Estela de Carlotto estaba sentada en la sala de audiencias. “Señores jueces –les dijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal 6–: en nombre de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos hermanos, de los 30 mil detenidos desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino, manifiesto que sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha brindamos para llegar a la inclaudicable justicia que, sin dudas, consolidará la democracia y asegurará el Nunca Más.” Así terminaron los tres días del alegato de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio del plan sistemático de robo de bebés. Como querellantes, pidieron 50 años para el ex dictador Jorge Rafael Videla y condenas que van desde los 25 a 10 años de prisión para los otros acusados, entre los que están Reynaldo Bignone y Oscar Franco, integrantes de la última junta de comandantes.

La sala estuvo ocupada desde temprano por varias Abuelas, entre ellas Elsa Pavón e Irma Rojas y Jorgelina Azarri de Pereyra. Estaban los nietos que, como en los últimos días, se fueron turnando para hacerse presentes: Victoria Moyano, Paula Logares, Juliana García Recchia; Fernando Navarro, el tío de Claudia Poblete. Frente al tribunal presidido por María del Carmen Roqueta, Videla permaneció sentado al lado del dictador Bignone. No se durmió como en los días anteriores, en los intervalos se la pasó hablando con los defensores y haciendo gestos con las manos levantadas.

Además de la condena a Videla, Abuelas pidió 15 años para Bignone y Franco; 19 para Santiago Riveros, entonces a cargo de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo, base de una de las maternidades clandestinas. Pidió 25 años para el ex prefecto Juan Azic, uno de los torturadores de la ESMA, apropiador de dos niñas. Pidieron además 25 y 15 años de prisión respectivamente para Víctor Gallo y su ex mujer, Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga.

En el final, el equipo de abogados de Abuelas volvió a solicitarles a los jueces, como el primer día, que en la sentencia definan que durante la dictadura existió un “plan sistemático de robo de niños”, una de las demandas pendientes desde el Juicio a las Juntas. Entre los muchísimos aspectos del fallo, aceptó que existió un plan sistemático de robo de bienes de los detenidos desaparecidos, pero excluyó el robo de niños de esa lógica. Aunque todavía no se habían producido la enorme cantidad de restituciones de niños que en este juicio se convirtieron en la prueba principal, los abogados recordaron que, en aquel momento, a Videla por ejemplo lo condenaron sólo por uno de los seis casos de robos de niños que estaban en revisión.

Otro de los pedidos fue que el tribunal exprese que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio. Y solicitaron que Videla abandone la prisión en Campo de Mayo y sea trasladado a una dependencia del servicio penitenciario. Los abogados Mariano Gaitán y Alan Iud argumentaron que la guarnición de Campo de Mayo funcionó como centro clandestino y allí dieron a luz varias secuestradas: “Es una afrenta para la memoria de esos niños” que el dictador permanezca en ese espacio, dijeron.

El pedido de 50 años de prisión para Videla fue una de las singularidades del alegato. La habilitación para esa solicitud la dio la polémica ley Blumberg, sancionada en 2004. Los abogados explicaron lo siguiente: sobre el dictador pesan 22 apropiaciones: 12 son de niños restituidos antes de la sanción de la ley, y entonces no puede ser acusado en base a esa norma; otros 10 son posteriores, porque cinco de esos niños recuperaron la identidad después de 2004 y cinco aún permanecen desaparecidos. Es así que Videla aún sigue cometiendo el delito con los niños que aún no están identificados, porque la apropiación y sustitución de la identidad es un delito “permanente” que cesa cuando la persona recupera su nombre original. “Sería fantástico que se derogue la ley –dijo Iud–, pero que empiecen por no aplicarla a personas que cometieron delitos mucho menos graves; hasta que el Congreso no la derogue es una ley que está vigente.”

Un tema nada menor que está en análisis por quienes llevan adelante estas causas es la situación de detención de Videla. El dictador está condenado en varias causas. Sin embargo, el cúmulo de condenas no se acumula. La perpetua es de 25 años de prisión efectiva. La ley garantiza que quienes cumplieron dos tercios efectivos de la pena tienen derecho a obtener la libertad condicional y Videla está iniciando ese trámite en este momento. Los cincuenta años bloquearían su salida.

“Las Fuerzas Armadas planificaron la represión en forma previa al golpe de Estado, pero muy probablemente no resolvieran en ese momento qué hacer con los hijos de aquellas personas que iban a secuestrar. Entonces se instauró una práctica de apropiación de niños, conocida y tolerada por los comandantes, y luego esa práctica tuvo paulatinamente un salto cualitativo y se organizó institucionalmente. Es a esa organización institucional, a esa provisión de recursos para el desarrollo de los partos clandestinos, a esa logística para el alojamiento, traslado y atención de las embarazadas, juntamente con la definición de que esos niños no debían ser entregados a sus familias biológicas, es a eso a lo que llamamos ‘plan sistemático de apropiación de niños’ (...) Entendemos que no se puede dudar que respecto de los niños nacidos en cautiverio hubo una orden, dictada desde la cúspide del aparato represivo, para que esos niños fueran apropiados.”

De los 35 casos del juicio, 25 son de apropiaciones de niños nacidos en cautiverio; 18 recuperaron su identidad, “seguimos buscando a ocho”, dijeron. En total, son 400 los jóvenes que siguen secuestrados.