Desde Neuquén

El fiscal federal de Neuquén Adrián García Lois pidió la absolución de los dirigentes del gremio docente provincial ATEN Marcelo Guagliardo y Daniel Huth, quienes fueron llevados a juicio ayer acusados de “graves delitos contra la seguridad pública” en un corte de ruta realizado por su sindicato en mayo del 2010. En su alegato final, la querella oficial no acusó a los trabajadores argumentando que “la necesidad social debe ser escuchada (por el gobierno)”. Además de remarcar que “la protesta social es un derecho constitucional”, la fiscalía fue aún más allá afirmando que “no se debe profundizar los conflictos sociales, sino que el Estado debe solucionar esa protesta cuando se produce”. La argumentación fiscal permite prever que serán absueltos el miércoles próximo, cuando se conozca la sentencia.

El fallo –festejado en la calle por la CTA local, el propio ATEN, los ceramistas de Zanon y organizaciones políticas neuquinas– se dio la misma semana que el gobernador Jorge Sapag enfrentó a los gremios estatales que reclaman desde hace meses un aumento salarial, anunciando que su gobierno “acelerará los trámites administrativos de aquellos empleados públicos que corten la ruta”. Ante la respuesta de los gremios anunciando nuevas protestas y posibles cortes de ruta, Sapag se preguntó si con esa “actitud violenta” buscan “desestabilizarlo”. “¿Qué quieren? ¿Hacer un golpe de Estado?”, expresó públicamente el gobernador, y en clara oposición a lo expresado ayer por el fiscal García Lois en el juicio a los docentes acusados, Sapag remarcó que “los cortes de ruta son un delito sancionado por el Código Penal”, remarcando que “además de denunciarlos penalmente, iniciaremos sumarios administrativos a los responsables”.

Este juicio oral y público –inédito en esta provincia por una causa de corte de ruta– no sólo captó la atención política local sino que dirigentes nacionales del sector docente como Roberto Baradel (Suteba) llegaron a Neuquén junto a Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), solidarizándose con el ex secretario general de ATEN Provincial Marcelo Guagliardo y Daniel Huth, actual secretario general de ATEN Seccional Neuquén.

“En la provincia donde todavía no han juzgado al ex gobernador (Jorge) Sobisch por su responsabilidad política en el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba pretenden con este juicio acallar la protesta social. Vinimos a rechazar eso porque se tiene que terminar la complicidad y el esquema represivo del poder político y la justicia. La movilización y la lucha de los trabajadores lo va a lograr”, dijo a Página/12 el secretario general de los docentes bonaerenses.

En el final del juicio, luego del pedido de absolución, Guagliardo pidió la palabra al juez Gustavo Villanueva y expresó que “no sólo estamos de acuerdo con el pedido del fiscal, sino que le digo a usted y a todos que (los docentes neuquinos) vamos a seguir protestando mientras no haya respuesta. Porque no se debe utilizar como recurso la judicialización de la protesta. Ni aquí ni en ningún lado”.

Acompañado en todo momento por la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, el propio Guagliardo dijo a Página/12 que “esto no fue una cuestión personal sino que aquí la acusación fue al colectivo de los docentes neuquinos. Y nuestra absolución es un mensaje muy claro para la clase política: hay que encontrar solución al conflicto social que no debe pasar ni judicializándolo ni reprimiendo”. “Se deben conseguir respuestas políticas para los conflictos en la educación, la salud, la vivienda y el derecho al medio ambiente sano”, destacó Guagliardo.

En materia de judicialización de la protesta, Neuquén es record y está primera en todo el país: un informe de la Justicia neuquina, a la cual tuvo acceso este diario, revela que son más de 1400 las causas relacionadas con protestas sociales. Desde el 2008 se iniciaron 281 causas por corte de ruta y 1100 por delitos catalogados como de “usurpación”. Justamente hace una semana el diputado obrero ceramista Alejandro López (FIT) presentó en la Legislatura un proyecto de ley donde solicita “el desprocesamiento y anulación de todas las causas a los luchadores populares”.