“Desde que desapareció mi papá siempre hemos esperado este momento. Ha sido muy importante la búsqueda, mi mamá ha sido una mujer que no paró nunca de denunciar hasta hoy. Me acuerdo que yo tenía cinco años cuando vino la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y me acuerdo clarito de las filas, muchas mujeres con hijos, acompañadas, tantos años de denuncia... Es removilizante para mí, a nivel personal. Llegó el momento de la reparación, de la verdad, de decirla, de sostenerla, de compartirla con toda la sociedad”, dice Mariana Alvarez García, la hija de Inés Peña, que es una de las referentes del movimiento de derechos humanos en Jujuy, y de Julio Alvarez García, parte de la Juventud Universitaria Peronista, secuestrado durante la fiesta de cumpleaños de su hija, el sábado 21 de agosto de 1976. Su padre es una de las 43 víctimas que integran los casos del primer juicio oral de lesa humanidad que comenzará en la provincia de Jujuy el próximo jueves. El juicio incluirá además los casos del ex intendente de General San Martín Luis Arédez y del dirigente minero Avelino Bazán, secuestrado en 1978. Durante las audiencias y a partir de esos nombres, el debate irá mostrando los vínculos del poder económico y la dictadura: a partir de la historia de Arédez aparece el Ingenio Ledesma y con la de Bazán, la mina El Aguilar, ejes a la vez de otras causas que se investigan.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por René Casas, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin. Los acusados son cuatro, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, por entonces a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército, pero que no estará en las audiencias por razones de salud. Los otros acusados son Antonio Orlando Vargas, ex director del Servicio Penitenciario e interventor desde el 24 de marzo de 1976. Y dos integrantes de los grupos de tareas, los ex oficiales de inteligencia con grado de teniente José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga. Si todo sigue como hasta ahora, Vargas y Braga estarán en la sala de audiencia. La Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración le pidió al tribunal que garantice todas las medidas de seguridad para que lo hagan. Además, la semana pasada y alertada por otros antecedentes, pidió al Cuerpo Médico Forense de la Corte un nuevo informe para chequear el estado de salud de Bulgheroni, porque un primer informe lo eximía de presentarse por razones de salud. El Cuerpo Médico aceptó el pedido y estuvo realizando exámenes durante el fin de semana.

El juicio se hará en la sede del Juzgado Federal Electoral y declararán unos doscientos testigos. Habrá audiencias los días sábados para acelerar un proceso que viene demorado durante años por las causas que mantuvo en estado de parálisis el juez federal subrogante Carlos Olivera Pastor, hasta pocos meses atrás. El juicio reúne “cinco expedientes” unificados. Tres están encabezados por Alvarez García, Arédez y Bazán, y luego hay otros dos: “Aragón, Reynaldo y otros”, cuyas víctimas eran militantes de San Pedro, detenidos en el penal de Villa Gorriti; y la causa “Galean, Paulino y otros”, de un grupo de militantes del PC de Tumbaya, a los que trasladaron del penal de Villa Gorriti al aeropuerto en dos camiones. Un grupo desapareció, el otro volvió a la cárcel.

El primer caso que empezará a escucharse es el del padre de Mariana. Están imputados Menéndez y Braga. Menéndez, como autor mediato del secuestro y homicidio. Y Braga por los mismos cargos como coautor y, en el homicidio, como partícipe necesario. Braga es una de las personas que están identificadas desde el primer momento, caso atípico en medio de la clandestinidad de estas causas. “En el mismo momento que lo secuestran supimos quién era el autor material y a la hora mi familia supo que el que comandaba la patota era Braga –dice Mariana–. Siempre se supo, desde el ’76 lo venimos diciendo, Braga lo secuestró y lo que se busca es al responsable de su secuestro, detención y desaparición.”

La familia pudo ir armando con el tiempo lo que sucedió con Julio. “Muy probablemente lo trasladaron a Tucumán: su nombre aparece en los documentos que aportó Juan Carlos Clemente (uno de los sobrevivientes) y en la lista está con las letras ‘DF’ exactamente, así”, dice, hablando de Disposición Final. Por eso, cuando ella piensa en el juicio, dice que todo el avance es muy importante, “pero hay una partecita que falta: la búsqueda no sólo se agota en las condenas. Lo que no nos dicen es dónde están; dónde están los restos de mi viejo, creo que eso nos daría un alivio total”.