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“Yo, como feminista, pienso que un mundo donde el aborto no fuera necesario sería fantástico. Pero no tenemos ese mundo. Hay mujeres que necesitan una intervención médica y no tienen acceso a tenerla. Es triste y además es una violación de las obligaciones del Estado argentino en términos de derechos humanos”, advirtió la danesa Marianne Mollmann, asesora principal del Programa de derecho y políticas de Amnistía Internacional, en una entrevista con Página/12. Y consideró que el Gobierno “debería repensar este tema para cuidar su imagen como un país que se toma en serio los derechos humanos”.

Mollmann encabezó una misión de tres días al país de la sede de Londres para expresar la preocupación de la entidad por la falta de avances en el debate por la despenalización del aborto. “Hace ya un año que no se habla más del tema”, lamentó, en una entrevista con Página/12. Durante su paso por Buenos Aires se reunió con diputados y diputadas de distintos bloques y con ONG que promueven la legalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación (ver aparte). Es el quinto o sexto viaje que realiza al país. Una de las primeras veces hizo una profunda investigación que quedó plasmada en el informe “Decisión Prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina”, que se publicó en 2005. En aquel momento se desempeñaba en Human Rights Watch. Mollmann fue además la primera experta internacional invitada para exponer en una serie de audiencias públicas convocadas en 2010 en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para hablar sobre el drama del aborto y dio contundentes argumentos jurídicos, de salud pública y derechos humanos para despenalizar esa práctica médica.

–¿Cómo analiza la situación actual en torno del aborto?

–Estoy viendo una falta de voluntad política para avanzar con el fallo de la Corte Suprema de marzo, donde dijo que se tiene que regular el aborto no punible. Pero también una falta de avances en el Congreso. Cuando estuve acá, hace dos años, el Congreso se comprometió a avanzar en el debate para una despenalización plena, para que todas las mujeres puedan acceder a un aborto. No he visto avances.

–Las encuestas de opinión pública muestran un apoyo mayoritario a favor de la despenalización del aborto. ¿Por qué piensa que los legisladores no promueven el debate?

–Es una pregunta que hay que hacerles a los legisladores. Creo que les da miedo. A pesar de que todo el mundo conoce por lo menos a una mujer que ha tenido un aborto, les da miedo hablar del tema de viva voz. Tiene que ver con esa falsa dicotomía entre los “pro-aborto” y los “anti-aborto”. No conozco a nadie que sea “pro-aborto”. Yo, como feminista, pienso que un mundo donde el aborto no fuera necesario sería fantástico. Pero no tenemos ese mundo. Hay mujeres que necesitan una intervención médica y no tienen acceso a tenerla. Es triste y además es una violación de las obligaciones del Estado argentino en términos de derechos humanos.

–¿Le sorprende que en Argentina se haya avanzado en la ampliación de derechos de minorías sexuales con leyes como la de matrimonio igualitario e identidad de género pero todavía no se pueda discutir sobre el aborto?

–Esa falta de coherencia se ve en todas partes. Los políticos avanzan en lo que creen que les va a dar algo más de poder. Se utiliza en muchos casos el chip del aborto para pagar favores políticos. Lo hemos visto en Nicaragua, Brasil, Perú, Estados Unidos y acá también. Las mujeres, sobre todo las pobres, que son las que mueren como consecuencia de la penalización del aborto, no tiene poder político. Entonces es un chip barato.

–¿Qué favores se pagan silenciando el debate por el aborto?

–Muchas veces la voz de la Iglesia Católica, que en este país es fuerte. La Iglesia tiene todo el derecho del mundo de decir lo que quiera sobre el aborto, pero los políticos, el gobierno argentino, tienen el derecho –y la obligación– de proveer los servicios necesarios de salud. No se puede pagar la opinión de los que tienen derechos de tener su opinión con algo que es un derecho.

–Días atrás en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, varios países le llamaron la atención a la Argentina por las consecuencias en la salud y la vida de mujeres de la criminalización del aborto.

–Esa podría ser una interpretación. Creo que el Gobierno sólo entiende alguna parte de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, como el acceso a los anticonceptivos, a la información, a la educación sexual. Estos son avances que he visto desde la primera vez que vine a la Argentina. El problema es con el aborto y con la falta de valoración de la vida de las mujeres pobres. No se ve el aborto como un derecho. Y el aborto es una intervención médica necesaria para algunas mujeres. No se puede ver separado de las demás intervenciones sobre salud sexual y reproductiva. Con respecto al Consejo de Derechos Humanos, es notable que tantos países le hayan llamado la atención a la Argentina como miembro de ese organismo. El Gobierno debería repensar este tema para cuidar su imagen como un país que se toma en serio los derechos humanos. Esa también es su obligación como parte del Consejo de Derechos Humanos y no lo hacen si no ven al aborto como parte de los servicios de salud que se deben proveer.

–Muchas legisladoras y legisladores en privado defienden la despenalización, pero no lo hacen en ámbitos públicos. ¿Desde qué posición podrían argumentar para no sentirse incómodos frente al tema?

–El mejor argumento para defender la despenalización es que no funciona la criminalización. El 40 por ciento de los embarazos termina en aborto, según cifras oficiales. Aunque esté penalizado en la mayoría de los casos, las mujeres igual abortan. Eso significa que no funciona para impedir esa práctica. Como funcionarios públicos tendrían que pensar cuál es el resultado que quieren obtener. El resultado, para mí, es bajar las muertes maternas y el número de embarazos que no son deseados. Eso no se logra con la penalización del aborto. Se consigue con el acceso a anticonceptivos, con tomar en serio la violencia sexual en los matrimonios y en las relaciones sexuales, con educación sexual. Es un paquete que funciona. Hay que correrse de la discusión ética de si yo tendría o no un aborto y pasar a pensar qué políticas van a permitir obtener el resultado que busco.

–¿Cómo analiza la sanción de la ley en Uruguay?

–Reguló el acceso al aborto en el primer trimestre. Lo llaman una despenalización. Es cierto que quita penas para las mujeres que cumplen con ciertos requisitos. Pero, analizando los requisitos, podemos decir que son discriminatorios. Se van a poner en la historia clínica todas las razones por las cuales las mujeres buscan la intervención, lo mismo que ahora se debe hacer en la ciudad de Buenos Aires (luego de que el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetara una ley de la Legislatura). Lo cual no se hace con ninguna otra intervención médica. Se requiere además que la mujer pase por un panel de médicos y otros profesionales y que se tome un período de reflexión, igual que en el ámbito porteño. Estos requisitos no corresponden con un acceso pleno para las mujeres, cuando se trata de una intervención que no se puede tener en cualquier momento, los tiempos en un embarazo corren. La mujer que pide un aborto ya ha pensado esa decisión. No se lo toma a la ligera. No dice “creo que quiero un aborto y necesito cinco días para pensarlo”. Es difícil tomar esa decisión, y es difícil para la mujer llegar a un médico que sabe que la va a retar. Decirle que tiene que reflexionar en un insulto. Además, puede suponer otras trabas para las mujeres que tienen que viajar o tomarse tiempo en el trabajo para ir hasta el hospital. Es un costo adicional que no corresponde.

–Cuando en marzo la Corte Suprema sacó su fallo sobre aborto no punible, se pensó que la controversia quedaba saldada y se allanaba el acceso en casos de violación. Sin embargo, varias jurisdicciones como Salta y la ciudad de Buenos Aires implementaron protocolos de atención restrictivos. Y grupos católicos están objetando las regulaciones en la Justicia. ¿Este movimiento se observa en otros países de la región?

–Sí, estas acciones son una constante en la región. Pero yo soy optimista. Si pensamos a largo plazo, si pensamos dónde estábamos hace veinte años y dónde hoy en materia de derechos sexuales y reproductivos y puntualmente en relación con la posibilidad de las mujeres a decidir sobre su embarazo, yo creo que hemos avanzado.

–La Iglesia Católica y grupos conservadores se oponen incluso al aborto en casos de violación. Hablan de defender dos vidas, la de la mujer y la del feto. ¿Qué dice frente a ese tipo de afirmaciones?

–En el derecho internacional de los derechos humanos el feto no tiene derecho a la vida. Los derechos humanos empiezan cuando nace un ser humano. Ahí empieza la protección de los derechos humanos. Esa respuesta es irrelevante para el debate. Lo que es relevante es qué objetivos tienen esos grupos, si sus objetivos son genuinos. Bajar el número de abortos es un objetivo genuino. Si quieren bajar el número de abortos, está claro que con la penalización no se logra. Con lo cual su posición hace aguas.