Durante la última dictadura existió un mecanismo recurrente, un modus operandi que tenía como objetivo el vaciamiento de bancos y poderosos grupos empresarios, en el que participaron en forma “mancomunada” las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La descripción de esa maquinaria, en esos términos, surge de un dictamen del fiscal Federico Delgado que plantea la necesidad de analizar el secuestro de ciertos empresarios como algo más que privaciones de la libertad a secas: quizás ése era el primer paso –señala–, pero luego venía el “blanqueo” a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica, y luego la detención podía durar hasta varios años, mientras las entidades bancarias y empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de los militares.

Delgado propone analizar estos casos con una “lente” que amplifique la visión sobre los hechos y las responsabilidades que los rodean. “Mediante la formación de expedientes penales se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos”, explica el escrito. “La figura de subversión económica” permitió “saquear empresas con colaboración de organismos del Estado”. Era, dice, “un plano formal” al que el régimen dictatorial apelaba cuando “el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”.

Para sistematizar estas conclusiones, Delgado analizó tres expedientes en los que le toca actuar como fiscal y en los que advirtió que hubo analogías: son los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo económico Grassi-Chavanne. En el contexto de esta última causa –a cargo del juez Daniel Rafecas– fue presentado su dictamen, aunque los conceptos valen para todos, e incluso podrían aplicarse a muchos otros casos que recién en los últimos tiempos empezaron a ser comprendidos y juzgados como parte de la participación civil en el terrorismo de Estado.

- 1. Defranco Fantín era dueño de más de 14 empresas. En el rubro editorial tuvo las revistas Tía Vicenta y El Libro Gordo de Petete, pero también fue propietario de las casas de cambio Murillo y Boulogne SA. En febrero de 1980 adquirió 360 mil segundos de publicidad de Canal 13 por 3,4 millones de dólares. El canal era administrado por la Armada (con el capitán de navío Roberto Martínez Christian como interventor), quien incumplió el acuerdo publicitario y habría usado el dinero para cambiar el equipamiento blanco y negro por el de color. Para reclamar, el empresario organizó un almuerzo con la plana mayor de la Armada en el restaurante Harpers, el 10 de julio de 1980. El interventor le echó en cara el encuentro y lo mandó a reunirse con el asesor legal del canal, en teoría para llegar a un arreglo. Mientras transcurría esa reunión, le allanaron sin orden la caja Murillo. Al día siguiente fue citado en una oficina con la excusa de devolverle documentación y allí lo secuestró un grupo de tareas de la Marina.

Doce días después se inició un sumario en la División Bancos de la Policía Federal para justificarla. Se basaba en información anónima que decía que Murillo instrumentaba créditos sin garantía. Defranco Fantín estuvo detenido tres años, veinte días y doce horas (en el último tramo de la dictadura), en una causa por subversión económica que tramitó el entonces juez Eduardo Marquardt. Lo liberaron cuando la Cámara Federal anuló las actuaciones. También estuvieron cautivos varios empleados del grupo. Recién ahora se investiga su secuestro como tal y el vaciamiento de las empresas, donde el juez puso un interventor (Mariano Wechsler) con “contralor amplio de gestión”, mientras el BCRA se ocupó de las financieras, decretando quiebras en el ínterin. Dice la fiscalía que se llevaron las divisas y hasta las monedas de oro de las casas de cambio. En 1988, la Cámara Federal anuló todo lo actuado y el entonces juez Juan Fégoli la declaró prescripta.

- 2. Luis Alberto Oddone era un empresario conocido, dueño, entre otros negocios, del Banco Odonne. Según Delgado, tenía contacto con jerarcas de la dictadura, entre ellos con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Oddone denunció que en febrero de 1980 empezó a recibir presiones como parte de una maniobra de las Fuerzas Armadas para quedarse con su banco, pero también con otros como el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. El método, describía, empezaba con la divulgación de falsos rumores sobre falta de solidez; se generaba desconfianza y había fuga de depósitos, con la consiguiente crisis de liquidez; y en consecuencia se pedían adelantos cada vez más altos al BCRA. El 25 de abril, él mismo pidió la intervención, bajo advertencias del vicepresidente del Central, Alejandro Reynal. Cuatro días después se le inició una causa penal basada en una “denuncia anónima” ante la División Bancos de la Federal. Le atribuían administración clandestina del grupo, autopréstamos e insolvencia.

A fines de abril, el comisario Inanibelli le dijo que tenía orden del BCRA de detenerlo. Oddone fue interrogado a los golpes, contaría después. Al banco se le designó un interventor, Juan Carlos Aste. La entidad no se recuperó, y en agosto de 1980 dispuso la liquidación y pidió la quiebra. Oddone estuvo preso hasta 1982. La Corte confirmó la quiebra en 2005. Delgado insiste con la importancia de tener en cuenta un modo de “proceder” en el terrorismo de Estado. Hasta hoy, 32 años después, continúa la liquidación del banco, en la que Oddone aspira a recuperar algo. Al BCRA la Justicia le negó créditos por 2300 millones (la entidad dice que se usaron para cancelar deudas, y Oddone sostiene que fue la fachada para intervenir su banco). Y hay una causa penal contra funcionarios de ese organismo que está en indagatorias, por la administración irregular del patrimonio del Banco Oddone. Por ejemplo, el alquiler de campos a valores menores a los de mercado y entre conocidos.

- 3. En 1976, el grupo económico Chavanne compró el Banco de Hurlingham al grupo Graiver. Chavanne administró el banco unos meses. El BCRA lo tenía en la mira, ya que vinculaba a los Graiver con Montoneros e impidió en septiembre de 1977 la transferencia del paquete accionario a Chavanne, quien transfirió sus derechos a Industrias Siderúrgicas Grassi. Sin embargo, la empresa y el banco fueron intervenidos por el Ministerio de Justicia y el régimen militar dispuso de ellos como “patrimonio nacional”. En el caso de los Graiver, los bienes fueron interdictados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial. Todo este procedimiento para desapoderar a Chavanne-Gra-ssi estuvo acompañado de la detención de los empresarios (Juan Carlos Chavanne, Marcelo Chavanne y René Carlos Alberto Grassi) en 1978 y otros miembros del grupo con causas iniciadas a partir de órdenes impartidas desde el Primer Cuerpo de Ejército y denuncias impulsadas por la CNV y el BCRA, respaldadas por la fiscalía nacional de investigaciones administrativas. El mote legal era subversión económica e insolvencia, entre otras cosas. La Justicia federal tramitaba los expedientes. En los interrogatorios, dicen las víctimas, hubo integrantes del BCRA y la CNV, que también dicen que el caso era seguido por Martínez de Hoz. Fueron liberados entre 1979 y 1981. En las privaciones de la libertad intervinieron los coroneles Raúl Gatica, Francisco D’Alessandri, y Roberto Roulades, los comandantes de Gendarmería Víctor Rei y Darío Correa, y el agente del inteligencia Raúl Guglielminetti. Entre noviembre y diciembre de 1978, dice la fiscalía, fue cuando el Banco de Hurlingham –intervenido por Alfredo Cassino– recibió los mayores adelantos del BCRA que lo endeudaron. En 1979 se liquidó la entidad y por resolución del vicepresidente del BCRA, Christian Zimmerman, se decretó la quiebra. En 1986, la Cámara Federal destacó las “graves irregularidades”, dice el fiscal, “que presentaba la causa”. La maniobra es investigada hoy por el juez Rafecas.

La estrategia

“Los casos de Odonne, Defranco Fantín y Grassi-Chavanne respondieron a una lógica, una forma de actuar, un modo de ser y hacer que adoptó una forma sintomática de nuestra estatalidad –aquella que subordina lo público a lo privado–. En ella funcionaron mancomunadamente los referentes del gobierno militar pero, también, los referentes del aparato de Justicia afines al régimen y los organismos estatales con vinculación económica fueron los que, en definitiva, terminaron vaciando los grupos económicos. BCRA, CNV, por citar algunos ejemplos recurrentes”, sostiene Delgado. El BCRA, advierte, actuaba como “juez y parte”: reclamaba acreencias y a la vez disponía intervenciones y liquidaciones de bancos.

En el plano de la Justicia, explica el fiscal, se recurrió sistemáticamente a la figura de “subversión económica” que “abarca una multiplicidad de vagas infracciones permeables a una selectividad penal de hecho que opera a favor de los intereses del poder de turno”. Era la forma de dar aspecto de legalidad a la detención de personas “seleccionadas” que no eran “militantes carentes de visibilidad y capital simbólico a los que sencillamente se podía hacer desaparecer”. “La subversión económica, el aparato de Justicia y la intervención societaria constituyen la estrategia por excelencia”, afirma. El próximo paso será ver cuánto de estas definiciones pueden traducirse en responsabilidades penales.