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La Cámara de Diputados tratará en el recinto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). A su vez, los senadores abordarán en comisión el sorpresivo proyecto oficial de transferir a la Ciudad Autónoma, por ley, los subtes y los servicios de varias líneas de colectivos. Para quienes aman las estadísticas sobre esos temas, vaya un pronóstico: este año el Congreso tendrá mucha actividad, sesionará asiduamente, sancionará muchas leyes. Tras las elecciones de 2009, que dejaron una composición relativamente pareja entre oficialismo y oposición (volcado hacia ésta si se sumaban todos sus fragmentos), hubo quien profetizó una edad de oro parlamentaria. La paridad, empero, empujaba hacia otro tipo de desenlace: el empate bobo, las trabas cruzadas. Así ocurrió, para exclusiva sorpresa de los desprevenidos.

Con una mayoría estricta y afiatada, el Frente para la Victoria (FpV) se apresta a sacar legítimo partido de la decisión popular soberana, que es la que adjudica las bancas. Nuestro sistema constitucional prevé la renovación cada dos años de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. El mecanismo amortigua los efectos de una elección plebiscitaria, como la de 2011. La bancada oficialista refleja el gran caudal de esa votación y también la menguada cosecha de 2009. Le basta para imponer sus propuestas, si no sufre deserciones o sangrías como en 2008.

La reforma del Central es un cambio de paradigma, que en sustancia sólo se rebate “por derecha”. El diseño todavía vigente se votó en 1992, en medio del furor neoconservador global, exacerbado acá por el salvajismo menemista. El miembro informante fue el salteño Juan Carlos Romero (que también fue gobernador de su provincia), quien sinceró su visión. Una cosa, dijo, es el dinero (que debe preservar un Banco Central autónomo, supuestamente escindido del poder político) y otra el crédito que se consigue vía mercado de capitales. La apertura indiscriminada al capital financiero, una de las causas de la crisis cuasi terminal de fin de siglo, tenía ahí su bandera y su exaltación. Tal era el clima de época, tan sesgado a derecha que hubo un proyecto de minoría para suprimir el Banco Central. En 2001 no faltó quien propusiera entregar el manejo de la economía local a los organismos internacionales, un anticipo de lo que sucede hoy en Grecia, bajo los plácemes del establishment financiero y político de Europa y contra la movida popular, que puebla las calles de manifestantes y personas recientemente despedidas. En España van a por eso, avasallando derechos laborales con saña tenaz. El Primer Mundo es complicado: los centroizquierda resignan identidad y principios, los centroderecha son cada vez más derecha.

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Un proyecto retocado y retocable: La propuesta de modificación de la Carta Orgánica se adecua, en el buen sentido, a una tendencia mundial. Las reservas del Banco Central son patrimonio de los argentinos, acumulados merced a su esfuerzo. Escindirlas del resto de los recursos nacionales y dejarlas a merced de un elenco de tecnócratas sin votos es un disparate, antidemocrático si se mira con cuidado.

Desde el punto de vista económico, se amplían los objetivos del Banco, que deben contemplar más allá de la estrecha (aunque no irrisoria ni desdeñable) mira del control de la inflación. Es sensato proponerse objetivos más vastos. Tanto como poder pagar con reservas la deuda contraída por el Estado, principalmente bajo el mandato de otros gobiernos (luego reducida en tenaz negociación y honrada por el actual).

La presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, defendió el cambio de criterio, respondiendo con largueza y buen tono las preguntas de los diputados opositores. Su finalidad no era recorrer el articulado, sino sustentar un cambio de época. El texto de la norma se corrigió de modo parcial al día siguiente, cuando se trató en comisiones. Hubo modificaciones, algunas sugeridas por la oposición: asumir el compromiso de publicar y difundir estadísticas monetarias, crediticias y cambiarias. Y, además, sumar al “empleo” como uno de los objetivos del funcionamiento del Banco. No fueron estos cambios, positivos, los que enojaron a las bancadas opositoras. Sí que se ampliara numéricamente la facultad del Banco de financiar al Tesoro nacional. Se acusó a Marcó del Pont de mendaz, de haberse guardado una carta bajo la manga. El reproche no se sostiene: el proyecto no tiene cláusulas secretas o cerradas a la controversia. Todo su contenido está abierto al debate, que comenzó en la misma comisión, seguirá en el pleno de la Cámara y luego tendrá el mismo periplo en Senadores. Lo que sí sucedió es que el Ejecutivo resolvió, a último momento, ampliar el quántum autorizado para financiar al Tesoro nacional. Es un porcentaje de la recaudación impositiva, se permite (por cláusula transitoria) duplicarlo. El argumento básico es que el mecanismo es procíclico: se puede prestar más en tiempos de bonanza fiscal. Y que es más funcional disponer de un resorte para auxiliar al fisco como arbitrio contracíclico: cuando sus arcas no estén tan piponas. La idea general es sugestiva y se estipula que sólo puede apelarse a la ampliación en circunstancias excepcionales. El flanco más atacable de la propuesta es que no define ni condiciona de ningún modo la excepcionalidad. En los niveles más altos del Ejecutivo y de las bancadas del FpV se asume sottovoce la falencia y se insinúa que podría retocarse en el texto definitivo. Sería un modo de mejorarlo, su concreción dependerá de cierta apertura del oficialismo a los reproches opositores y de la decisión de éstos de procurar algún acuerdo, sin ponerse maximalistas como hicieron durante la, para ellos y para el sistema político, aciaga e improductiva etapa del Grupo A.

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A Congreso, en subte o bondi: La pulseada entre el gobierno nacional y el porteño sobre los subtes tomó un giro inesperado: se desjudicializó, se repolitizó. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió un proyecto de ley para que el Congreso dirima el entredicho. Agregó a los subtes las líneas de colectivo cuyo trayecto empieza y termina en la Capital. Desde ya, son dos situaciones fácticas distintas que (tal vez) podrían derivar en tratamientos legales diferentes. Respecto de los subtes, el gobierno nacional propone aprobar por ley el acta acuerdo que suscribiera con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Así las cosas, y mediando ya una decisión del gobierno porteño, tal vez el oficialismo afirme que no es necesario otro acto dispositivo del sistema político de la Ciudad Autónoma, como el tránsito por su Legislatura. En lo atinente a los bondis, no se sabe qué hará el FpV pero, a la luz de las Constituciones nacional y porteña, el cronista entiende que el traspaso requiere la aprobación de ambos Parlamentos.

La cuestión legal dará que hablar. El Acta acuerdo es indeciblemente escueta. Su parte dispositiva se reduce a cinco artículos, que no suman más de treinta renglones. De lo que no deja dudas es del compromiso de la Ciudad, expresado en el primero: “La Ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El artículo segundo precisa y agrega: “En consecuencia, la Ciudad asume a partir de la firma del presente el control y fiscalización en su totalidad así como el íntegro ejercicio de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral”. “En este acto” “desde la firma del presente”... no queda resquicio a la ambigüedad. La cláusula quinta, que fija un plazo para implementar “las demás decisiones legales, económicas y administrativas”, no es un lapso de espera para concretar el contrato, sino uno para redondearlo. La intención es palmaria, la fijación de tarifas un acto unilateral del macrismo que es principio de ejecución.

El Acta nada dice de los servicios de seguridad en los subtes, ni una palabra.

Muy flojo de papeles está el gobierno PRO pero la contienda entre Ejecutivos de dos jurisdicciones se empantana a falta de una autoridad superior. Trasladarla a la Corte Suprema era un modo de eternizarla y de someter al Tribunal a un entuerto que deben zanjar los mandatarios políticos. Dará para mucho la polémica acerca de la validez plena de una ley del Congreso nacional. En materia política, algunas aristas ya son visibles.

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El federalismo en cuestión: Hay una vaga reminiscencia del envío de la Resolución 125 al Congreso, en medio del conflicto “con el campo”. Fue un modo de cortar el nudo gordiano, apelando a la institucionalidad. En términos políticos, en el corto plazo al kirchnerismo le salió fatal. Los adversarios enarbolaron las banderas del federalismo, la tropa propia K se diezmó, el oficialismo perdió la votación. Ahora, la correlación de fuerzas y las posiciones pintan diferente. Los bloques del FpV y sus aliados no registran fisuras. Suyas serán las banderas federales, como insinuó la Presidenta cuando anunció la medida. El macrismo contará con su fuerza propia y el apoyo del desflecado Peronismo Federal. Los legisladores no porteños de otros partidos tendrán que analizar muy bien cómo se pronuncian. El centralismo capitalino es muy antipático en cualquier provincia y todo indica que un virtual alineamiento con Macri será muy odioso para los votantes de legisladores del “interior”. Claro que acompañar al gobierno nacional es un bajón para el estilo dominante de sus adversarios, pero ponerse del lado de los porteños suena como una opción peor.

En términos prácticos, desde que reasumió Cristina Kirchner, Macri se ha posicionado como el principal líder opositor. Le hace frente en cuestiones concretas, los medios dominantes lo halagan, llega con frecuencia a las primeras planas. Los radicales, que atraviesan una etapa asambleística sin liderazgo visible, tendrán que vérselas con sus electores y deberán computar si les conviene ser “conducidos” por el jefe de Gobierno.

Otra es la ecuación del Frente Amplio Progresista (FAP), que salió segundo lejos en las elecciones nacionales. Macri les va sacando ventaja y su líder, el ex gobernador Hermes Binner, atravesará estos dos años en el llano. Sus compañeros socialistas, el gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti y la intendenta de Rosario Mónica Fein, mantienen trato respetuoso y hasta cordial con la Presidenta. Binner se reserva las críticas más ásperas. Tal vez sea una división de roles pactada entre ellos. Las diferencias, sin ser estridentes, son sensibles. El devenir futuro de esas diferentes conductas, un arcano que depende de cómo jueguen los protagonistas. En tal trance, tabula este cronista, a los socialistas les sería muy piantavotos ir a la zaga de Macri, reforzando su protagonismo.

Los debates han de ser interesantes aunque es improbable que el entuerto sea decidido sólo en el Congreso nacional, donde el FpV parece estar en buenas condiciones para primar, con cierta holgura. La solución, posiblemente, deba sellarse en una mesa de negociación. Pero lo que se sustancie en el Congreso no será anodino ni carecerá de impacto: incidirá en cualquier escenario ulterior. Macri tendrá que sopesar cuánto pueden limar sus ambiciones nacionales las repercusiones del debate allende la General Paz.

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El desafío del transporte: La tragedia de Once y la pulseada por subtes y bondis aluden a una carencia que las precede. El sistema de transporte, incluido el ferroviario, no responde a las necesidades y derechos de los ciudadanos usuarios. Los pininos del expediente penal, el dictamen de la Auditoría General de la Nación, van en rumbo de definiciones judiciales muy críticas para el concesionario y, tal vez, para funcionarios del gobierno nacional. Pero la necesidad de introducir cambios sustanciales en el sistema de transporte interpela al Gobierno, antes y más allá del expediente. Las respuestas no han llegado aún, la salida del ex secretario Juan Pablo Schiavi era forzosa. Pero no zanja la cuestión que requiere cambios estructurales de magnitud. Marzo recién empieza, aunque no parezca. En el otoño, acaso en sus inicios, sonará la hora de definiciones necesarias.

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