Casi diez años pasaron del día en que Mario Pontaquarto se arrepintió y denunció el que sería el caso de corrupción institucional más grande del nuevo siglo en el país. Casi una década después, el arrepentido deberá repetir ante al Tribunal Oral Federal Nº 3 su versión de la historia: que el gobierno radical sobornó en octubre de 2000 a un grupo de senadores peronistas para conseguir la aprobación de la ley de reforma laboral; que él mismo trasladó un maletín con cerca de cinco millones de dólares/pesos provenientes de los fondos reservados de la SIDE a la casa del entonces legislador Emilio Cantarero, para que éste los repartiera entre otros cuatro colegas a cambio de sus votos positivos en el debate de la controvertida norma –derogada unos años después– y que la orden de concretar la operación salió de la boca del entonces presidente de la República, Fernando de la Rúa. El juicio por las coimas en el Senado comenzará finalmente mañana, luego de haber sido postergado en noviembre pasado. Su resolución llegará entre seis meses y un año después, cuando hayan desfilado u ofrecido su testimonio los más de 300 testigos citados.

De la Rúa fue el último ex funcionario procesado en la investigación que cuenta con otros seis acusados: el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique (quien, según denunció Hugo Moyano, le dijo que “para los senadores tengo la Banelco”), el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, y Pontaquarto, quien reveló la operación ilícita ubicándose y ubicando a los mencionados como partícipes activos junto al ex senador radical, por entonces jefe de bancada, José Genoud, y a Cantarero. Genoud se suicidó hace poco más de tres años. Cantarero quedó excluido del juicio por padecer mal de Alzheimer. Entre los que solicitaron sus defensas, los propuestos por la Fiscalía, representada por Sabrina Namer, y los llamados por la querella, a cargo de la directora de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Claudia Sosa, los testigos superan los 300. Muchos de ellos, no obstante, acabarán presentando su declaración por escrito, lo que desde algunos sectores de la causa no ha sido bien visto.

Detalles más, detalles menos, los denunciados por el ex secretario Parlamentario (ver aparte) compartirán una estrategia: debilitar al máximo la credibilidad de Pontaquarto. ¿Por qué? Como se dijo anteriormente, la investigación comienza cuando él abre la boca y es la veracidad de su versión la que la Justicia, en sus diferentes instancias, se dedicó a probar o desmentir. La última palabra, la instrucción del juez Daniel Rafecas concluida hace cinco años, optó por confirmar la revelación.

La línea de tiempo de la causa por sobornos en el Senado comienza a mediados de 2003, cuando Pontaquarto revela su verdad en el semanario político hoy extinto TXT y la repite a mediados de diciembre ante el juez Norberto Oyarbide –en reemplazo provisorio de su par Rodolfo Canicoba Corral– dos años y dos meses después de supuestamente ocurridos los hechos. La causa estuvo paralizada en varias instancias, incluso estuvo a punto de esfumarse y quedar en nada.

Tras dos años de investigación, la Cámara Federal de Apelaciones revocó el fallo de instrucción de Canicoba Corral y retrotrajo todo a foja cero. En 2005, el juez Daniel Rafecas levanta la investigación y en 2007 emite un procesamiento que incluye a De la Rúa y al resto de los que el martes calentarán la banca de los acusados. Desde entonces, medidas cautelares, rechazos, idas y venidas lograron demorar la etapa final del camino hacia el juicio oral. Su concreción contó, incluso, con otra traba en noviembre del año pasado, cuando a horas del arranque el tribunal decidió su suspensión. ¿La razón? Una superposición de causas contra Pontaquarto que, así como llegó, fue rechazada por la Corte Suprema.

La suspensión fue negativa no sólo para la causa, que llega al juicio oral a casi diez años de su inicio y a casi trece del momento en que habría sucedido el delito, sino también, y sobre todo, para el arrepentido. La Cámara de Casación ordenó resolver las causas por viáticos y falsificación de documentación pública, en las que estaba acusado, antes de la de las coimas: tras un juicio abreviado, fue condenado a poco más de dos años de prisión en suspenso. Con ese rasguño sobre su credibilidad llega el arrepentido al juicio, una circunstancia que intentarán aprovechar las defensas del resto de los acusados para cumplir con su estrategia. El equilibrio de Pontaquarto entre su declaración, las preguntas de las partes y la presión de hablar frente al tribunal será todo un desafío.

Fuentes de la investigación definieron la causa como muy difícil, de versiones ofrecidas con cuentagotas y testigos que se miden centímetro a centímetro con los pasos que da cada quien con su declaración. Los acusados –explicaron– juegan con silencios y chicanas que prometen complicar el proceso que afrontará el TOF 3, que viene de las grandes mentiras de la causa AMIA.

En ese sentido, la puesta en el contexto histórico y político en el que sucedieron los hechos es fundamental para probar la versión de Pontaquarto. Gran parte de los más de 300 testigos fueron citados para dar esa batalla, la de la contextualización. Por eso, algunos sectores involucrados en el caso destacan la importancia de que la mayoría de quienes formaron parte de la vida legislativa de aquellos años y experimentaron la puja por la reforma laboral, hoy muchos de ellos activos en la vida política del país, declaren personalmente. En el escritorio del Tribunal existen pedidos de más de una decena de los testigos citados que solicitaron hacerlo por escrito, una situación que, aunque estimada en la legalidad, dista de ser lo ideal. Entre quienes presentaron esa solicitud figuran los diputados Héctor Recalde, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Yoma, los senadores Carlos Menem, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Carlos Verna, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.