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Aunque tarde, el gobierno bonaerense acaba de advertir que el pool de siembra es un fenómeno demasiado importante como para no prestarle atención. Por ahora, el enfoque de su análisis es puramente tributario. “Existen algunos nichos de carácter más financiero que productivo”, señaló Daniel Scioli en la noche del miércoles frente a representantes de la Mesa Agropecuaria provincial. Los pooles de siembra están en la mira de las autoridades bonaerenses. Los responsables de la política tributaria recibieron instrucciones para estudiar su actual tratamiento impositivo y analizar posibles modificaciones.

Entre los sectores dominantes dentro de organizaciones como Carbap o Sociedad Rural, no son pocos los empresarios ligados al negocio de los “pooles”, ya sea como participantes o arrendándoles los campos a estas organizaciones. Pero a su vez, este tipo de explotación agropecuaria aparece como principal enemigo de los productores cuando se expande como negocio financiero, compite por las tierras o directamente avanza haciendo desaparecer explotaciones de menor rentabilidad, como los tambos.

Los “pooles de siembra” suelen conformarse como fideicomisos financieros en los que cada integrante aporta un determinado capital líquido que queda en manos de un administrador. Este alquilará los campos, contratará los equipos para la siembra y la cosecha, comprará la semilla y venderá el grano producido. Finalmente, le liquidará su parte en las ganancias a cada aportante.

¿Qué pasa con el impuesto a los Ingresos Brutos en este tipo de operación? Si el que aportó el capital es una sociedad agropecuaria, que se asoció con otras similares buscando ganar con la mayor escala de producción, la “ganancia financiera” que obtiene paga Ingresos Brutos. Si el que aportó el capital es un particular, ajeno a la actividad, que simplemente invirtió por razones especulativas, no paga Ingresos brutos. Una de las líneas de intervención de las autoridades de política tributaria de la provincia es asimilar el tratamiento de estos distintos sujetos, buscando que el productor asociado no aparezca en situación desventajosa frente a un especulador.

Otro aspecto de la actividad que se analiza en las oficinas públicas bonaerenses es el pago del impuesto de sellos en los contratos de arrendamiento. Hay evidencias de que muchos contratos no son inscriptos y, en consecuencia, evaden el tributo.

Los pasos a dar están siendo meditados cautelosamente. El propio ministro de Asuntos Agrarios lo admitió: será necesario diferenciar entre asociaciones de pequeños productores en busca de subsistencia, de otros esquemas a gran escala de altísima rentabilidad y no gravada. Las cuatro entidades rurales quieren más que eso: todavía pelean contra el revalúo fiscal a los grandes terratenientes, y resistirán cualquier reforma que afecte sus ganancias, por más elevadas o desiguales que resulten.