error deducir del discurso presidencial que el conflicto se ha superado. El barril de petróleo que costaba menos de diez dólares al concluir la presidencia de Menem, trepó a más de cien al comenzar el segundo mandato de Cristina, lo cual torna intolerables la caída de la producción y las reservas y el incremento de las importaciones. Todavía no se han definido todas las medidas que vendrán, pero la articulación entre el Estado federal y las provincias petroleras para forzar a YPF a cumplir con sus compromisos o perder las concesiones implica una novedad absoluta. ¿Cuánto caerá la capitalización de Repsol en pocas semanas, cuando las provincias comiencen a recuperar las áreas descuidadas y a ponerlas en producción con otros operadores, públicos, privados o mixtos? La opción menos atractiva parece la nacionalización de YPF propuesta por la UCR, un partido que cuenta con algunos abogados de empresas extranjeras como la propia YPF, Shell y Esso, y que tiene alguna experiencia en el pago de indemnizaciones por medidas de este tipo. La reversión a las provincias de las áreas concedidas, la expropiación de las maquinarias por razones de utilidad pública o la compra de la mayoría accionaria en el mercado una vez que su capitalización se haya redimensionado serían caminos más racionales y a la altura de las posibilidades argentinas. También podría entrar en discusión el marco normativo impuesto con las privatizaciones, que segmentó la generación, el transporte y la distribución de energía y que ha dado lugar a diversos abusos, desde quienes han encontrado los artilugios legales para su integración vertical, hasta aquellos que se concentran en los nichos más rentables y se desentienden del resto.

La institucionalidad

CFK mencionó en su discurso otras decisiones tendientes a perfeccionar la institucionalidad, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la derogación de tres artículos de la ley de convertibilidad; la Unificación de los Códigos Civil y de Comercio (elaborada desde hace un año por una comisión encabezada por el presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) y la Acordada que la Cámara Nacional de Casación Penal elaboró para acelerar los juicios por delitos complejos y no sólo los de lesa humanidad (con aportes del CELS y de la Unidad Fiscal de la Procuración General sobre las causas del terrorismo de Estado). En el primer caso, se trata de revertir la concepción neoliberal que en 1992 redujo el rol del Banco Central a “preservar el valor de la moneda” y suprimió su facultad de orientar el crédito en función del crecimiento de la economía y el empleo. Kirchner dio un primer paso en 2004, cuando reemplazó al broker del JP Morgan Adolfo Prat Gay por el militante del poder Martín Redrado. Lo que se discutía entonces era si mandaban las autoridades electas por la voluntad popular o los organismos multilaterales, el gran capital y sus brazos mediáticos. Kirchner estaba a la misma altura del mandato en que esos poderes quebraron a Alfonsín. Al año siguiente usó el 100 por ciento de las reservas excedentes (o 35 por ciento del total) para cancelar la deuda con el FMI. Cristina profundizó ese rumbo en 2010, cuando cesó a Redrado por su resistencia a transferir al Fondo del Bicentenario el 30 por ciento de las reservas excedentes (o 14 por ciento del total) para saldar los compromisos externos de ese año sin recurrir a nuevo endeudamiento a elevadas tasas, como proponía el vicepresidente radical Julio Cobos. En julio de ese año, durante una visita al Senado, el entonces viceministro de Economía Roberto Feletti expuso seis opciones distintas para medir el nivel óptimo de reservas y la cantidad excedente. Mercedes Marcó del Pont introdujo en la nueva Carta Orgánica un artículo del postergado proyecto de ley de entidades financieras, que permite la regulación de tasas y encajes de los bancos, para dirigir el crédito hacia donde la política económica lo considere conveniente. En cambio sigue prohibida toda indexación. Como al pasar, Cristina informó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional equivale a las reservas del Banco Central, aunque más de la mitad está inmovilizado en títulos de deuda. Todo esto permite intuir que quienes desde la oposición propician con argumentos ortodoxos el negocio del nuevo endeudamiento, deberán seguir esperando.