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Las dos Cámaras del Congreso trabajaron a todo vapor, en el comienzo del sprint final de un año mucho más productivo que los anteriores. El oficialismo hace valer su mayoría ganada en las urnas, a diferencia de lo que produjo el apodado Grupo A en sus años de preminencia. Mejor así, opina este cronista, el bloqueo mutuo no es un gran escenario democrático. A quienes no lo crean se les aconseja leer los desempeños del Consejo de la Magistratura.

El voto a los jóvenes de más de 16 años es, en buena hora, ley, aunque esa iniciativa habría merecido un voto pluripartidista y más rotundo que el que obtuvo. Lo frustró el final de la sesión, que incluyó la acusación de “narcosocialismo” realizada por el diputado oficialista Andrés Larroque y la retirada en masa de la oposición, más allá de algunas discusiones internas (ver nota central). El incidente, además, le agregó suspenso a una votación que pintaba amplia y definida.

La reforma tiene como antecedentes proyectos de legisladores de casi todas las banderías políticas. Las divisiones no se debieron, pues, a diferencias ideológicas sustantivas. Tributan más al afán opositor de enfrentar como regla las iniciativas del kirchnerismo. O a atribuir más importancia a qué hipotéticas ventajas busca obtener el oficialismo que a la entidad, validez o pertinencia de las normas en cuestión.

Buena parte del espectro opositor llegó dividido al recinto de Diputados. No pudieron articular una postura unificada, toda una señal acerca de su actual estado de asamblea y de falta de liderazgos. Solo los aglutina la bronca contra el oficialismo, como se comprobó en su retirada de la sesión. Las dificultades generales reflejan la atonía y división de la Unión Cívica Radical (UCR), cuya tradición hace un culto de la organicidad. Allende las diferencias, algo similar pasa en el Frente Amplio Progresista (FAP), una coalición reciente que creció con la candidatura presidencial de Hermes Binner. La unidad electoral fue fructífera entonces para todos los integrantes. Un año después, cada cual atiende su propio juego, sin reconocer al socialismo la conducción del conjunto. Ese cuadro puede repetirse en 2013, cuando haya que formar listas y renovar bancas y es uno de los desafíos–riesgos de quien salió segundo en las elecciones del año pasado.

Las críticas al voto joven fueron surtidas y, en promedio, endebles. Una de ellas es que la ampliación de derechos se reconoce a quien no es mayor de edad. Se soslaya que así fue durante casi toda la historia democrática nacional: desde que se sancionó la Ley Sáenz Peña hasta hace poquitos años la mayoría de edad llegaba a los 21 años y el derecho al sufragio a los 18. Ahora bajaron las dos varas, nada para indignarse.

Las hipótesis sobre un virtual voto cautivo de los pibes empoderados desconoce la lógica de la democracia tanto como la versatilidad e independencia de juicio de los flamantes electores. Las elecciones en centros de estudiantes secundarios y universitarios dan una buena pista: sugieren que el kirchnerismo no tiene asegurado el aval en las urnas de los Sub 18. Deberá remar para lograrlo. Claro que aspira a ganar su aprobación ampliando sus derechos, pero eso no es la negación de la democracia, sino uno de sus ingredientes más sabrosos. Muchos dirigentes y partidos de izquierda captaron esa perspectiva, que se le chispoteó a un sector de los radicales, al peronismo de derecha y al PRO.

Otro mito, enganchado al anterior, es el que fantasea con un aluvión que descompense las tendencias generales. No hay elementos empíricos que alienten la tesis de que los Sub 18 se aparten taaanto de la tendencia general, en especial la de su generación. Por añadidura, este diario publicó tiempo atrás un cálculo simulatorio realizado por una experta en la materia que concluía que, para mover el amperímetro en Capital, el apoyo juvenil a un partido debía ser casi unánime. La nota se titula “Matemática y voto para todos” y está a mano en www.pagina12.com.ar/ diario/elpais/.../1-60396-2012-09-09.html.

El corrimiento de la frontera es, pues, bienvenido. Luego, en la cancha se verán los pingos. El encrespado último tramo afeó una sesión que, con el tiempo, podría ser histórica.

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Todos los que vienen a habitar: El voto a inmigrantes con años de residencia venía en combo con el reconocido a los menores, sus caminos se bifurcaron. Hubo motivos de buena praxis legislativa, son dos casos distintos entre otros motivos porque el padrón de extranjeros es de más difícil elaboración. Confluyeron razones tácticas, ya que el consenso general con este caso es menor que con el otro. De cualquier modo, el oficialismo no ha desamparado la movida, asimismo encomiable. Los senadores oficialistas confían en darle entrada al proyecto respectivo en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales.

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Saltum, saltum, saltum pequeña langosta: El Senado aprobó el proyecto de reglamentación del per saltum, que derivará a Diputados en pos de una rápida aprobación que se da por hecha. El tablero electrónico mostró una mayoría holgada para el oficialismo: 43 a 26. El decibelímetro arrojó marcas más parejas, altas para ambos sectores. El debate previo y el de ayer fueron acalorados, con un ambiente calefaccionado por el inminente 7D.

También abundan proyectos de bancadas variopintas sobre el instituto, la polémica se enardece por su posible uso táctico e inmediato. El per saltum produce evocaciones desoladoras por la manera en que lo manejó el menemismo. La oposición alerta sobre un revival, el oficialismo aduce que el mundo cambió.

La medida permite que en casos de “gravedad institucional” expedientes judiciales salteen una instancia (la segunda, la de apelación ante la Cámara) y pasen a la Corte Suprema para evitar dilaciones disfuncionales. La decisión sobre la admisibilidad de los reclamos recae en la Corte, la ley no le impone (no podría hacerlo) qué es “gravedad institucional” o una lista taxativa de casos que salten la valla. O sea, resuelve el Poder Judicial, lo que no excluye que la norma hoy y aquí le marque la cancha.

Los integrantes de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti en especial, refunfuñan contra la oportunidad de la ley. La baja reputación de la institución entre sectores informados de la opinión pública se suma a sus críticas en voz baja.

Otro aspecto que les preocupa es, en sustancia, de sobrecarga de trabajo. Abrir ese recurso significará que haya muchos litigantes que traten de apurar el paso hacia la Corte. No solo lo hará el Estado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si así lo marcan las circunstancias. Sin ironizar ni un poquito, bien podría hacerlo Hugo Moyano en su demanda por ser reconocido auténtico titular de la Confederación General del Trabajo.

La Corte deberá analizar pilones de expedientes, imaginan con lógica en el cuatro piso del Palacio de Tribunales. E ir elaborando una jurisprudencia que regule y desaliente el uso indiscriminado del per saltum. La decisión compete al Tribunal, es (de cajón) irrevisible. O sea que la ley puede considerarse un gesto de presión pero no una injerencia del Legislativo o el Ejecutivo en el Poder Judicial.

Tampoco es fundada la alegada inconstitucionalidad del proyecto de ley, por vulnerar la garantía de la doble instancia. Eso podría ser razonable si la Corte Suprema tomara expedientes antes del fallo de Primera Instancia (en jerga se llama “avocamiento”). Pero como hay un fallo inicial y el máximo Tribunal debe sentenciar en los expedientes que eleve (no puede rebotarlos por formalismos, como ocurre en otros recursos) la doble instancia está garantizada.

Es difícil exagerar cuan antagónico es el contexto en el Consejo de la Magistratura y, en cierta dosis, en el Poder Judicial. Jueces que se recusan, otros que militan como Ricardo Recondo, otros que dan pasos al costado, alguno que se victimiza. Un buen ejemplo es el camarista Martín Farrell, quien el martes renunció a la subrogación que ejercía. Farrell goza de la generosa jubilación de los Magistrados, fue convocado por la Cámara de su Fuero para cubrir una vacancia. Es floja praxis que un jubilado, exento de la responsabilidad del juicio político, ocupe un sitial estratégico. Y, comentan avezados colegas suyos, tampoco es ideal que vuelva al ruedo, cuando está a mil por hora un conflicto entre el Gobierno y la más grande corporación de Medios. Hay presiones cruzadas, como destacó Lorenzetti sin que Clarín registrara la mitad que le corresponde. Y los jueces, que gozan de amplia estabilidad, deben tener espalda para ejercer su competencia. Farrell, susurran en el primer nivel de la Corte, fue cambiando de parecer día a día. Eso sí, mantuvo una línea de conducta que fue victimizarse y culpar a otros. Tan es así que el habitualmente medido Lorenzetti lo citó ayer a su despacho para decirle que la misión del juez es juzgar y no escudarse en la conducta de terceros para omitir su principal deber: instar los trámites y juzgar. No explicar por qué no lo hace.

Peguemos un brinco, volviendo al per saltum. La ley es una jugada táctica, en una coyuntura en que se juega fuerte. Pero respeta garantías, incluyendo la división de poderes y busca que causas de gran relevancia no se eternicen. En promedio, es razonable. La Corte tendrá la última palabra. Se le agregan laburo y presión, pero tiene manos libres y poder para decidir.

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La lucha continúa: El Senado aprobó en forma unánime (como lo hicieran antes todos los cancilleres de la recuperación democrática) una resolución repudiando la retención injusta de la Fragata Libertad en Ghana, por pedido de fondos buitre. Hay, pues, saludables treguas para reconocer objetivos comunes, lo que no obsta a que la oposición pueda cuestionar el accionar del Ejecutivo.

Al cierre de esta nota, cerca de la medianoche del miércoles, el Senado se acercaba a aprobar, mientras la ciudad duerme, el Presupuesto Nacional.

El trajín parlamentario seguirá, al vaivén de la agenda de un oficialismo hiperactivo. Si se lo mira en detalle, el conjunto de kirchneristas y aliados es más chico que al comenzar el año legislativo. Pero, por lo visto, le alcanza.

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