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Una economía a la deriva, un gobierno conservador abrumado, un deterioro sociolaboral impactante, un sistema bancario al borde del colapso, una elite empresaria inmune y una política de “austeridad”, como denominan a lo que se conoce como ajuste neoliberal. Esta es hoy la “Marca España”. Un sentido diferente a la presuntuosa propaganda que Mariano Rajoy tiene previsto presentar en el Congreso como sello de calidad que asocie al país con la expansión de sus empresas, a iniciativas culturales y de cooperación en el exterior. La situación de España se encuentra en el mismo punto de desesperación de la de Grecia en 2010. Nuevo gobierno, agresivos recortes presupuestarios, respaldo financiero del Banco Central Europeo, la Comisión Europea (Alemania) y el Fondo Monetario Internacional, protestas sociales, versiones de megapaquetes de rescate para salvar bancos, ataques especulativos sobre su deuda y un default ordenado que se acerca. El recorrido griego ya se conoce, y sólo la Europa dominada por la prepotencia alemana persiste en esa política que hoy tiene a España en la cornisa.

La principal diferencia con el desastre griego es que la clase dirigente política y empresaria en España está padeciendo el síndrome de nuevo rico en quiebra. Ya no son lo que se imaginaban que eran al desmoronarse la economía basada en la especulación inmobiliaria, en servicios financieros y de turismo y en las crecientes ganancias provenientes de la Segunda Conquista de América en los noventa. Esto último es lo único que les queda del modelo tan elogiado por analistas y economistas de la ortodoxia. Las utilidades de las filiales latinoamericanas de las corporaciones españoles son el flotador en medio del naufragio. El Banco Santander, que en 2011 tuvo un beneficio neto 35 por ciento menor al año anterior, contabilizó en Latinoamérica más de la mitad de sus ganancias totales. La española Telefónica, que registró una caída de 69 por ciento en sus utilidades globales por el fuerte ajuste en su país, aumentó en ese mismo período 18 por ciento sus ventas en la región, donde reúne casi 195 millones de clientes y casi la mitad de sus ganancias.

Si bien comparten la reacción de Rajoy en defensa de Repsol, no deja de ser llamativo el prudente silencio de los otros grupos españoles que operan en Argentina. Saben lo relevante que es para sus balances el mercado argentino y no tienen intención de rifarlo en el altar de la indignación. La importancia de los negocios españoles en América latina explica el desborde de la administración Rajoy por la expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol. Pero no es sólo por la postura neocolonial del conquistador herido. Existe otro motivo más pedestre. La confusión entre funcionarios del gobierno y empresarios que provoca que la “Marca España” hoy se traduzca “Marca Repsol”.

En esa asociación participan políticos del PP y del PSOE, puesto que en España funciona muy aceitada la famosa “puerta giratoria”, donde se confunden intereses públicos y privados de forma permanente. Funcionarios en puestos clave del gobierno de Rajoy participaron antes en consejos de administración de conglomerados españoles. Cuando dejen el cargo aspiran volver a la actividad privada. El ex presidente del gobierno del PP José María Aznar cobra 200 mil euros anuales como asesor de Endesa, que en Argentina maneja Edesur, entre otras inversiones. El ex presidente del PSOE Felipe González fue contratado por Gas Natural, controlada por Repsol, para que ejerza la tarea de lobbista por 126 mil euros al año. Rodrigo Rato, ex vicepresidente segundo y ministro de Economía, es actual titular de la Caja de Madrid y Bankia (fusión de siete cajas de ahorro), y los ex ministros Eduardo Zaplana, trabaja para Telefónica, y Javier Solana, asesora a la constructora Acciona. La lista es larga de ex funcionarios que hoy son parte de compañías privadas; y de ex ejecutivos de grupos españoles que hoy son funcionarios.

La economía española está siendo conducida a la quiebra por esa nomenklatura. El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó al descubierto el disparate de un mercado alimentado por un frenesí crediticio financiado por un sistema bancario sobredimensionado. España logró el record de ser un país con más viviendas construidas que familias. Según datos de la banca central de ese país, 17 millones de familias están registradas y existe un stock de viviendas cercano a las 27 millones. Muchos de los que se endeudaron para comprar sus casas no tienen trabajo, con una tasa de desempleo cercana al 25 por ciento, que se eleva a casi el 50 por ciento en los jóvenes, y no pueden pagar el crédito, de un monto hoy más elevado que el valor actual de la vivienda, que la terminaron perdieron a manos de los bancos. O sea, no tienen trabajo, se quedaron sin casa y con la deuda. Esta es una de las manifestaciones más desastrosa de la economía española. La crisis de la deuda soberana y privada no es la causa de la crisis financiera sino su consecuencia. Al decidir profundizar políticas de austeridad persiguiendo el ilusorio voto de confianza de los mercados se profundiza la recesión, la merma de ingresos fiscales y, por lo tanto, aumenta el endeudamiento, que para renovar sus vencimientos el mercado exige tasas de interés cada vez más elevadas. Así transitan como corderitos obedientes a la insolvencia. La última colocación de deuda del gobierno de España fue a una tasa del 6 por ciento por bonos a 10 años, elevando a una diferencia máxima con la tasa alemana (prima de riesgo), que actúa de referencia en Europa y se ubica en 1,75 por ciento anual para ese plazo.

En ese contexto, la última reunión de Consejos de Ministros decidió agudizar las medidas de ajuste sobre los grupos más vulnerables, en Educación y Salud, por unos 10 mil millones de euros, en un presupuesto general que ya se había recortado en 27.300 millones de euros. En ese mismo encuentro el gobierno de Rajoy anunció represalias comerciales por la expropiación de acciones de YPF al limitar la compra de biodiésel argentino. Es una reacción patética de un gobierno desorientado por su crisis. Pese a la sobreactuación de recortes y más recortes presupuestarios, el nivel de deuda pública y privada es un dato que asfixia a la economía española.

La deuda española era de apenas 36 por ciento del PIB en 2007; se duplicó en cuatro años de crisis, al superar los 590 mil millones de euros. Sumando la deuda privada (familias y empresas) el total asciende a 3,8 billones de euros, el 366 por ciento del PIB. La magnitud de esta deuda la convierte en impagable con una economía en recesión empujada a la depresión con más ajustes fiscales. España se mantiene a flote porque la Unión Europea evalúa que un default de esa deuda tiene un costo mayor para el euro que continuar con la asistencia que le está proporcionando el Banco Central Europeo. Esta entidad se ha convertido en su vehículo de financiamiento al sumar el 10 por ciento del total de la deuda externa, que a fines de 2011 era de 1,8 billón de euros. Además, la banca central española debe 250 mil millones de euros (23 por ciento del PIB) al BCE.

Todo ese dinero fue a financiar a los bancos españoles que están en serios problemas, transitando de una situación de iliquidez a una de insolvencia por el aumento de la morosidad y la acumulación de desvalorizados activos inmobiliarios por la imposibilidad del recobro de los créditos hipotecarios. La asistencia de la banca central a las entidades financieras aumentó de 50 mil a 227 mil millones de dólares de junio del año pasado a marzo de éste.

La “Marca España” tiene más problemas que la “Marca Repsol”.

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