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–Estoy muy tranquilo con todo lo que he hecho –dijo Manuel Solanet sobre su actuación como secretario de Hacienda de José Martínez de Hoz.
–¿Usted no tenía en cuenta quiénes estaban a cargo del gobierno en ese momento, las desapariciones y las muertes? –le preguntó el conductor del programa “La Escoba”, de FM Palermo.
–Sí, por supuesto, yo he tenido en cuenta siempre todo, sí –completó Solanet.
A pesar del “giro al centro”, la publicidad moderna y desfachatada y hasta cierto sentido del humor, Ricardo López Murphy permanece, en los principales aspectos, fiel a sí mismo. Su equipo de colaboradores está compuesto por un variopinto ejército de ex funcionarios de la dictadura, como Solanet, neoliberales orgullosos, sobrevivientes del Grupo Sushi y radicales conservadores hasta el absurdo.
Además de ex número dos de Martínez de Hoz, Solanet es dentro del equipo de López Murphy uno de los autores del plan económico, que incluye entre sus ejes la disminución progresiva de los impuestos sobre las grandes empresas, como los aportes patronales y las retenciones, y la suba de tarifas. Pero Solanet no es el único ex procesista cercano a López Murphy. Su principal asesor político es José Lladós, radical de Pergamino que trabajó en la Subsecretaría Legal y Técnica durante la presidencia de Jorge Rafael Videla. Cuando asumió como ministro de Defensa, López Murphy lo designó secretario, cargo desde el cual Lladós defendió las líneas básicas de la gestión de su jefe: la oposición a la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el rechazo los juicios de Baltasar Garzón y la lucha para que no se concediera la excarcelación a los presos por La Tablada.
Aunque después de su crecimiento en las encuestas se acercaron más dirigentes, los primeros en respaldar a López Murphy fueron los líderes de las fuerzas provinciales: eligieron como compañero de fórmula al senador salteño Ricardo Gómez Diez, un hombre que se convirtió en el principal opositor al gobernador Juan Carlos Romero, pero que proviene del Partido Renovador, fundado por el ex gobernador de la dictadura Roberto Ulloa. El virtual coordinador de esta federación de partidos y partiditos provinciales es el diputado demócrata progresista Alberto Natale, ex intendente de facto de Rosario.
Como para matizar un poco tanto ex funcionario del Proceso, López Murphy sumó a su equipo a dos ex integrantes del Grupo Sushi: la ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad. Y el ex ministro de Turismo Hernán Lombardi, postulante para la provincia de Buenos Aires. Nada sorpendente si se tiene en cuenta que él mismo fue ministro de Fernando de la Rúa desde su primer día hasta que tuvo que renunciar por el repudio general a su violento plan de ajuste, casi al final del gobierno interruptus de la Alianza.
Pero no es sólo el respaldo de los partidos provinciales ni la incorporación a último momento de los dos delarruistas explica la actual posición del economista doctorado en Chicago, que se basa, fundamentalmente, en la conquista del votante radical de clase media (ver aparte). Curiosamente, hasta ahora López Murphy ha logrado pocos apoyos formales entre sus ex correligionarios.
Uno de ellos es el intendente de Olavarría, Helios Eseverri, que no renunció a la UCR pero está dispuesto a trabajar silenciosamente a favor de López Murphy, a quien declaró visitante ilustre durante su paso por la ciudad. En agosto de 1997, Eseverri prohibió sobre la hora un show de los Redonditos de Ricota a pesar de que ni la policía ni el entonces secretario de Seguridad bonaerense, Carlos Brown, lo habían objetado. “La policía de la provincia no tiene el mismo ejercicio que la Federal, que asume actitud de estatua cuando la insultan, escupen o atropellan. Alrededor de este grupo se mueve un sector de delincuencia de tipo barrabrava que oscila entre 400 y 500 personas”, fue la explicación del intendente. El entonces vicegobernador, Rafael Romá, era un fanático de Patricio Rey y calificó de “locura” la decisión de Eseverri.
Pero la joyita no es Eseverri sino el legislador porteño Jorge Enríquez, un ex delarruista que comparte la intención de López Murphy de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y que se opone a cuanta iniciativa progresista se presente en la Legislatura, como la Ley de Salud Reproductiva o la Unión Civil. Hombre de principios, Enríquez ha cuestionado el convenio firmado entre Aníbal Ibarra y Sigla, una asociación de defensa de los derechos de los gays, con el argumento de que la homosexualidad “es una disfunción psicosexual, contraria a la ley natural, en la que deben intervenir los padres para efectuar una adecuada prevención de esta desviación”.