El fiscal Federico Delgado pidió agravar los procesamientos que dictó el juez federal Claudio Bonadío contra los ex funcionarios implicados en la tragedia de Once y consideró que el maquinista Marcos Antonio Córdoba, quien había sido sobreseído, tiene responsabilidad penal en el accidente donde murieron 51 personas. Así lo planteó en la apelación , donde dice que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Guillermo Luna y el ex interventor de la CNRT Pedro Ochoa Romero deben ser considerados parte de la asociación ilícita por la que el juez acusó a los directivos de TBA, con Claudio y Mario Cirigliano como jefes.

Los ex funcionarios quedaron procesados el viernes último por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, por no ejercer controles. Delgado coincidió con Bonadío en que el Grupo Cirigliano “explotó un servicio público subsidiado por el Estado, pero utilizó esos subsidios para otros emprendimientos comerciales sin cumplir el contrato de concesión”, poniendo en riesgo el servicio y la vida de los pasajeros. Sostuvo que de parte de los funcionarios “hay complicidad y no un mero incumplimiento”. Contribuyeron, dijo, a “crear el riesgo que produjo el resultado”, el accidente. También pidió que sea procesado Antonio Sícaro, sucesor de Ochoa Romero, quien había sido desvinculado.

En relación con el maquinista Córdoba dijo que él mismo reconoció “su responsabilidad” en “el descarrilamiento”, “y ni siquiera él la negó (...) en su indagatoria (...) allí reconoció que violó un deber de cuidado a la hora de no parar una formación que no funcionaba correctamente”. Pidió otros ocho procesamientos de directivos de TBA.